Bruselas y el pueblo zamorano de San Vitero guardan hilo directo pese a los 1.620 kilómetros que separan la cosmopolita sede de la Comisión Europea y el sobrio ayuntamiento de piedra de una comarca zamorana particularmente despoblada. Su relación se ha estrechado por el ambicioso plan de ayudas que la UE ha puesto en marcha para salir de la crisis provocada por la pandemia, un cañonazo de más de 160.000 millones de euros en el caso de España, que supone una oportunidad y a la vez un reto. Ejecutar tanto dinero en tan poco tiempo ―el plan de recuperación finaliza el año que viene― es una tarea compleja, que se convierte en un desafío mayúsculo para las localidades más pequeñas, donde todo obstáculo se amplifica: la burocracia, la falta de personal capacitado para cumplir los requerimientos y los plazos que comprometen el manguerazo económico.
San Vitero cuenta con 329 habitantes y, al igual que muchos de los pueblos de la provincia de Zamora, está sumido en una crisis demográfica. La aguerrida alcaldesa de la localidad, Vanesa Mezquita, se faja con Administraciones locales, autonómicas, nacionales y comunitarias para obtener el maná financiero allí donde falta gente y, por ende, recursos. “Si eres alcalde, te tienes que comprometer a pedir todo lo que salga”, esgrime.
Mezquita recita una ristra de subvenciones de todo origen y destino, causantes de que el presupuesto municipal haya pasado de 400.000 euros cuando alcanzó el poder en 2019 a rozar hoy los dos millones. De memoria, salen 300.000 euros de planes de Erasmus rurales; de los programas Dus5000 a la inversión, casi medio millón; más de 100.000 euros para dinamización geográfica; otros 200.000 pendientes del PERTE del agua; y casi medio millón para proyectos de eficiencia energética que han conseguido llevar al pueblo un coche eléctrico… Eso, a gran escala. Luego, lo cotidiano. De la Diputación obtiene partidas más pequeñas pero numerosas y más prosaicas, como 18.000 euros para renovar la añeja piscina. La Junta de Castilla y León le concede casi 200.000 para mantener centros escolares, gestión de concentraciones parcelarias o certámenes ganaderos como la feria del burro de cada primavera, entre otras. “¡Y alguna más que seguramente se me olvide!”, comenta la mujer en uno de los restaurantes de San Vitero.
La zona destaca por su prestigiosa carne de ternera, en un pueblo con relativa actividad para la media en el oeste zamorano: en sus dominios quedan 40 negocios, fibrilación para un entorno donde hay más persianas bajadas que subidas. La alcaldesa habla de un proyecto de cocina industrial con formación de cursos en hostelería, de iniciativas inconfesables bajo amenaza mortal por si se las copian, de alumbrado o de ocio: todo, bajo financiación externa por la cual se desvive.
La regidora destaca que para mantener el pulso en zonas despobladas hay que implicarse al máximo para saber qué puertas tocar y apunta a una figura clave para que consistorios como el suyo puedan optar a dinero público con membrete de Bruselas y aparentemente lejano a lo mundanal: los secretarios. “El secretario es una inversión, está amortizado por lo que obtengo”. Esta figura pública cobra 2.100 euros mensuales, sueldo marcado por la Junta y parné más que merecido si desatasca solicitudes de ayuda. Sin embargo, es una losa cuando reniega de volcarse con el ayuntamiento: “Una secretaria me presentó un escrito de 12 páginas quejándose de que pedíamos demasiadas subvenciones”.
Mezquita, de 44 años, condena la “documentación farragosa” de algunos trámites, aplaude a los funcionarios que ya la conocen y de tapadillo la avisan cuando falta “un papel” para no tumbar procesos y afea el “mamoneo” de adjudicaciones a empresas afines en administraciones medianas y las “guerrillas políticas” de homólogos más preocupados por el cargo que por apretar a su partido. “Sin desmerecer a los mayores, mucha gente no tiene capacidad para pedir estos fondos, tienen que retirarse y apoyar a los jóvenes concejales”, aconseja quien conoce bien los entresijos del funcionamiento de los consistorios de sus compañeros rurales. Muchas veces son voluntariosos y de buena fe, pero sin la modernización necesaria para ese salto de calidad, a fin de que más municipios de los alrededores aprovechen los salvavidas públicos para evitar, o al menos contener, la caída rural de Zamora.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que sigue de cerca la llegada de las ayudas a los consistorios, reclamó que una parte importante de estas se destinara a “proyectos para las entidades locales, en particular, de eficiencia energética, proponiendo que se pudiera destinar a la sustitución del alumbrado público”, como bien sabe Vanesa Mezquita.
El dinero asociado al plan de recuperación no es un cheque en blanco. Cada Estado miembro se compromete con Bruselas a llevar a cabo reformas estructurales e inversiones en sectores estratégicos para liberarlo. El gran fondo conocido como Next Generation EU está dotado con 750.000 millones para toda la Unión, y su principal instrumento es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que absorbe casi la totalidad del importe: más de 650.000 millones de euros entre subvenciones (359.000 millones) y préstamos (291.000 millones).
España tiene asignado el mayor volumen de ayudas, solo por detrás de Italia: unos 79.000 millones de transferencias no reembolsables ―es decir, dinero que no se tiene que devolver―, y 83.000 millones en préstamos en condiciones ventajosas, que se reparten entre todos los niveles de la administración, la general del Estado, las comunidades y las corporaciones locales. Su objetivo no es solo impulsar la economía tras la caída causada por la crisis sanitaria, sino transformarla y modernizarla para que sea más resiliente ante shocks futuros.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, relató recientemente en el Senado los avances del plan de recuperación. Hasta el momento, España ha solicitado unos 73.000 millones, la mayoría de ellos subvenciones. “En torno al 80% de las transferencias asignadas inicialmente (…) ya cuentan con beneficiarios identificados, ya han llegado a nuestro tejido productivo”, señaló. Las comunidades, según los datos proporcionados por el ministro, han publicado convocatorias por valor de 21.800 millones y las entidades locales por unos 10.700 millones, con tasas de ejecución en torno al 65%. Esta “amplia dispersión geográfica”, así como la variedad de sectores beneficiados, “es resultado de un modelo que va buscando una ejecución que impulse la concurrencia y la competitividad, garantizando la participación equilibrada de todos los actores institucionales, en este caso también a nivel territorial”, incidió Cuerpo.
El calendario, sin embargo, aprieta. La fecha de finalización del plan se acerca ―agosto del próximo año―, y España ha pasado de ser el país que lideraba la liberación de los pagos a quedarse rezagado. Le quedan aún por pedir unos 90.000 millones de euros que tiene a disposición y mucho del dinero ya recibido está sin gastar. El propio Banco de España admitió el mes pasado que existe una “considerable incertidumbre” acerca del alcance de las ayudas y que en 2024 el volumen de ejecución fue “algo inferior al esperado”. Por ello, instó a acelerar su despliegue.
Cohesión territorial
El destino del dinero europeo es amplio: comercio, transición digital, turismo, energía, igualdad y despoblación, con ramas como la movilidad sostenible, planes de rehabilitación de vivienda —eterno problema rural— o la renovación del sistema agroalimentario como protagonistas. A todo ello se añaden otras líneas de ayudas comunitarias que llegan a las entidades territoriales, como los fondos de cohesión. Portavoces de la Comisión destacan que las políticas de cohesión “son un instrumento crucial para reducir diferencias entre regiones y territorios con la clave de apoyar a comunidades locales o áreas rurales”.
“Depende de los Estados miembro y las autoridades gestionar los problemas individuales para diseñar la aproximación en línea con las especificidades regionales”, señalan las mismas fuentes europeas, apuntando a que las autoridades nacionales, regionales o subregionales deben coordinarse para distribuirlos. Hasta 13.000 millones de euros, recogen, se destinan al desarrollo rural “para empoderar a actores locales y asegurar recursos para el desarrollo territorial” con áreas como sostenibilidad ecológica, retos demográficos, inclusión social, sanidad, competitividad, turismo sostenible o patrimonio.
Esta teoría contrasta con la escasa fluidez para practicarla a escala local. Julio Capillas, alcalde de Busto de Bureba (Burgos, 143 habitantes), menciona los siempre peliagudos puntos para obtener financiación: ellos la pidieron para convertir la planta baja del ayuntamiento “en un salón multiusos y espacio coworking”, pero no entraron de primeras, sino tras la renuncia del beneficiario anterior. El problema es que los tiempos habían corrido y apenas les quedó plazo para cumplir los trámites para obtener el dinero.
“Desde que nos dieron la resolución provisional hasta la definitiva ha pasado más de un año, he estado metiendo caña y nos decían que estaba el dinero en fiscalización”, lamenta Capillas, confiado en dejar el proyecto hecho antes del 30 de junio de 2026, cuando vence el periodo: “Probablemente, lo podamos cerrar, pero si no lo consigues se devuelve el dinero con intereses, es injusto”, lamenta. Sin embargo, aplaude el plan de ayudas. “Es una oportunidad de hacer proyectos”, celebra sobre estos eventuales ingresos, de nuevo con agradecimientos al secretario por su eficacia para coordinarse con las instituciones superiores y agilizar el recorrido de esas partidas, pues esos 260.000 euros aún por aterrizar pueden contribuir a que su pueblo siga resistiendo.
Bruselas y el pueblo zamorano de San Vitero guardan hilo directo pese a los 1.620 kilómetros que separan la cosmopolita sede de la Comisión Europea y el sobrio ayuntamiento de piedra de una comarca zamorana particularmente despoblada. Su relación se ha estrechado por el ambicioso plan de ayudas que la UE ha puesto en marcha para salir de la crisis provocada por la pandemia, un cañonazo de más de 160.000 millones de euros en el caso de España, que supone una oportunidad y a la vez un reto. Ejecutar tanto dinero en tan poco tiempo ―el plan de recuperación finaliza el año que viene― es una tarea compleja, que se convierte en un desafío mayúsculo para las localidades más pequeñas, donde todo obstáculo se amplifica: la burocracia, la falta de personal capacitado para cumplir los requerimientos y los plazos que comprometen el manguerazo económico.. Seguir leyendo
