El Gobierno central y los presidentes de las comunidades autónomas celebrarán este viernes una de las citas más tirantes que se recuerdan, incluso en esta legislatura de máxima crispación. Barcelona será el escenario en el que se celebrará una nueva edición de la Conferencia de Presidentes, en la que participarán todas las autonomías y también el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, además de otros miembros del Ejecutivo. Y ese encuentro, que inaugurará el rey Felipe VI, tendrá lugar en mitad de una tormenta de supuestos casos de corrupción que ha opacado por completo la acción del Gobierno en las últimas semanas y que el PP ha aprovechado para redoblar su ofensiva contra Sánchez, a quien ha acusado de convertir España en un «vertedero televisado, cutre y sórdido». De hecho, la cita en la Ciudad Condal será solo dos días antes de la manifestación que ha convocado el PP.. Aunque la publicación de los audios en los que la exmilitante socialista Leire Díez buscaba información comprometida contra altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha opacado cualquier otra información relativa al Gobierno en los últimos días, lo cierto es que la preparación de la Conferencia de Presidentes no ha sido precisamente un remanso de paz, incluso sin tener en cuenta el ambiente opresivo que rodea al Ejecutivo. Hasta el pasado martes, de hecho, no se cerró el orden del día de la reunión, dado que el Gobierno y las comunidades no fueron capaces de ponerse de acuerdo la semana pasada y consensuar uno.. Incluso eso generó polémica, puesto que el Ejecutivo aseguraba que había asumido la mayor parte de los temas que exigían las autonomías gobernadas por el PP y los populares, por su parte, impusieron su amplia mayoría —gobiernan 11 de las 17 comunidades— para incluir todos ellos. Los barones del PP amenazaron con no asistir a la cita y condicionaron su presencialidad a que el Gobierno incluyese todos los temas que querían abordar con la misma literalidad que ellos pedían. Para ello, a cuatro días de la cita, las 11 comunidades del PP y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla enviaron una carta conjunta al Ministerio de Política Territorial con una nueva redacción de los ocho puntos que exigen abordar en la reunión con Sánchez.. Ese mismo día, el Gobierno recogió el guante. En Génova celebraron la noticia como un éxito propio.»Nuestros presidentes le han plantado cara al Gobierno y le han doblado el brazo. Sánchez tendrá su foto y nosotros, nuestras prioridades en el orden del día. En Barcelona no se hablará solo de lo que el Gobierno quiere sino de lo que los españoles necesitan».. La escaleta final, por tanto, estará compuesta por nada menos que catorce asuntos, tan dispares como los problemas de acceso a la vivienda, el modelo energético, la financiación autonómica, la «lucha contra la okupación y la inquiokupación», el control de fronteras y la política migratoria o el «caos ferroviario». Los tres primeros ejemplos son asuntos propuestos por el Gobierno; los tres últimos, aporte de las autonomías del PP. Antes de entrar en harina, Sánchez abrirá la reunión con una declaración institucional sin preguntas, lo que implica que volverá a esquivar a los periodistas como lleva más de una semana haciendo. Precisamente el PP le afea este formato y le insta a atender a los medios. «Lo que tiene que hacer es pensar menos en la imagen y más en la rueda de prensa con preguntas que debería dar después de la reunión».. Con tantos temas de los que hablar, se prevé que la reunión sea larga, aunque no hay tiempos tasados para cada intervención ni para abordar cada asunto. La Moncloa, eso sí, ha anunciado ya una de las propuestas que trasladará a las comunidades: la de triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones en los próximos cuatro años. El Gobierno central se compromete a aportar unos 4.000 millones de euros de esa cifra, pero pide que las autonomías, en función de su peso, pongan al menos otros 2.700 millones, así como que se comprometan a prohibir la venta de la vivienda con protección pública que se construya, con el objetivo de crear un parque público consistente.. El PP desacredita lo que considera un nuevo «intento» del presidente del Gobierno de desviar la atención en plena polémica por la supuesta operación orquestada por el PSOE contra la UCO con el recurrido asunto de la vivienda. Desde Génova no entran a valorar el reciente anuncio de Pedro Sánchez, pero sí se sirven del actual contexto para concluir que Sánchez vuelve a prometer más vivienda «cuando está en apuros». «La vivienda no puede ser su juguete electoral». Este clima político y las diferencias en asuntos como vivienda, financiación o migración dificultará la posibilidad de acuerdos en este foro multilateral.. En cualquier caso, pese a los intentos del Gobierno de retomar el control de la agenda, lo cierto es que la Conferencia de Presidentes va a estar marcada por las actividades de la exmilitante del PSOE Leire Díez y sus tratos con empresarios investigados por la justicia como Javier Pérez Dolset o Alejandro Hamlyn. El asunto empieza incluso a generar grietas en la propia coalición, puesto que Sumar se ha visto obligado a pedir explicaciones sobre las andanzas de Díez a un PSOE que, por ahora, se ha resistido a darlas. Este jueves, de hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz calificaba la rueda de prensa que ofreció Díez el miércoles de «vodevil» y pedía a Sánchez mantener «una conversación» para aclarar las cosas.. Los socialistas, no obstante, han optado por responder a la presión saliendo al ataque contra el PP y responsabilizando a los populares de haber puesto en marcha una «campaña de guerra sucia» para intentar hacer caer al Ejecutivo. Este jueves fue la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien acusó al PP de haber «guionizado» el «esperpento» y quien recordó que el expresidente José María Aznar dijo, hace año y medio, que «todo el mundo que pueda, que haga», algo que a juicio del PSOE fue el pistoletazo de salida de una conspiración en contra del Gobierno. «No hace falta ni que se comuniquen, claramente se ve sonar la orquesta», deslizó Rodríguez.. Los populares, por su parte, acusan a Sánchez de quererles como «atrezzo», es decir, usar la foto con los presidentes autonómicos para desviar la atención del caso de la ‘fontanera’. No obstante, aseguran que ellos irán como «representantes ordinarios del Estado en la inmensa mayoría de autonomías de este país». «Los presidentes del PP le van a enseñar a Pedro Sánchez la España que no aparece en TVE», señalan desde Génova.. Con ello también caldean el ambiente de cara a la concentración que ha convocado Alberto Núñez Feijóo dos días después. De este modo, servirá como llamamiento a unirse la concentración del domingo 8 de junio en Madrid en la que el líder de la oposición busca una «afluencia masiva» para «amplificar el desgaste» del Gobierno a cuenta de los presuntos casos de corrupción. Además le servirá para poner sobre la mesa los asuntos que después debatirán en el congreso nacional de julio, donde el candidato y líder busca reactivar al partido ante un posible adelanto electoral.
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El Gobierno central y los presidentes de las comunidades autónomas celebrarán este viernes una de las citas más tirantes que se recuerdan, incluso en esta legislatura de máxima crispación. Barcelona será el escenario en el que se celebrará una nueva edición de la Conferencia de Presidentes, en la que participarán todas las autonomías y también el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, además de otros miembros del Ejecutivo. Y ese encuentro, que inaugurará el rey Felipe VI, tendrá lugar en mitad de una tormenta de supuestos casos de corrupción que ha opacado por completo la acción del Gobierno en las últimas semanas y que el PP ha aprovechado para redoblar su ofensiva contra Sánchez, a quien ha acusado de convertir España en un «vertedero televisado, cutre y sórdido». De hecho, la cita en la Ciudad Condal será solo dos días antes de la manifestación que ha convocado el PP.. Aunque la publicación de los audios en los que la exmilitante socialista Leire Díez buscaba información comprometida contra altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha opacado cualquier otra información relativa al Gobierno en los últimos días, lo cierto es que la preparación de la Conferencia de Presidentes no ha sido precisamente un remanso de paz, incluso sin tener en cuenta el ambiente opresivo que rodea al Ejecutivo. Hasta el pasado martes, de hecho, no se cerró el orden del día de la reunión, dado que el Gobierno y las comunidades no fueron capaces de ponerse de acuerdo la semana pasada y consensuar uno.. Incluso eso generó polémica, puesto que el Ejecutivo aseguraba que había asumido la mayor parte de los temas que exigían las autonomías gobernadas por el PP y los populares, por su parte, impusieron su amplia mayoría —gobiernan 11 de las 17 comunidades— para incluir todos ellos. Los barones del PP amenazaron con no asistir a la cita y condicionaron su presencialidad a que el Gobierno incluyese todos los temas que querían abordar con la misma literalidad que ellos pedían. Para ello, a cuatro días de la cita, las 11 comunidades del PP y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla enviaron una carta conjunta al Ministerio de Política Territorial con una nueva redacción de los ocho puntos que exigen abordar en la reunión con Sánchez.. Ese mismo día, el Gobierno recogió el guante. En Génova celebraron la noticia como un éxito propio. «Nuestros presidentes le han plantado cara al Gobierno y le han doblado el brazo. Sánchez tendrá su foto y nosotros, nuestras prioridades en el orden del día. En Barcelona no se hablará solo de lo que el Gobierno quiere sino de lo que los españoles necesitan».. La escaleta final, por tanto, estará compuesta por nada menos que catorce asuntos, tan dispares como los problemas de acceso a la vivienda, el modelo energético, la financiación autonómica, la «lucha contra la okupación y la inquiokupación», el control de fronteras y la política migratoria o el «caos ferroviario». Los tres primeros ejemplos son asuntos propuestos por el Gobierno; los tres últimos, aporte de las autonomías del PP. Antes de entrar en harina, Sánchez abrirá la reunión con una declaración institucional sin preguntas, lo que implica que volverá a esquivar a los periodistas como lleva más de una semana haciendo. Precisamente el PP le afea este formato y le insta a atender a los medios. «Lo que tiene que hacer es pensar menos en la imagen y más en la rueda de prensa con preguntas que debería dar después de la reunión».. Con tantos temas de los que hablar, se prevé que la reunión sea larga, aunque no hay tiempos tasados para cada intervención ni para abordar cada asunto. La Moncloa, eso sí, ha anunciado ya una de las propuestas que trasladará a las comunidades: la de triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones en los próximos cuatro años. El Gobierno central se compromete a aportar unos 4.000 millones de euros de esa cifra, pero pide que las autonomías, en función de su peso, pongan al menos otros 2.700 millones, así como que se comprometan a prohibir la venta de la vivienda con protección pública que se construya, con el objetivo de crear un parque público consistente.. El PP desacredita lo que considera un nuevo «intento» del presidente del Gobierno de desviar la atención en plena polémica por la supuesta operación orquestada por el PSOE contra la UCO con el recurrido asunto de la vivienda. Desde Génova no entran a valorar el reciente anuncio de Pedro Sánchez, pero sí se sirven del actual contexto para concluir que Sánchez vuelve a prometer más vivienda «cuando está en apuros». «La vivienda no puede ser su juguete electoral». Este clima político y las diferencias en asuntos como vivienda, financiación o migración dificultará la posibilidad de acuerdos en este foro multilateral.. El fantasma de los escándalos. En cualquier caso, pese a los intentos del Gobierno de retomar el control de la agenda, lo cierto es que la Conferencia de Presidentes va a estar marcada por las actividades de la exmilitante del PSOE Leire Díez y sus tratos con empresarios investigados por la justicia como Javier Pérez Dolset o Alejandro Hamlyn. El asunto empieza incluso a generar grietas en la propia coalición, puesto que Sumar se ha visto obligado a pedir explicaciones sobre las andanzas de Díez a un PSOE que, por ahora, se ha resistido a darlas. Este jueves, de hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz calificaba la rueda de prensa que ofreció Díez el miércoles de «vodevil» y pedía a Sánchez mantener «una conversación» para aclarar las cosas.. Los socialistas, no obstante, han optado por responder a la presión saliendo al ataque contra el PP y responsabilizando a los populares de haber puesto en marcha una «campaña de guerra sucia» para intentar hacer caer al Ejecutivo. Este jueves fue la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien acusó al PP de haber «guionizado» el «esperpento» y quien recordó que el expresidente José María Aznar dijo, hace año y medio, que «todo el mundo que pueda, que haga», algo que a juicio del PSOE fue el pistoletazo de salida de una conspiración en contra del Gobierno. «No hace falta ni que se comuniquen, claramente se ve sonar la orquesta», deslizó Rodríguez.. Los populares, por su parte, acusan a Sánchez de quererles como «atrezzo», es decir, usar la foto con los presidentes autonómicos para desviar la atención del caso de la ‘fontanera’. No obstante, aseguran que ellos irán como «representantes ordinarios del Estado en la inmensa mayoría de autonomías de este país». «Los presidentes del PP le van a enseñar a Pedro Sánchez la España que no aparece en TVE», señalan desde Génova.. Con ello también caldean el ambiente de cara a la concentración que ha convocado Alberto Núñez Feijóo dos días después. De este modo, servirá como llamamiento a unirse la concentración del domingo 8 de junio en Madrid en la que el líder de la oposición busca una «afluencia masiva» para «amplificar el desgaste» del Gobierno a cuenta de los presuntos casos de corrupción. Además le servirá para poner sobre la mesa los asuntos que después debatirán en el congreso nacional de julio, donde el candidato y líder busca reactivar al partido ante un posible adelanto electoral.