Yolanda Díaz afronta los últimos compases de la legislatura como vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo. Tras casi siete años encargada de la política laboral del Ejecutivo, Díaz, abogada laboralista de profesión, apura sus últimos meses en el Consejo de Ministros con la vista puesta ya en su candidatura a presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).. La votación se celebrará en noviembre y en caso de resultar elegida tomaría posesión en octubre del año próximo. Pero antes deberá dejar zanjados varios expedientes que se acumulan en los despachos del ministerio, la Moncloa y el Congreso de los Diputados. La legislatura expirará, como tarde, el 22 de julio del año próximo y el Ministerio de Trabajo tiene todavía sobre la mesa varias carpetas.. La reforma del registro horario, del despido, el estatuto del becario, la ampliación del permiso por fallecimiento o una nueva subida del salario mínimo -con cambio incluido en las reglas de compensación y absorción de los complementos retributivos- aparecen entre las más destacadas.. El nuevo registro horario está, probablemente, en el primer lugar de la lista en el orden de prioridades. Tras el pinchazo de la ley de reducción de jornada a finales del año pasado, el Ministerio de Trabajo decidió impulsar una norma separada para endurecer el registro horario. La idea es acabar con las anotaciones de jornada en papel y que el registro sea totalmente digital y accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo. De esta forma, el ministerio confía en reducir las horas extra fraudulentas y provocar así una reducción de jornada de facto.. Sin embargo, la norma no ha llegado a tramitarse todavía pese a que se empezó a impulsar por separado hace ya casi un año. La oposición frontal de la patronal y las dudas del Ministerio de Economía, con quien el equipo de Díaz ha vuelto a chocar, han frenado la medida. Hecho que ha disgustado a los sindicatos, que han amenazado con levantarse de todas las mesas de negociación si el texto no va a Consejo de Ministros este mes.. Antes del parón político estival, Trabajo y Economía acordaron dejar este expediente para la vuelta de vacaciones, para terminar de pulir los detalles, especialmente después del duro revés que recibió el texto tras pasar por el Consejo de Estado. El órgano consultivo emitió un dictamen en el que cuestionó la falta de adaptación sectorial de la medida, su impacto en las pymes y el recurso a una norma sin rango de ley. Esto último, pensado deliberadamente para esquivar la situación de bloqueo en el Congreso.. La reforma del salario mínimo. Una vez solventada la cuestión del control de jornada, el Ejecutivo tendrá que empezar a pensar en el salario mínimo interprofesional (SMI). Las conversaciones para perfilar una nueva subida de cara al año próximo arrancarán en otoño, con el telón de fondo de un nuevo repunte inflacionario impulsado por la guerra en Irán.. Más allá de la cifra que se decida, este año el protagonismo volverá a estar en la cuestión de la compensación y absorción de los complementos retributivos y en si el SMI seguirá sin tributar. Trabajo tiene otra norma ya elaborada con la que pretende que no se puedan compensar ni absorber determinados complementos cuando el salario mínimo sube.. Esta práctica es habitual en muchas empresas con empleados con una nómina cercana, pero superior al SMI. Cuando la subida del salario mínimo eleva el sueldo base, el empleador les descuenta ese incremento de los complementos, de tal forma que su salario total no se ve afectado por la mejoría del SMI. El Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos acabar con este mecanismo para que las subidas del SMI empujen el resto de sueldos, pero la patronal rechaza frontalmente la idea y amenaza con recurrir el texto a los tribunales si finalmente se aprueba.. Ampliación de los permisos de fallecimiento. Otro de los frentes abiertos que tiene el Ministerio de Trabajo es la ampliación del permiso remunerado por fallecimiento hasta los diez días, así como la creación de un nuevo permiso por cuidados paliativos y eutanasia. Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos -de nuevo, con el rechazo de la patronal- para impulsar esta medida en diciembre del año pasado y Yolanda Díaz trasladó su intención de tramitarla como real decreto ley para testar la voluntad del Congreso. Sin embargo, el texto todavía no ha llegado a audiencia previa y no hay novedades desde hace meses.. Más allá de la cuestión de los permisos, el ministerio se ha comprometido también a abordar una reforma del sistema de despido español para elevar las indemnizaciones, en particular en el despido improcedente, y también reforzar la causalidad en los supuestos de extinción del contrato. Actualmente, la cuestión se está negociando en una mesa de diálogo social en la que la patronal amagó con levantarse de la mesa, pero finalmente permaneció.. Y la recta final de la legislatura será clave también para esclarecer si sale a la luz el estatuto del becario, una norma que Trabajo acordó en diálogo social con los sindicatos durante la legislatura anterior. Tras diferentes vaivenes, el texto llegó al Congreso, donde lleva aparcado en un cajón desde marzo de este año.
Las reformas pendientes se acumulan en la recta final del mandato de la vicepresidenta segunda, que se presentará a las elecciones para presidir la Organización Internacional del Trabajo el próximo noviembre.
Yolanda Díaz afronta los últimos compases de la legislatura como vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo. Tras casi siete años encargada de la política laboral del Ejecutivo, Díaz, abogada laboralista de profesión, apura sus últimos meses en el Consejo de Ministros con la vista puesta ya en su candidatura a presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).. La votación se celebrará en noviembre y en caso de resultar elegida tomaría posesión en octubre del año próximo. Pero antes deberá dejar zanjados varios expedientes que se acumulan en los despachos del ministerio, la Moncloa y el Congreso de los Diputados. La legislatura expirará, como tarde, el 22 de julio del año próximo y el Ministerio de Trabajo tiene todavía sobre la mesa varias carpetas.. La reforma del registro horario, del despido, el estatuto del becario, la ampliación del permiso por fallecimiento o una nueva subida del salario mínimo -con cambio incluido en las reglas de compensación y absorción de los complementos retributivos- aparecen entre las más destacadas.. El nuevo registro horario está, probablemente, en el primer lugar de la lista en el orden de prioridades. Tras el pinchazo de la ley de reducción de jornada a finales del año pasado, el Ministerio de Trabajo decidió impulsar una norma separada para endurecer el registro horario. La idea es acabar con las anotaciones de jornada en papel y que el registro sea totalmente digital y accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo. De esta forma, el ministerio confía en reducir las horas extra fraudulentas y provocar así una reducción de jornada de facto.. Sin embargo, la norma no ha llegado a tramitarse todavía pese a que se empezó a impulsar por separado hace ya casi un año. La oposición frontal de la patronal y las dudas del Ministerio de Economía, con quien el equipo de Díaz ha vuelto a chocar, han frenado la medida. Hecho que ha disgustado a los sindicatos, que han amenazado con levantarse de todas las mesas de negociación si el texto no va a Consejo de Ministros este mes.. Antes del parón político estival, Trabajo y Economía acordaron dejar este expediente para la vuelta de vacaciones, para terminar de pulir los detalles, especialmente después del duro revés que recibió el texto tras pasar por el Consejo de Estado. El órgano consultivo emitió un dictamen en el que cuestionó la falta de adaptación sectorial de la medida, su impacto en las pymes y el recurso a una norma sin rango de ley. Esto último, pensado deliberadamente para esquivar la situación de bloqueo en el Congreso.. La reforma del salario mínimo. Una vez solventada la cuestión del control de jornada, el Ejecutivo tendrá que empezar a pensar en el salario mínimo interprofesional (SMI). Las conversaciones para perfilar una nueva subida de cara al año próximo arrancarán en otoño, con el telón de fondo de un nuevo repunte inflacionario impulsado por la guerra en Irán.. Más allá de la cifra que se decida, este año el protagonismo volverá a estar en la cuestión de la compensación y absorción de los complementos retributivos y en si el SMI seguirá sin tributar. Trabajo tiene otra norma ya elaborada con la que pretende que no se puedan compensar ni absorber determinados complementos cuando el salario mínimo sube.. Esta práctica es habitual en muchas empresas con empleados con una nómina cercana, pero superior al SMI. Cuando la subida del salario mínimo eleva el sueldo base, el empleador les descuenta ese incremento de los complementos, de tal forma que su salario total no se ve afectado por la mejoría del SMI. El Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos acabar con este mecanismo para que las subidas del SMI empujen el resto de sueldos, pero la patronal rechaza frontalmente la idea y amenaza con recurrir el texto a los tribunales si finalmente se aprueba.. Ampliación de los permisos de fallecimiento. Otro de los frentes abiertos que tiene el Ministerio de Trabajo es la ampliación del permiso remunerado por fallecimiento hasta los diez días, así como la creación de un nuevo permiso por cuidados paliativos y eutanasia. Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos -de nuevo, con el rechazo de la patronal- para impulsar esta medida en diciembre del año pasado y Yolanda Díaz trasladó su intención de tramitarla como real decreto ley para testar la voluntad del Congreso. Sin embargo, el texto todavía no ha llegado a audiencia previa y no hay novedades desde hace meses.. Más allá de la cuestión de los permisos, el ministerio se ha comprometido también a abordar una reforma del sistema de despido español para elevar las indemnizaciones, en particular en el despido improcedente, y también reforzar la causalidad en los supuestos de extinción del contrato. Actualmente, la cuestión se está negociando en una mesa de diálogo social en la que la patronal amagó con levantarse de la mesa, pero finalmente permaneció.. Y la recta final de la legislatura será clave también para esclarecer si sale a la luz el estatuto del becario, una norma que Trabajo acordó en diálogo social con los sindicatos durante la legislatura anterior. Tras diferentes vaivenes, el texto llegó al Congreso, donde lleva aparcado en un cajón desde marzo de este año.
