Correos continúa expandiendo los servicios que puede ofrecer al ciudadano y, a partir de ahora y a través de sus oficinas, reforzará su papel como ventanilla única de la Administración General del Estado y ofrecerá próximamente la posibilidad de adquirir deuda pública y obtener el certificado digital. Ambas gestiones administrativas serán posibles gracias al contrato-programa plurianual, en vigor hasta 2030 y aprobado por el Consejo de Ministros en su última reunión de este pasado martes.
El programa concreta las condiciones de prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignados a Correos y garantiza la financiación de los servicios del Servicio Postal Universal (250 millones de euros) y el desarrollo de los nuevos servicios de interés general (150 millones), según informa Efe.
Las atribuciones dadas a Correos, ha comunicado la empresa, abarcan la accesibilidad a las comunicaciones postales, a los servicios financieros básicos y a los servicios administrativos, así como su puesta a disposición del Estado de los medios personales y materiales en situaciones de seguridad o emergencia.
Correos ya presta algunos de estos servicios, como la gestión material de los procedimientos habilitados para la regularización de inmigrantes, la aceptación de solicitudes administrativas y su posterior transmisión a la Administración o la retirada e ingreso de efectivo a través de Correos Cash.
Correos señala que estas nuevas medidas contribuirán de forma decisiva a la cohesión territorial, económica y social, así como a la sostenibilidad y al bienestar público, reforzando su misión de servicio público, tal y como está previsto en su Plan Estratégico 2024-2028.
Para el presidente de Correos, Pedro Saura, este contrato es un “hecho histórico” en los más de 300 años de la empresa, con el que el Gobierno “vuelve a señalar el carácter estratégico que tiene para España la red de Correos”.
Tras afirmar que esta diversificación “ayudará sólo en parte a compensar la caída de los ingresos del sector postal”, Saura ha abogado por “desplegar servicios de alto valor añadido para la sociedad, más allá de la entrega de cartas, activando plenamente el potencial de una red que, por su presencia territorial, constituye un activo estratégico para la Administración General del Estado”.
El sindicato UGT ha recordado que este programa tiene una dotación de 806 millones en el periodo 2026-2030 y opina en un comunicado que “debe aportar las capacidades y recursos necesarios para que Correos esté en posición de afrontar los retos y desafíos sociales, económicos y tecnológicos” del siglo XXI.
El sindicato CC OO ha definido en una nota que el acuerdo de gobierno sobre Correos representan una “apuesta decidida por el fortalecimiento” del servicio público postal y por el papel que debe desempeñar en la vertebración social y territorial del país.
No obstante, este sindicato considera que este nuevo escenario “debe de tener también una traducción efectiva en el ámbito laboral en el que el presidente de la compañía atesora un récord en los incumplimientos laborales con la plantilla”. Exige un “avance inmediato” en las medidas comprometidas para la mejora de las condiciones laborales y salariales de la plantilla, entre ellas la implantación del plan de incentivos; las 35 horas semanales; la reducción de la parcialidad y la temporalidad; o la mejora de la carrera profesional.
La aprobación del contrato-programa da continuidad al acuerdo entre los sindicatos mayoritarios, la empresa postal y la SEPI, de julio de 2024, para un nuevo modelo de servicios y una inversión de 3.000 millones; así como la aprobación con el apoyo del PP, en julio de 2025, de la ley postal que amplió las capacidades y las misiones de servicio público de Correos.
Correos continúa expandiendo los servicios que puede ofrecer al ciudadano y, a partir de ahora y a través de sus oficinas, reforzará su papel como ventanilla única de la Administración General del Estado y ofrecerá próximamente la posibilidad de adquirir deuda pública y obtener el certificado digital. Ambas gestiones administrativas serán posibles gracias al contrato-programa plurianual, en vigor hasta 2030 y aprobado por el Consejo de Ministros en su última reunión de este pasado martes.. Seguir leyendo
