El mismo día que el Tribunal Supremo descarta elevar a la Justicia europea la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno, el Partido Popular abre un nuevo frente en el Congreso de los Diputados para fiscalizar la acción del Ejecutivo durante el proceso. En concreto, reclaman la comparecencia de los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Interior y exigen explicaciones detalladas al Ejecutivo con una batería de preguntas sobre el impacto del procedimiento en la seguridad, en los servicios públicos, en la vivienda y en la población por provincias. La ofensiva parlamentaria también incluye una proposición no de ley para garantizar la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en nuestro país.. El PP denuncia que la regularización masiva de inmigrantes que arrancó el pasado 16 de abril ha estado marcada «desde su inicio por la improvisación, la falta de planificación y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes». Ello lo sustentan con las «imágenes de largas colas» que se vieron durante el periodo de presentación de solicitudes que finalizó el pasado 1 de julio y por la falta de «datos oficiales completos y actualizados sobre el número de solicitudes, su distribución territorial y el impacto de la medida sobre la Administración y los servicios públicos».. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ya alertó de la presión sobre los servicios públicos que supone el incremento de la población que está produciéndose durante los últimos años por los inmigrantes regularizados y la concesión de la nacionalidad. Ahora, el Grupo Parlamentario Popular pregunta directamente al Ejecutivo sobre «qué valoración hace sobre la relación entre la saturación de recursos públicos locales y la concentración de población migrante en determinadas zonas urbanas», así como las estimaciones que maneja de dicho impacto en el corto y medio plazo en los ámbitos sanitario, educativo, asistencial, de vivienda, empleo y protección social.. Otra de las críticas que viene realizando el PP sobre el proceso de regularización es la falta de control sobre las personas con problemas legales, por lo que a través de la más de un veintena de preguntas reclaman conocer la solicitudes que se han rechazado porque los solicitantes contaban con antecedentes penales y cuántas de las presentadas corresponden a personas con antecedentes policiales, especificando cuántas de ellas han sido admitidas, denegadas o permanecen pendientes de resolución. Sobre la repercusión en la seguridad también preguntan por la cantidad de las órdenes de expulsión, devoluciones o procedimientos de retorno han sido suspendidos «como consecuencia de la presentación de una solicitud de regularización extraordinaria»; y por cuántas personas han presentado expedientes desde centros penitenciarios españoles.. El principal partido de la oposición también pone el foco en la falsedad documental y exige información al Gobierno. En concreto, cuántas denuncias se han registrado relacionadas con la falsedad documental, empadronamientos fraudulentos o certificados falsos vinculados a procedimientos de extranjería entre 2024 y 2026 y cuántas autorizaciones de residencia y trabajo de corta duración o, en su caso, expedientes derivados del proceso de regularización extraordinaria han sido revocados o archivados «por detectarse documentación falsa o datos fraudulentos aportados por los solicitantes». También reclaman las actuaciones específicas realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los últimos cuatro años contra redes dedicadas al fraude documental para extranjeros en situación irregular.. La ofensiva parlamentaria del PP se completa con la solicitud de comparecencia de Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska; la primera en la comisión correspondiente y el segundo en una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso convocada por la Diputación Permanente. Mientras que a Saiz le preguntan por el desarrollo del proceso, las incidencias y el impacto sobre los servicios públicos, la red consular, el sistema de protección internacional y la seguridad nacional; a Marlaska le reprochan el baile de cifras y la «falta de previsión». La estimación del Gobierno apuntaba a 500.000 personas pero finalizado el plazo de solicitudes, se han superado los 1,2 millones, «cifras que en cambio coinciden con las estimaciones policiales y que fueron despreciadas por el Gobierno», reprocha.. Por último, el PP busca un posicionamiento de la Cámara Baja sobre el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, para lo que ha registrado una proposición no de ley. La iniciativa insta al Gobierno a «tramitar, con carácter urgente, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias» para completar la adaptación del pacto al ordenamiento jurídico español. También reclaman al Ejecutivo que remita a las Cortes un informe detallado sobre el grado de ejecución de dicho plan y exigen «reforzar de manera inmediata» los recursos destinados a su aplicación. El último de los puntos del texto insta al Gobierno a «votar a favor del Acuerdo Provisional sobre el Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, y garantizar su aplicación efectiva desde el momento de su entrada en vigor».
Los populares reclaman la comparecencia de Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska para que informen sobre la «falta de previsión del Gobierno» en el proceso de regularización y presentan una batería de preguntas con la que exigen detalles.
El mismo día que el Tribunal Supremo descarta elevar a la Justicia europea la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno, el Partido Popular abre un nuevo frente en el Congreso de los Diputados para fiscalizar la acción del Ejecutivo durante el proceso. En concreto, reclaman la comparecencia de los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Interior y exigen explicaciones detalladas al Ejecutivo con una batería de preguntas sobre el impacto del procedimiento en la seguridad, en los servicios públicos, en la vivienda y en la población por provincias. La ofensiva parlamentaria también incluye una proposición no de ley para garantizar la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en nuestro país.. El PP denuncia que la regularización masiva de inmigrantes que arrancó el pasado 16 de abril ha estado marcada «desde su inicio por la improvisación, la falta de planificación y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes». Ello lo sustentan con las «imágenes de largas colas» que se vieron durante el periodo de presentación de solicitudes que finalizó el pasado 1 de julio y por la falta de «datos oficiales completos y actualizados sobre el número de solicitudes, su distribución territorial y el impacto de la medida sobre la Administración y los servicios públicos».. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ya alertó de la presión sobre los servicios públicos que supone el incremento de la población que está produciéndose durante los últimos años por los inmigrantes regularizados y la concesión de la nacionalidad. Ahora, el Grupo Parlamentario Popular pregunta directamente al Ejecutivo sobre «qué valoración hace sobre la relación entre la saturación de recursos públicos locales y la concentración de población migrante en determinadas zonas urbanas», así como las estimaciones que maneja de dicho impacto en el corto y medio plazo en los ámbitos sanitario, educativo, asistencial, de vivienda, empleo y protección social.. Otra de las críticas que viene realizando el PP sobre el proceso de regularización es la falta de control sobre las personas con problemas legales, por lo que a través de la más de un veintena de preguntas reclaman conocer la solicitudes que se han rechazado porque los solicitantes contaban con antecedentes penales y cuántas de las presentadas corresponden a personas con antecedentes policiales, especificando cuántas de ellas han sido admitidas, denegadas o permanecen pendientes de resolución. Sobre la repercusión en la seguridad también preguntan por la cantidad de las órdenes de expulsión, devoluciones o procedimientos de retorno han sido suspendidos «como consecuencia de la presentación de una solicitud de regularización extraordinaria»; y por cuántas personas han presentado expedientes desde centros penitenciarios españoles.. El principal partido de la oposición también pone el foco en la falsedad documental y exige información al Gobierno. En concreto, cuántas denuncias se han registrado relacionadas con la falsedad documental, empadronamientos fraudulentos o certificados falsos vinculados a procedimientos de extranjería entre 2024 y 2026 y cuántas autorizaciones de residencia y trabajo de corta duración o, en su caso, expedientes derivados del proceso de regularización extraordinaria han sido revocados o archivados «por detectarse documentación falsa o datos fraudulentos aportados por los solicitantes». También reclaman las actuaciones específicas realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los últimos cuatro años contra redes dedicadas al fraude documental para extranjeros en situación irregular.. La ofensiva parlamentaria del PP se completa con la solicitud de comparecencia de Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska; la primera en la comisión correspondiente y el segundo en una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso convocada por la Diputación Permanente. Mientras que a Saiz le preguntan por el desarrollo del proceso, las incidencias y el impacto sobre los servicios públicos, la red consular, el sistema de protección internacional y la seguridad nacional; a Marlaska le reprochan el baile de cifras y la «falta de previsión». La estimación del Gobierno apuntaba a 500.000 personas pero finalizado el plazo de solicitudes, se han superado los 1,2 millones, «cifras que en cambio coinciden con las estimaciones policiales y que fueron despreciadas por el Gobierno», reprocha.. Por último, el PP busca un posicionamiento de la Cámara Baja sobre el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, para lo que ha registrado una proposición no de ley. La iniciativa insta al Gobierno a «tramitar, con carácter urgente, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias» para completar la adaptación del pacto al ordenamiento jurídico español. También reclaman al Ejecutivo que remita a las Cortes un informe detallado sobre el grado de ejecución de dicho plan y exigen «reforzar de manera inmediata» los recursos destinados a su aplicación. El último de los puntos del texto insta al Gobierno a «votar a favor del Acuerdo Provisional sobre el Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, y garantizar su aplicación efectiva desde el momento de su entrada en vigor».
