La resolución del caso Brazalete Blanco, en el que la defensora Rocío San Miguel resultó absuelta, ha traído otras consecuencias. La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara César Siero, ha denunciado la noche de este martes en un video de 43 minutos colgado en YouTube que dos de sus hermanos y su cuñada fueron detenidos arbitrariamente a finales de 2023 como parte de una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro, que está en el centro de ese expediente que calificó de “fabricado”. La medida contra su familia, aseguró, fue una forma de coacción para que firmara la inhabilitación política de la dirigente María Corina Machado.. Seguir leyendo
La resolución del caso Brazalete Blanco, en el que la defensora Rocío San Miguel resultó absuelta, ha traído otras consecuencias. La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara César Siero, ha denunciado la noche de este martes en un video de 43 minutos colgado en YouTube que dos de sus hermanos y su cuñada fueron detenidos arbitrariamente a finales de 2023 como parte de una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro, que está en el centro de ese expediente que calificó de “fabricado”. La medida contra su familia, aseguró, fue una forma de coacción para que firmara la inhabilitación política de la dirigente María Corina Machado.. César Siero ha hecho en su grabación un relato pormenorizado de hechos, fechas, documentos, sentencias, comunicaciones enviadas y conversaciones durante los casi tres años que han pasado, intentando luchar por la libertad de sus hermanos y su cuñada. La exmagistrada asegura que decidió contar su versión luego de que el general Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero y su esposa, la mayor Diana Victoria Justo, fueron condenados la semana pasada a 12 años de cárcel, el primero, y tres años los dos últimos. Las revelaciones suponen un escándalo político de calado, que expone con crudeza los vicios del Poder Judicial como parte del aparato represivo del chavismo que, durante años, han denunciado organismos como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. La denuncia se hace, además, en medio de las conversaciones para precisamente cambiar a todos los miembros del Supremo, como parte de los acuerdos llegados en la mesa de diálogo que empuja Estados Unidos, entre el Gobierno interino y la Asamblea Nacional.. “La vida de mis familiares se usó para forzarme a firmar decisiones claves que afectaron el rumbo democrático del país”, señaló la abogada que hasta 2024 fue vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del Supremo. “En Venezuela no existe autonomía ni independencia judicial ni debido proceso. El caso Brazalete Blanco fue un libreto fabricado para obligarme a renunciar y enviar un mensaje de terror al estamento judicial y militar, para subordinar la justicia al poder”. La exfuncionaria pidió protección para ella y su familia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Human Rights Watch.. El relato de la magistrada comienza en las primarias de la oposición, realizadas en octubre de 2023. Como parte de los acuerdos de Barbados, empujados por Noruega para la creación de condiciones para unas elecciones presidenciales libres y justas, el Gobierno se había comprometido a permitir la participación de todos los candidatos. Desde hace varios años, el chavismo venía utilizando la vía de la inhabilitación política para bloquear a su competencia. Con María Corina Machado ya lo había hecho. La negociación política abrió la puerta para que los inhabilitados presentaran una amparo para solicitar la restitución de sus derechos políticos. El 15 de diciembre, en el último día del lapso establecido para este proceso, Machado hizo su diligencia. Ese mismo día se llevaron detenidos de forma arbitraria y estuvieron desaparecidos los hermanos César Siera y Diana Victoria. Y la magistrada entró el laberinto judicial del sistema judicial del que era parte.. Su reacción inmediata fue llamar a la entonces presidenta del Supremo, Gladys Gutiérrez, y al entonces fiscal, Tarek William Saab, sin obtener respuesta. Acudió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y solo supo que en enero se sabría de los casos de sus hermanos. “El 22 de diciembre de 2023, de manera inusual, se presentó la abogada asistente del presidente de la sala administrativa, que a su vez es su hija, de que firmara las decisiones sin seguir los procedimientos regulares mientras mis familiares estaban presos y desaparecidos, por lo que temiendo por sus vidas procedí a firmarlas”. Ese mes de enero pasó de todo. El 15 de enero de 2024, Maduro denunció en el estrado de la Asamblea Nacional una serie de conspiraciones para asesinarlo y ella fue obligada a firmar de nuevo las sentencias con la inhabilitación de Machado y otros, como Henrique Capriles, y la habilitación de los políticos Pablo Pérez y Daniel Ceballos. También nombraron a una nueva presidenta del TSJ, Carislya Rodríguez, y degradaron militarmente a familiares. César Siero, de acuerdo con su relato, firmó nuevamente las sentencias que bloqueaban la participación de Machado en las elecciones —en las que luego logró inscribir a Edmundo González Urrutia— y fue obligada a renunciar. “Me dijeron que si no renunciaba me iba a ir peor”.. La magistrada —que estaba en el cargo desde 2014— fue separada sigilosamente de sus funciones, sin que haya podido obtener su jubilación, según la denuncia. A la inauguración del año judicial con Maduro le pidieron que no asistiera. Luego, le ordenaron “dejarse ver” en otros actos para disuadir rumores sobre su renuncia. Su vacante no fue notificada a la Asamblea Nacional y meses después la retiraron formalmente de la institución. César Siera ha continuado su peregrinación por instituciones en denuncia de su caso. Hay comunicaciones entregadas de Delcy Rodríguez y a otros funcionarios. Todas sin respuesta, excepto una: la de la nueva defensora Eglée González Lobato que se comprometió a revisarlo. La solicitud de amnistía que hizo este año fue negada.. El cargo de la magistrada César Siera es uno de los que el chavismo en el Parlamento pretendía renovar hace unos meses, cuando finalmente informó de la renuncia y jubilación de ocho jueces y reformó la ley del Supremo para aumentar el número de magistrados de 20 a 32. Con el inicio de la mesa de diálogo, teledirigida desde Washington, el proceso ha sido reiniciado con la intención de garantizar la verdadera independencia en el Poder Judicial. Las partes habían prometido que la renovación podría estar completada en noviembre, pero todavía no se han escogido a los miembros de la sociedad civil que deberán integrar el comité que escogerá a los próximos ocupantes de la máxima corte.
