El Gobierno activará este martes las ayudas previstas por ley para las viviendas, negocios, explotaciones agrarias y ayuntamientos afectados por los incendios forestales, mediante la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de los territorios damnificados. Aunque el Consejo de Ministros concretará en su última reunión ordinaria del curso el perímetro definitivo, la medida alcanzará previsiblemente a las localidades afectadas por el gran incendio que se extiende por Ávila, Madrid y Toledo, donde cerca de 90.000 personas han sido evacuadas o confinadas en 47 municipios, aunque también podría ampliarse a Castellón, donde el fuego ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas en 18 municipios.. La antes conocida como declaración de zona catastrófica permite al Consejo de Ministros activar un conjunto de ayudas y medidas destinadas a paliar los daños y recuperar la normalidad en los territorios afectados. Las cuantías básicas siguen siendo, sin embargo, las fijadas en un decreto aprobado hace más de veinte años, en 2005, y que no ha actualizado sus importes desde entonces. Ese marco contempla ayudas de hasta 15.120 euros por la destrucción total de la vivienda habitual; un máximo de 10.320 euros por daños estructurales; hasta 5.160 euros por desperfectos en otros elementos del inmueble; y 2.580 euros para reponer enseres de primera necesidad. En las grandes catástrofes, no obstante, el Gobierno suele complementar este catálogo ordinario con paquetes adicionales y líneas específicas para aumentar las compensaciones o atender a sectores concretos.. La activación del mecanismo ordinario también contempla ayudas de 18.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad permanente, así como subvenciones de hasta 9.224 euros para comunidades de propietarios y establecimientos industriales, comerciales, turísticos o de servicios con una plantilla de hasta 50 trabajadores. Su concesión, en cualquier caso, no será automática: los afectados deberán presentar una solicitud, acreditar los daños sufridos y cumplir los requisitos previstos para cada línea. En el caso de las viviendas, además, las cuantías estarán condicionadas por los ingresos de la unidad familiar.. Además, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha avanzado que aprobará una nueva prestación financiada por el Estado para proteger a los trabajadores y empresas afectados por incendios y otras emergencias climáticas extremas. La medida formará parte de un paquete laboral que entrará en vigor este miércoles y que pretende evitar que el coste de estas situaciones recaiga únicamente sobre empleados y empresas.. Entre las medidas anunciadas figura la ampliación de cinco a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar, así como un nuevo permiso para aquellos trabajadores que hayan sido evacuados, hayan perdido su vivienda o permanezcan alojados provisionalmente en instalaciones como polideportivos, aunque sus centros de trabajo continúen funcionando con normalidad. El objetivo es que puedan atender las consecuencias personales y materiales de la emergencia sin perder ingresos ni verse obligados a reincorporarse de inmediato.. El Consejo de Ministros también aprobará este martes la creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, un órgano asesor integrado por investigadores que tendrá como misión anticipar riesgos, evaluar las políticas públicas y orientar la toma de decisiones ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargado de anunciarlo, también ha avanzado la inversión de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios climáticos, entre los que incluye centros educativos. Así como una partida de 9 millones de euros para desarrollar y consolidar infraestructuras verdes, impulsar la renaturalización urbana y mejorar la adaptación de las ciudades a la transición ecológica.. Precisamente, este martes está previsto el habitual balance de fin de curso político de Sánchez, una comparecencia que el presidente suele utilizar para reivindicar la acción del Ejecutivo antes del parón estival y fijar las prioridades con las que pretende encarar septiembre. Este año, sin embargo, el balance estará inevitablemente marcado por la emergencia provocada por los incendios, que ha desplazado buena parte de la agenda política de los últimos días y obliga a Moncloa a combinar el repaso de la legislatura con la respuesta inmediata a la crisis.. Previsiblemente, Sánchez aprovechará de nuevo la comparecencia para reclamar un pacto de Estado frente a la emergencia climática, una propuesta en la que lleva insistiendo durante las últimas semanas y que el presidente reivindica como una herramienta para estar «más prevenidos y más preparados» frente a episodios extremos como los incendios. No obstante, el PP lo rechaza al considerarlo «marketing para salvar un titular» e insiste en las 50 medidas que articulan su propio «plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal», presentado hace menos de un año por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
También se aprobará una nueva prestación que busca proteger a los trabajadores y empresas afectadas, con medidas como la ampliación de los permisos por el fallecimiento de un familiar de cinco a diez días.
El Gobierno activará este martes las ayudas previstas por ley para las viviendas, negocios, explotaciones agrarias y ayuntamientos afectados por los incendios forestales, mediante la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de los territorios damnificados. Aunque el Consejo de Ministros concretará en su última reunión ordinaria del curso el perímetro definitivo, la medida alcanzará previsiblemente a las localidades afectadas por el gran incendio que se extiende por Ávila, Madrid y Toledo, donde cerca de 90.000 personas han sido evacuadas o confinadas en 47 municipios, aunque también podría ampliarse a Castellón, donde el fuego ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas en 18 municipios.. La antes conocida como declaración de zona catastrófica permite al Consejo de Ministros activar un conjunto de ayudas y medidas destinadas a paliar los daños y recuperar la normalidad en los territorios afectados. Las cuantías básicas siguen siendo, sin embargo, las fijadas en un decreto aprobado hace más de veinte años, en 2005, y que no ha actualizado sus importes desde entonces. Ese marco contempla ayudas de hasta 15.120 euros por la destrucción total de la vivienda habitual; un máximo de 10.320 euros por daños estructurales; hasta 5.160 euros por desperfectos en otros elementos del inmueble; y 2.580 euros para reponer enseres de primera necesidad. En las grandes catástrofes, no obstante, el Gobierno suele complementar este catálogo ordinario con paquetes adicionales y líneas específicas para aumentar las compensaciones o atender a sectores concretos.. La activación del mecanismo ordinario también contempla ayudas de 18.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad permanente, así como subvenciones de hasta 9.224 euros para comunidades de propietarios y establecimientos industriales, comerciales, turísticos o de servicios con una plantilla de hasta 50 trabajadores. Su concesión, en cualquier caso, no será automática: los afectados deberán presentar una solicitud, acreditar los daños sufridos y cumplir los requisitos previstos para cada línea. En el caso de las viviendas, además, las cuantías estarán condicionadas por los ingresos de la unidad familiar.. Además, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha avanzado que aprobará una nueva prestación financiada por el Estado para proteger a los trabajadores y empresas afectados por incendios y otras emergencias climáticas extremas. La medida formará parte de un paquete laboral que entrará en vigor este miércoles y que pretende evitar que el coste de estas situaciones recaiga únicamente sobre empleados y empresas.. Entre las medidas anunciadas figura la ampliación de cinco a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar, así como un nuevo permiso para aquellos trabajadores que hayan sido evacuados, hayan perdido su vivienda o permanezcan alojados provisionalmente en instalaciones como polideportivos, aunque sus centros de trabajo continúen funcionando con normalidad. El objetivo es que puedan atender las consecuencias personales y materiales de la emergencia sin perder ingresos ni verse obligados a reincorporarse de inmediato.. El Consejo de Ministros también aprobará este martes la creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, un órgano asesor integrado por investigadores que tendrá como misión anticipar riesgos, evaluar las políticas públicas y orientar la toma de decisiones ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargado de anunciarlo, también ha avanzado la inversión de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios climáticos, entre los que incluye centros educativos. Así como una partida de 9 millones de euros para desarrollar y consolidar infraestructuras verdes, impulsar la renaturalización urbana y mejorar la adaptación de las ciudades a la transición ecológica.. Precisamente, este martes está previsto el habitual balance de fin de curso político de Sánchez, una comparecencia que el presidente suele utilizar para reivindicar la acción del Ejecutivo antes del parón estival y fijar las prioridades con las que pretende encarar septiembre. Este año, sin embargo, el balance estará inevitablemente marcado por la emergencia provocada por los incendios, que ha desplazado buena parte de la agenda política de los últimos días y obliga a Moncloa a combinar el repaso de la legislatura con la respuesta inmediata a la crisis.. Previsiblemente, Sánchez aprovechará de nuevo la comparecencia para reclamar un pacto de Estado frente a la emergencia climática, una propuesta en la que lleva insistiendo durante las últimas semanas y que el presidente reivindica como una herramienta para estar «más prevenidos y más preparados» frente a episodios extremos como los incendios. No obstante, el PP lo rechaza al considerarlo «marketing para salvar un titular» e insiste en las 50 medidas que articulan su propio «plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal», presentado hace menos de un año por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
