El Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles da un paso más en su choque con Interior por la crisis de Ceuta y, esta vez, no se limita a mirar hacia los avisos previos. El departamento cuestiona ya también la gestión posterior: considera que la respuesta debería avanzar con mayor «rapidez» y cree que faltan medios para agilizarla. Además, se ofrece a prestar apoyo si Interior lo solicita expresamente: apuntan a que podría reforzarse el personal destinado a los triajes y ponen como ejemplo pasar «de 50 a 150 funcionarios». Desde otros departamentos del Gobierno aseguran que esa posibilidad ya se estudió, pero se consideró que la incorporación de apoyo adicional no iba a agilizar por sí sola los triajes. Estas fuentes sostienen que el principal cuello de botella está en la tramitación administrativa y que, por tanto, la prioridad es acelerar esos procedimientos.. Desde el Ministerio de Defensa defienden que el Ejército ya está haciendo todo lo que permiten sus competencias y rechazan que pueda asumir -sin que así se lo soliciten- funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El departamento admite que los militares podrían prestar apoyo adicional en determinadas tareas, incluidos trabajos de apoyo al triaje, pero insiste en que para ello tendría que existir una petición expresa que, hasta ahora, no se ha producido. Recuerdan que ese fue precisamente el procedimiento durante la pandemia o el pasado 30 de julio, cuando se reclamó la intervención militar una vez desbordada la situación en Ceuta.. La posición ahonda en un choque que se ha hecho visible en varias ocasiones desde finales de julio, aunque hasta ahora había girado sobre todo en torno a la información previa a la crisis. El departamento de Robles insiste en que el CNI trasladó los avisos de los que disponía y ha tratado de acotar su responsabilidad sobre lo ocurrido antes de la entrada masiva. El nuevo reproche va un paso más allá y entra ya en la gestión posterior: Defensa cuestiona el ritmo y los medios desplegados para afrontar la crisis en ámbitos que dependen también de Interior, al que corresponden las competencias en materia de fronteras y seguridad bajo la responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska.. Lo cierto es que Interior ha ido reforzando el dispositivo desde que estalló la crisis, tanto en la vigilancia de la frontera como en la identificación y atención de los migrantes que permanecen en Ceuta. Una parte de ese atasco está en los triajes, el trámite en el que se determina, entre otras cuestiones, quién quiere solicitar protección internacional y quién puede acogerse a un retorno voluntario o continuar por otras vías administrativas. Es ahí donde Defensa considera que existe margen para acelerar la respuesta: cuando sus fuentes plantean que, «si hay 50 funcionarios, podrían destinarse 150», se refieren a reforzar el personal encargado de esas tareas para agilizar una gestión cuya lentitud también viene denunciando el PP.. De hecho, buena parte de los retornos voluntarios comunicados por el Gobierno se producen después de que las personas migrantes manifiesten durante ese triaje que no quieren solicitar protección internacional. El reproche de Defensa no es, por tanto, que Interior no haya movilizado medios desde julio, sino que considera que todavía podría destinar más recursos humanos para acelerar una fase administrativa que sigue condicionando la salida de la crisis. En todo caso, insisten en que es Interior quien debe hacer una petición expresa a Defensa si necesitan un apoyo adicional de las Fuerzas Armadas.. Desde otros departamentos del Gobierno matizan, sin embargo, que el posible apoyo de las Fuerzas Armadas tendría un alcance limitado. La opción de sumar medios al triaje ya se habría valorado, pero se consideró que no resolvería el principal cuello de botella, que sitúan en la tramitación administrativa posterior. Esos procedimientos —como los de protección internacional o devolución— deben ser instruidos por los órganos competentes y no pueden trasladarse sin más a personal militar. Sin embargo, desde el Ejecutivo no cierran del todo ninguna puerta ni opción para acelerar los procedimientos.. Este miércoles, las desavenencias se hicieron públicas en el Congreso, aunque por otro frente. Robles aprovechó la sesión de control para reclamar públicamente a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que permita comparecer a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Gastos Reservados para explicar el papel de los servicios de Inteligencia antes de la entrada masiva del 30 de julio. La petición llegaba después de que el PP acusase al Gobierno de impedir que la máxima responsable del CNI acudiese al Congreso y después de que la Junta de Portavoces fijase la comparecencia de Robles para el próximo 6 de octubre, descartando así la de la directora del CNI.. La ministra quiso despejar cualquier duda desde el hemiciclo. Aseguró que explicará en esa comisión todo lo relativo a la actuación de Inteligencia que pueda abordar en un órgano reservado y pidió expresamente que Casteleiro pueda hacer lo mismo. Robles ya había mostrado anteriormente su disposición a comparecer acompañada de la directora del CNI y este miércoles insistió en que Casteleiro acudiría sin inconveniente si fuese citada.. En Defensa no ocultan su malestar con que esa comparecencia no se produzca. En el entorno de Robles consideran difícil de entender que la directora del CNI no haya sido convocada cuando existe una controversia política precisamente sobre los avisos de Inteligencia previos a la crisis. Ese frente parlamentario coincide con la investigación judicial sobre lo ocurrido. La jueza ha solicitado nueva documentación e informes relativos a julio y agosto y, según el departamento de Robles, para responder a esos requerimientos será necesario revisar qué materiales permanecen clasificados y cuáles pueden desclasificarse. Corresponderá primero al CNI determinar la documentación afectada y, cuando sea necesario levantar su clasificación, la decisión tendrá que pasar posteriormente por el Consejo de Ministros.
El departamento de Margarita Robles se ofrece a aportar más medios a través de las Fuerzas Armadas para acelerar la respuesta a la crisis, pero recuerda que para hacerlo se lo tiene que solicitar expresamente el Ministerio del Interior.
El Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles da un paso más en su choque con Interior por la crisis de Ceuta y, esta vez, no se limita a mirar hacia los avisos previos. El departamento cuestiona ya también la gestión posterior: considera que la respuesta debería avanzar con mayor «rapidez» y cree que faltan medios para agilizarla. Además, se ofrece a prestar apoyo si Interior lo solicita expresamente: apuntan a que podría reforzarse el personal destinado a los triajes y ponen como ejemplo pasar «de 50 a 150 funcionarios». Desde otros departamentos del Gobierno aseguran que esa posibilidad ya se estudió, pero se consideró que la incorporación de apoyo adicional no iba a agilizar por sí sola los triajes. Estas fuentes sostienen que el principal cuello de botella está en la tramitación administrativa y que, por tanto, la prioridad es acelerar esos procedimientos.. Desde el Ministerio de Defensa defienden que el Ejército ya está haciendo todo lo que permiten sus competencias y rechazan que pueda asumir -sin que así se lo soliciten- funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El departamento admite que los militares podrían prestar apoyo adicional en determinadas tareas, incluidos trabajos de apoyo al triaje, pero insiste en que para ello tendría que existir una petición expresa que, hasta ahora, no se ha producido. Recuerdan que ese fue precisamente el procedimiento durante la pandemia o el pasado 30 de julio, cuando se reclamó la intervención militar una vez desbordada la situación en Ceuta.. La posición ahonda en un choque que se ha hecho visible en varias ocasiones desde finales de julio, aunque hasta ahora había girado sobre todo en torno a la información previa a la crisis. El departamento de Robles insiste en que el CNI trasladó los avisos de los que disponía y ha tratado de acotar su responsabilidad sobre lo ocurrido antes de la entrada masiva. El nuevo reproche va un paso más allá y entra ya en la gestión posterior: Defensa cuestiona el ritmo y los medios desplegados para afrontar la crisis en ámbitos que dependen también de Interior, al que corresponden las competencias en materia de fronteras y seguridad bajo la responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska.. Lo cierto es que Interior ha ido reforzando el dispositivo desde que estalló la crisis, tanto en la vigilancia de la frontera como en la identificación y atención de los migrantes que permanecen en Ceuta. Una parte de ese atasco está en los triajes, el trámite en el que se determina, entre otras cuestiones, quién quiere solicitar protección internacional y quién puede acogerse a un retorno voluntario o continuar por otras vías administrativas. Es ahí donde Defensa considera que existe margen para acelerar la respuesta: cuando sus fuentes plantean que, «si hay 50 funcionarios, podrían destinarse 150», se refieren a reforzar el personal encargado de esas tareas para agilizar una gestión cuya lentitud también viene denunciando el PP.. De hecho, buena parte de los retornos voluntarios comunicados por el Gobierno se producen después de que las personas migrantes manifiesten durante ese triaje que no quieren solicitar protección internacional. El reproche de Defensa no es, por tanto, que Interior no haya movilizado medios desde julio, sino que considera que todavía podría destinar más recursos humanos para acelerar una fase administrativa que sigue condicionando la salida de la crisis. En todo caso, insisten en que es Interior quien debe hacer una petición expresa a Defensa si necesitan un apoyo adicional de las Fuerzas Armadas.. Desde otros departamentos del Gobierno matizan, sin embargo, que el posible apoyo de las Fuerzas Armadas tendría un alcance limitado. La opción de sumar medios al triaje ya se habría valorado, pero se consideró que no resolvería el principal cuello de botella, que sitúan en la tramitación administrativa posterior. Esos procedimientos —como los de protección internacional o devolución— deben ser instruidos por los órganos competentes y no pueden trasladarse sin más a personal militar. Sin embargo, desde el Ejecutivo no cierran del todo ninguna puerta ni opción para acelerar los procedimientos.. Robles reclama que comparezca la directora del CNI. Este miércoles, las desavenencias se hicieron públicas en el Congreso, aunque por otro frente. Robles aprovechó la sesión de control para reclamar públicamente a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que permita comparecer a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Gastos Reservados para explicar el papel de los servicios de Inteligencia antes de la entrada masiva del 30 de julio. La petición llegaba después de que el PP acusase al Gobierno de impedir que la máxima responsable del CNI acudiese al Congreso y después de que la Junta de Portavoces fijase la comparecencia de Robles para el próximo 6 de octubre, descartando así la de la directora del CNI.. La ministra quiso despejar cualquier duda desde el hemiciclo. Aseguró que explicará en esa comisión todo lo relativo a la actuación de Inteligencia que pueda abordar en un órgano reservado y pidió expresamente que Casteleiro pueda hacer lo mismo. Robles ya había mostrado anteriormente su disposición a comparecer acompañada de la directora del CNI y este miércoles insistió en que Casteleiro acudiría sin inconveniente si fuese citada.. En Defensa no ocultan su malestar con que esa comparecencia no se produzca. En el entorno de Robles consideran difícil de entender que la directora del CNI no haya sido convocada cuando existe una controversia política precisamente sobre los avisos de Inteligencia previos a la crisis. Ese frente parlamentario coincide con la investigación judicial sobre lo ocurrido. La jueza ha solicitado nueva documentación e informes relativos a julio y agosto y, según el departamento de Robles, para responder a esos requerimientos será necesario revisar qué materiales permanecen clasificados y cuáles pueden desclasificarse. Corresponderá primero al CNI determinar la documentación afectada y, cuando sea necesario levantar su clasificación, la decisión tendrá que pasar posteriormente por el Consejo de Ministros.
