En una clase de la universidad, el médico forense Miguel Lorente dibujó una vez un rectángulo con tiza en el suelo. 2,73 metros de largo y un ancho irregular de entre un metro y un metro y medio: son las dimensiones del habitáculo en el que cinco hombres acorralaron y violaron a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016. Después, pidió a seis de sus alumnos que entraran y estos vieron que apenas había espacio para moverse. Acto seguido, les preguntó: «¿Eso intimida o no?». Los estudiantes entonces lo tuvieron claro, pero hace ahora diez años esa respuesta no fue tan contundente para la Justicia, que inicialmente consideró que ser sometida a múltiples penetraciones mientras uno de ellos grababa los hechos con un móvil no era suficientemente intimidatorio porque la víctima no se había resistido con uñas y dientes.. La violación grupal de La Manada desencadenó uno de los procesos judiciales más controvertidos de los últimos años y un estallido social que activó la cuarta ola del feminismo y que acabaría materializándose en una reforma del Código Penal con la ley del ‘solo sí es sí’. El «No es abuso, es violación» nació entonces de los gritos de indignación de miles de personas tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que en 2018 condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión, pero no por una agresión sexual, sino por un delito continuado de abuso sexual, pues los magistrados no apreciaron intimidación en los hechos. En ese fallo se recogió el voto particular del juez Ricardo González, que pidió la absolución de los agresores y llegó incluso a enmarcar los hechos en un «ambiente de jolgorio y regocijo». Estas declaraciones terminaron de encender la rabia de una sociedad que se revolvió ante la brutalidad de los hechos y cuestionó la tendencia a culpabilizar a las víctimas por su comportamiento ante un hecho traumático, en lugar de centrar la responsabilidad en el agresor.. Tuvieron que pasar tres años hasta que el Tribunal Supremo corrigiese las sentencias anteriores y concluyera que, efectivamente, lo que sufrió esa joven en la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona había sido una agresión sexual. La pena pasó de nueve a quince años de prisión y la sentencia fijó una doctrina que marcaría la interpretación de los delitos sexuales en los años siguientes. Vicente Magro fue uno de los cinco magistrados que elaboraron esa sentencia histórica. «Nosotros, en base a los hechos probados, entendimos que la conducta era intimidatoria. Era un hecho objetivo, porque fueron cinco personas en un portal», relata a 20minutos.. Aquella condena, recuerda, no cambió los hechos, sino su interpretación jurídica: desde entonces, situaciones similares han pasado a calificarse como violación y la doctrina ha servido de referencia para tribunales de todo el país. «Éramos conscientes de que era un caso muy importante para la sociedad, pero nosotros no resolvemos en función de lo que opina la gente. Si hubiéramos entendido que no había intimidación, lo habríamos dicho. Pero era evidente que sí, y además fue una sentencia unánime de los cinco; no hubo ninguna discrepancia”, cuenta.. El «gran cambio»: del ‘no es no’ al ‘solo sí es sí’. Para Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, el caso de La Manada fue un punto de inflexión que supuso «una quiebra con la manera habitual de entender la violencia sexual». «La sociedad empezó a cuestionar los mismos mitos y estereotipos que también estaban presentes en la Justicia», asegura. La culpabilización de la víctima y la justificación de los agresores provocaron una respuesta contundente en las calles, con movilizaciones masivas en varios puntos del país. «La respuesta del movimiento feminista hizo que la sociedad se parara y se preguntara qué estaba pasando. Ese fue el gran cambio», asegura.. El consentimiento pasó así a protagonizar conversaciones y pancartas. El caso de Pamplona centró el debate en si una mujer necesita resistirse con empeño para que se considere que ha sufrido una violación o si el shock de la situación puede llegar a anular cualquier posibilidad real de decidir o de resistirse. Se pasó del ‘no es no’ al ‘solo sí es sí’, lema con el que luego se bautizaría a una de las grandes herederas de esas protestas: la ley de libertad sexual, aprobada en 2022, que puso el consentimiento en el centro, apuntalando el «Hermana, yo sí te creo» que se gritó en las calles en solidaridad con la víctima de La Manada, primero, y después con todas las mujeres cuestionadas tras una agresión sexual.. La norma, impulsada por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual y unificó todos los delitos sexuales bajo un mismo tipo penal basado en la ausencia de consentimiento. Al meterlo todo en el mismo saco, la reforma ensanchó la horquilla de penas, de tal modo que la condena máxima pasó a ser más alta, pero la mínima se redujo también. Esto acabó provocando un efecto tan inesperado como criticado: más de un millar de agresores sexuales consiguieron reducir sus condenas gracias a un artículo de la ley penal que establece que se podrá aplicar al reo la ley más favorable. Si al condenado antes del ‘sí es sí’ se le impuso la pena mínima, al haber bajado ese umbral con la nueva legislación se le tenía que revisar el castigo a la baja.. Paradójicamente, el mismo caso que impulsó el debate político y social que desembocó en esta ley terminó viéndose afectado por la aplicación de esa norma. Entre 2023 y 2025, tres de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines vieron rebajadas sus penas de 15 a 14 años al aplicarse el nuevo marco penal más favorable. Este asunto provocó un cisma entre los socios del Gobierno —entonces PSOE y Unidas Podemos—, pues los socialistas reformaron la ley para imponer penas más altas a las agresiones cometidas con violencia e intimidación, mientras la formación morada consideraba que eso era volver «al Código Penal de La Manada», en el que se obligaba a la víctima a demostrar que «había cerrado bien las piernas». La reforma al final salió adelante con el apoyo del PP, pero mantuvo intacto el pilar central: que toda relación sexual sin consentimiento es una agresión sexual.. «Los protocolos funcionaron». Teresa Sáez estaba en Pamplona el día que todo el país se enteró del caso. Ella lleva toda la vida dedicándose al activismo feminista y es cofundadora de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra y fundadora de la asociación Lunes Lila, en Pamplona. «Lo vivimos con mucha rabia e indignación. La gente salió rápidamente a las calles demostrando algo que yo creo que ya estaba ahí gracias a un trabajo previo del que no éramos del todo conscientes. Porque, si algo demostró este caso, es que los protocolos que se venían trabajando desde hacía ocho años, desde el asesinato de Nagore Laffage, estaban funcionando. Es decir, que desde que esa chica fue atendida en la calle por un matrimonio, la Policía se puso a trabajar, el movimiento salió a las calles, el Ayuntamiento se movilizó. El protocolo funcionó y eso fue muy importante», destaca a este periódico.. Lo que falló, según Sáez, fue lo que vino después: la justicia y las instituciones revictimizaron a la víctima a través de un escrutinio constante, el interrogatorio sobre su falta de resistencia física e incluso la contratación de detectives privados por parte de la defensa para investigar su vida. «A pesar de las polémicas que haya podido haber en torno a la ley del ‘solo sí es sí’, esa norma ha supuesto una atención jurídica que hasta entonces no existía. Tiene un planteamiento de atención integral. No sé si vamos a poder terminar en el corto plazo con la violencia sexual, pero que al menos estén puestos los centros integrales de atención 24 horas. Es decir, que cuando ocurra, esa mujer sienta que tiene recursos que la atienden y una sociedad que la apoya y que no la culpa», subraya.. 10 años después. Diez años después, los tres coinciden en que el caso de La Manada transformó la manera de entender la violencia sexual, aunque discrepan sobre el alcance de esa transformación. Desde el plano jurídico, el magistrado del Supremo Vicente Magro reconoce la evolución de la jurisprudencia, pero advierte de que las agresiones sexuales no han disminuido, ni siquiera después de casos mediáticos como este que lanzaron el mensaje de que una agresión sexual se puede pagar con muchos años de cárcel. «Lo sorprendente es que sigan produciéndose tantos casos», señala Magro, que advierte de agresiones grupales entre jóvenes y reivindica la necesidad de poner coto a la pornografía para vetar su acceso a los menores de edad.. Para Miguel Lorente, el verdadero cambio se dio en la sociedad. Según el experto en violencia de género, ni el caso de Luis Rubiales, que besó a una de las jugadoras de la selección española sin consentimiento; ni el proceso del diputado Íñigo Errejón; ni el del jugador de fútbol Dani Alves por la supuesta agresión a una chica en el baño de una discoteca, hubiesen llegado a ningún lado, probablemente, de no haber sido por el estallido social que se originó con el caso de La Manada. «La sociedad ya no admite ese tipo de cosas. Se tomó conciencia de lo que es el consentimiento, el abuso de la posición y el ataque sorpresivo», asegura.. Desde Pamplona, Teresa Sáez comparte ese diagnóstico. Cree que la conciencia social ha avanzado de forma «importantísima», pero advierte de una reacción que cuestiona esos progresos. Aun así, está convencida de que hay conquistas irreversibles: «Lo que ya hemos vivido en libertad y derechos es muy difícil de quitar. Y si hace falta, volveremos a salir a las calles».. Los datos muestran que todavía queda mucho por hacer para erradicar las violencias sexuales. Según la última Macrencuesta de Violencia contra la Mujer, del Ministerio de Igualdad, más de tres millones de mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. El 14,5% de las mujeres de España, el 95% de ellas, no acudieron a la policía. El informe revela que persiste todavía el miedo a no ser creídas, a ser cuestionadas e incluso la vergüenza por haber sido víctima de una agresión sexual. El 36,6% de las mujeres víctimas que no denunciaron asegura que fue por «vergüenza», «apuro» o porque «no quería que nadie lo supiera». Casi dos de cada diez no dio el paso de acudir a la Policía porque pensó que era su culpa; y otro 21,4% por temor a que no la creyeran. Las cifras reflejan que, aunque la respuesta judicial y social ha cambiado, el silencio que rodea a muchas agresiones sexuales sigue alimentándose del mismo miedo: el de no ser creídas.
El caso de La Manada se convirtió en el gran catalizador del debate sobre el consentimiento que años después cristalizaría en la ley del ‘solo sí es sí’.
En una clase de la universidad, el médico forense Miguel Lorente dibujó una vez un rectángulo con tiza en el suelo. 2,73 metros de largo y un ancho irregular de entre un metro y un metro y medio: son las dimensiones del habitáculo en el que cinco hombres acorralaron y violaron a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016. Después, pidió a seis de sus alumnos que entraran y estos vieron que apenas había espacio para moverse. Acto seguido, les preguntó: «¿Eso intimida o no?». Los estudiantes entonces lo tuvieron claro, pero hace ahora diez años esa respuesta no fue tan contundente para la Justicia, que inicialmente consideró que ser sometida a múltiples penetraciones mientras uno de ellos grababa los hechos con un móvil no era suficientemente intimidatorio porque la víctima no se había resistido con uñas y dientes.. La violación grupal de La Manada desencadenó uno de los procesos judiciales más controvertidos de los últimos años y un estallido social que activó la cuarta ola del feminismo y que acabaría materializándose en una reforma del Código Penal con la ley del ‘solo sí es sí’. El «No es abuso, es violación» nació entonces de los gritos de indignación de miles de personas tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que en 2018 condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión, pero no por una agresión sexual, sino por un delito continuado de abuso sexual, pues los magistrados no apreciaron intimidación en los hechos. En ese fallo se recogió el voto particular del juez Ricardo González, que pidió la absolución de los agresores y llegó incluso a enmarcar los hechos en un «ambiente de jolgorio y regocijo». Estas declaraciones terminaron de encender la rabia de una sociedad que se revolvió ante la brutalidad de los hechos y cuestionó la tendencia a culpabilizar a las víctimas por su comportamiento ante un hecho traumático, en lugar de centrar la responsabilidad en el agresor.. Tuvieron que pasar tres años hasta que el Tribunal Supremo corrigiese las sentencias anteriores y concluyera que, efectivamente, lo que sufrió esa joven en la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona había sido una agresión sexual. La pena pasó de nueve a quince años de prisión y la sentencia fijó una doctrina que marcaría la interpretación de los delitos sexuales en los años siguientes. Vicente Magro fue uno de los cinco magistrados que elaboraron esa sentencia histórica. «Nosotros, en base a los hechos probados, entendimos que la conducta era intimidatoria. Era un hecho objetivo, porque fueron cinco personas en un portal», relata a 20minutos.. Aquella condena, recuerda, no cambió los hechos, sino su interpretación jurídica: desde entonces, situaciones similares han pasado a calificarse como violación y la doctrina ha servido de referencia para tribunales de todo el país. «Éramos conscientes de que era un caso muy importante para la sociedad, pero nosotros no resolvemos en función de lo que opina la gente. Si hubiéramos entendido que no había intimidación, lo habríamos dicho. Pero era evidente que sí, y además fue una sentencia unánime de los cinco; no hubo ninguna discrepancia”, cuenta.. El «gran cambio»: del ‘no es no’ al ‘solo sí es sí’. Para Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, el caso de La Manada fue un punto de inflexión que supuso «una quiebra con la manera habitual de entender la violencia sexual». «La sociedad empezó a cuestionar los mismos mitos y estereotipos que también estaban presentes en la Justicia», asegura. La culpabilización de la víctima y la justificación de los agresores provocaron una respuesta contundente en las calles, con movilizaciones masivas en varios puntos del país. «La respuesta del movimiento feminista hizo que la sociedad se parara y se preguntara qué estaba pasando. Ese fue el gran cambio», asegura.. El consentimiento pasó así a protagonizar conversaciones y pancartas. El caso de Pamplona centró el debate en si una mujer necesita resistirse con empeño para que se considere que ha sufrido una violación o si el shock de la situación puede llegar a anular cualquier posibilidad real de decidir o de resistirse. Se pasó del ‘no es no’ al ‘solo sí es sí’, lema con el que luego se bautizaría a una de las grandes herederas de esas protestas: la ley de libertad sexual, aprobada en 2022, que puso el consentimiento en el centro, apuntalando el «Hermana, yo sí te creo» que se gritó en las calles en solidaridad con la víctima de La Manada, primero, y después con todas las mujeres cuestionadas tras una agresión sexual.. La norma, impulsada por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual y unificó todos los delitos sexuales bajo un mismo tipo penal basado en la ausencia de consentimiento. Al meterlo todo en el mismo saco, la reforma ensanchó la horquilla de penas, de tal modo que la condena máxima pasó a ser más alta, pero la mínima se redujo también. Esto acabó provocando un efecto tan inesperado como criticado: más de un millar de agresores sexuales consiguieron reducir sus condenas gracias a un artículo de la ley penal que establece que se podrá aplicar al reo la ley más favorable. Si al condenado antes del ‘sí es sí’ se le impuso la pena mínima, al haber bajado ese umbral con la nueva legislación se le tenía que revisar el castigo a la baja.. Paradójicamente, el mismo caso que impulsó el debate político y social que desembocó en esta ley terminó viéndose afectado por la aplicación de esa norma. Entre 2023 y 2025, tres de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines vieron rebajadas sus penas de 15 a 14 años al aplicarse el nuevo marco penal más favorable. Este asunto provocó un cisma entre los socios del Gobierno —entonces PSOE y Unidas Podemos—, pues los socialistas reformaron la ley para imponer penas más altas a las agresiones cometidas con violencia e intimidación, mientras la formación morada consideraba que eso era volver «al Código Penal de La Manada», en el que se obligaba a la víctima a demostrar que «había cerrado bien las piernas». La reforma al final salió adelante con el apoyo del PP, pero mantuvo intacto el pilar central: que toda relación sexual sin consentimiento es una agresión sexual.. «Los protocolos funcionaron». Teresa Sáez estaba en Pamplona el día que todo el país se enteró del caso. Ella lleva toda la vida dedicándose al activismo feminista y es cofundadora de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra y fundadora de la asociación Lunes Lila, en Pamplona. «Lo vivimos con mucha rabia e indignación. La gente salió rápidamente a las calles demostrando algo que yo creo que ya estaba ahí gracias a un trabajo previo del que no éramos del todo conscientes. Porque, si algo demostró este caso, es que los protocolos que se venían trabajando desde hacía ocho años, desde el asesinato de Nagore Laffage, estaban funcionando. Es decir, que desde que esa chica fue atendida en la calle por un matrimonio, la Policía se puso a trabajar, el movimiento salió a las calles, el Ayuntamiento se movilizó. El protocolo funcionó y eso fue muy importante», destaca a este periódico.. Lo que falló, según Sáez, fue lo que vino después: la justicia y las instituciones revictimizaron a la víctima a través de un escrutinio constante, el interrogatorio sobre su falta de resistencia física e incluso la contratación de detectives privados por parte de la defensa para investigar su vida. «A pesar de las polémicas que haya podido haber en torno a la ley del ‘solo sí es sí’, esa norma ha supuesto una atención jurídica que hasta entonces no existía. Tiene un planteamiento de atención integral. No sé si vamos a poder terminar en el corto plazo con la violencia sexual, pero que al menos estén puestos los centros integrales de atención 24 horas. Es decir, que cuando ocurra, esa mujer sienta que tiene recursos que la atienden y una sociedad que la apoya y que no la culpa», subraya.. 10 años después. Diez años después, los tres coinciden en que el caso de La Manada transformó la manera de entender la violencia sexual, aunque discrepan sobre el alcance de esa transformación. Desde el plano jurídico, el magistrado del Supremo Vicente Magro reconoce la evolución de la jurisprudencia, pero advierte de que las agresiones sexuales no han disminuido, ni siquiera después de casos mediáticos como este que lanzaron el mensaje de que una agresión sexual se puede pagar con muchos años de cárcel. «Lo sorprendente es que sigan produciéndose tantos casos», señala Magro, que advierte de agresiones grupales entre jóvenes y reivindica la necesidad de poner coto a la pornografía para vetar su acceso a los menores de edad.. Para Miguel Lorente, el verdadero cambio se dio en la sociedad. Según el experto en violencia de género, ni el caso de Luis Rubiales, que besó a una de las jugadoras de la selección española sin consentimiento; ni el proceso del diputado Íñigo Errejón; ni el del jugador de fútbol Dani Alves por la supuesta agresión a una chica en el baño de una discoteca, hubiesen llegado a ningún lado, probablemente, de no haber sido por el estallido social que se originó con el caso de La Manada. «La sociedad ya no admite ese tipo de cosas. Se tomó conciencia de lo que es el consentimiento, el abuso de la posición y el ataque sorpresivo», asegura.. Desde Pamplona, Teresa Sáez comparte ese diagnóstico. Cree que la conciencia social ha avanzado de forma «importantísima», pero advierte de una reacción que cuestiona esos progresos. Aun así, está convencida de que hay conquistas irreversibles: «Lo que ya hemos vivido en libertad y derechos es muy difícil de quitar. Y si hace falta, volveremos a salir a las calles».. Los datos muestran que todavía queda mucho por hacer para erradicar las violencias sexuales. Según la última Macrencuesta de Violencia contra la Mujer, del Ministerio de Igualdad, más de tres millones de mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. El 14,5% de las mujeres de España, el 95% de ellas, no acudieron a la policía. El informe revela que persiste todavía el miedo a no ser creídas, a ser cuestionadas e incluso la vergüenza por haber sido víctima de una agresión sexual. El 36,6% de las mujeres víctimas que no denunciaron asegura que fue por «vergüenza», «apuro» o porque «no quería que nadie lo supiera». Casi dos de cada diez no dio el paso de acudir a la Policía porque pensó que era su culpa; y otro 21,4% por temor a que no la creyeran. Las cifras reflejan que, aunque la respuesta judicial y social ha cambiado, el silencio que rodea a muchas agresiones sexuales sigue alimentándose del mismo miedo: el de no ser creídas.
