El pasado 16 de octubre, en el marco del proceso Fit for the Future, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, anunció, tras meses de suspense, la supresión de doce comisiones del COI. En lugar de ellas se crearán grupos de trabajo constituidos ad hoc, más flexibles y sin ningún ánimo de permanencia temporal. En principio, la medida resulta razonable: menos burocracia, más agilidad y un ahorro nada despreciable para las arcas del COI. Hasta aquí, todo parece correcto. Sin embargo, conviene analizar en detalle lo que hay detrás del discurso de la eficiencia.. Seguir leyendo
El pasado 16 de octubre, en el marco del proceso Fit for the Future, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, anunció, tras meses de suspense, la supresión de doce comisiones del COI. En lugar de ellas se crearán grupos de trabajo constituidos ad hoc, más flexibles y sin ningún ánimo de permanencia temporal. En principio, la medida resulta razonable: menos burocracia, más agilidad y un ahorro nada despreciable para las arcas del COI. Hasta aquí, todo parece correcto. Sin embargo, conviene analizar en detalle lo que hay detrás del discurso de la eficiencia.. En primer lugar, hay que reconocer que la presidenta actúa dentro de sus atribuciones. El artículo 21 de la Carta Olímpica le reconoce la prerrogativa de organizar la estructura de comisiones. Ahora bien, una cosa es que la decisión sea legal y otra que sea legítima de acuerdo con las normas de buen gobierno impuestas por el propio COI. En otras palabras, para un órgano que descansa en la confianza de sus miembros y en la transparencia de los procedimientos de decisión, la legalidad es una exigencia sine qua non; la coherencia con los principios de buen gobierno que impone la Carta Olímpica, un requisito de legitimidad. De ahí que tenga tanta trascendencia la decisión. Con ella desaparecen de un plumazo las comisiones de Igualdad de Género e Inclusión, Entorno de los Atletas, Sostenibilidad y Patrimonio, Educación Olímpica, Derechos Humanos, y Tecnología e Innovación, entre otras. Es decir, aquellas encargadas de los ámbitos desde los que el Movimiento Olímpico ha tratado de dotar de contenido institucional a los valores que proclama. Eliminar estas comisiones sin dar la oportunidad de pronunciarse previamente a la Asamblea, que es el órgano en el que se expresa la pluralidad democrática del COI, resulta cuando menos inquietante por varias razones.. La primera es precisamente la desconsideración del procedimiento democrático. Prescindir de la Asamblea en una reforma de este calado revela una confianza escasa, o nula, en el proceso deliberativo en el que debe descansar cualquier decisión importante adoptada por el COI. La segunda razón es de oportunidad. La supresión llega cuando las políticas del COI atraviesan uno de los momentos más contestados de su historia reciente. Piénsese, por ejemplo, en la reintroducción del cribado genético como requisito para acceder a las categorías femeninas de las competiciones olímpicas, aprobada por el COI en marzo pasado. Frente a esa medida, que hace ya 30 años se había mostrado ineficaz y que plantea graves interrogantes de privacidad, autonomía y derechos de las mujeres, las comisiones de Igualdad de Género e Inclusión y de Derechos Humanos expresaron críticas y reservas. Es difícil no advertir que se desmantelan precisamente algunos de los foros desde los que se formularon esas objeciones, apenas siete meses después. Quizá sea casualidad, pero una institución con sentido de la rendición de cuentas debería evitar siquiera la apariencia de que silencia a quien discrepa.. No menos importante es lo que ocurre con la Comisión de Sostenibilidad y Patrimonio. Esta comisión ha realizado una labor más que destacable para asegurar la sostenibilidad y reutilización de las instalaciones creadas con ocasión de los Juegos. Todos conocemos las imágenes de estadios y villas olímpicas abandonados, infraestructuras levantadas para el espectáculo de unas semanas y condenadas después al deterioro, con beneficio para unos pocos y perjuicio para el conjunto de la población de las ciudades anfitrionas. Que la vigilancia institucional frente a esa lógica quede ahora en manos de grupos temporales, sin continuidad ni memoria y con posibles intereses espurios no augura nada bueno.. El tercer motivo es la transparencia. Las comisiones permanentes tenían defectos, sin duda, pero sus integrantes eran conocidos, sus mandatos estaban definidos y su actuación podía ser escrutada. Los grupos de trabajo ad hoc se constituyen y se disuelven a discreción. ¿Quién los integrará? ¿Con qué criterios serán elegidos? ¿Qué intereses representan? ¿Ante quién responden? Son preguntas elementales de buen gobierno, y por ahora carecen de respuesta.. La presidenta Coventry parece interesada en desmarcarse rápidamente de la etapa anterior. La presidencia de Bach, con todas sus limitaciones, había cultivado un estilo más proclive al consenso. Baste recordar la incorporación de «juntos» al lema olímpico, gesto simbólico pero revelador de una voluntad de construir colectivamente. La nueva presidencia apuesta por tomar decisiones de forma unilateral y carentes de transparencia. Incumpliendo con ello el mandato de la Carta Olímpica en un momento en que la rendición de cuentas resulta más necesaria que nunca. Sirva como botón de muestra el flamante “marco para una inteligencia artificial «confiable» en el movimiento olímpico”, cuya elaboración se ha encomendado a la consultora Deloitte. El documento, hecho público a finales de septiembre, se limita a trasladar al deporte recomendaciones que la propia firma ha recomendado a otros sectores, sin originalidad ni referencia alguna a la especificidad del deporte que el COI defiende con tanto celo. Unas recomendaciones para el uso de la IA en el deporte que quedan muy por debajo de lo que ya exige la actual AI Act de la Unión Europea. La Comisión de Tecnología e Innovación, que habría podido ofrecer un análisis y seguimiento informado de este nuevo marco, ha dejado de existir.. La presidenta Coventry ha comenzado su mandato con determinación, adoptando decisiones de gran calado. Esa determinación, que es sin duda una virtud cuando va acompañada de transparencia y rendición de cuentas, se convierte en un problema cuando se ejerce de espaldas a los órganos democráticos de decisión y de forma totalmente opaca. La conclusión de todo ello es cuando menos preocupante. Todo apunta a la conformación de un núcleo reducido de decisión, poco interesado en la transparencia y el buen gobierno, y a un modelo de grupos de especialistas cuya composición e intereses ignoramos pero que acabarán fijando las reglas que afectan a atletas, federaciones y ciudades.. Nadie duda de que el Olimpismo debe renovarse constantemente. Pero debe hacerlo sin renunciar a los valores fundamentales que informan su misión educativa y garante de la paz, la igualdad, los derechos humanos y la sostenibilidad del deporte olímpico.. Alberto Carrio Sampedro es Profesor de Filosofía del derecho, Filosofía, Ética y Derecho del deporte en la Universidad Pompeu Fabra.
