Aproximadamente dos de cada tres inmigrantes regularizados con la medida del Gobierno podrán optar a la nacionalidad española dentro de dos años. Según los cálculos del Ejecutivo, el 67% de los solicitantes de la regularización extraordinaria proceden de países de América Latina, para los cuales España contempla una vía más rápida de nacionalización que solo exige dos años de residencia legal y continuada en el país, y no los diez años que se exigen a la mayoría de extranjeros, siempre que acrediten buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española.. El pasado martes se cerraron las ventanillas para presentar las solicitudes de regularización, después de dos meses y medio de procedimiento en el que se han recibido casi 1,2 millones de peticiones, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El decreto del Gobierno concede papeles a extranjeros en situación irregular que hubiesen llegado a España antes de enero de 2026 y pudieran acreditar al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida en el país, siempre y cuando no cuenten con antecedentes penales.. El departamento que dirige Elma Saiz ya ha dibujado un perfil claro de los solicitantes de la regularización: hombres, de menos de 44 años y, en su gran mayoría, procedentes de países de América Central o del Sur. Colombia es el país mayoritario, que concentra el 25,9% de las solicitudes; pero también está Venezuela en el tercer puesto, después de Marruecos, con un 11,8%; Perú, con un 8,8%; Honduras, con un 4,8%; Paraguay, con un 3,8%; o Argentina, con un 2,3%. Así, y siempre según ese 67% del que habla el Gobierno, en torno a 800.000 latinoamericanos estarían en proceso de regularizar su situación administrativa.. El procedimiento acaba de culminar su primera fase, ahora quedan por analizar todos los expedientes para dar las notificaciones recibidas, pero fuentes de las entidades sociales colaboradoras en la medida aseguran que «el porcentaje de concesiones es muy elevado», ya que los requisitos eran «muy sencillos y muy claros», con lo cual lo más probable es que la cifra de regularizaciones concedidas no varíe mucho con respecto a la de las solicitudes realizadas.. La medida, que es temporal, les permitirá vivir y trabajar en España durante un año, tras el cual tendrán que acogerse a las vías habituales de regularización por arraigo que contempla el reglamento de extranjería. Y si consiguen mantener su situación durante al menos dos años, podrían incluso llegar a conseguir la nacionalidad y, por ende, disfrutar de todos los derechos y libertades que otorga el pasaporte español: vivir, trabajar y desplazarse libremente por cualquier país de la Unión Europea, votar y ser elegido en las elecciones autonómicas y generales y poder acceder a un empleo público y a determinadas oposiciones.. Los migrantes regularizados que sean de algún país de América Latina podrán acceder a esos derechos antes que el resto de extranjeros porque existen ciertos beneficios a la hora de obtener la nacionalidad para los ciudadanos de determinados países. Si para la mayoría el trámite suele exigir 10 años de residencia legal en España, para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, el requisito se reduce a dos años. Un trato de favor a América Latina que en España se hace desde hace décadas por razones de afinidad histórica y cultural con esos estados y con la voluntad de favorecer la integración de ciudadanos procedentes de países con una relación especial con España.. Para poder acogerse a esta vía rápida, se tiene que cumplir una serie de requisitos, como acreditar una residencia legal y continuada, que comienza a computar desde que se aprueba el primer permiso de residencia, el cual, en este caso, se obtendría con la regularización extraordinaria del Gobierno. En cualquier caso, no es un trámite automático. Siempre se lleva a cabo una evaluación personalizada para analizar si se cumplen todos los requisitos recogidos en el artículo 22 del Código Civil.. Más allá de esos dos años de residencia legal y continuada, la persona migrante debe demostrar una buena conducta cívica, comprobándose asuntos como los antecedentes penales. También se evalúa el grado de integración en la sociedad española y, para ello, desde 2015 puede acreditarse mediante exámenes del Instituto Cervantes sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Además, la nacionalidad tampoco es un derecho definitivo: la resolución puede ser denegada por motivos de orden público o interés nacional, incluso si cumple el requisito temporal.
El 67% de los solicitantes de la regularización del Gobierno proceden de países de América Latina para los cuales existe una vía más rápida de nacionalización que solo exige dos años de residencia legal y no los diez habituales.
Aproximadamente dos de cada tres inmigrantes regularizados con la medida del Gobierno podrán optar a la nacionalidad española dentro de dos años. Según los cálculos del Ejecutivo, el 67% de los solicitantes de la regularización extraordinaria proceden de países de América Latina, para los cuales España contempla una vía más rápida de nacionalización que solo exige dos años de residencia legal y continuada en el país, y no los diez años que se exigen a la mayoría de extranjeros, siempre que acrediten buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española.. El pasado martes se cerraron las ventanillas para presentar las solicitudes de regularización, después de dos meses y medio de procedimiento en el que se han recibido casi 1,2 millones de peticiones, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El decreto del Gobierno concede papeles a extranjeros en situación irregular que hubiesen llegado a España antes de enero de 2026 y pudieran acreditar al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida en el país, siempre y cuando no cuenten con antecedentes penales.. El departamento que dirige Elma Saiz ya ha dibujado un perfil claro de los solicitantes de la regularización: hombres, de menos de 44 años y, en su gran mayoría, procedentes de países de América Central o del Sur. Colombia es el país mayoritario, que concentra el 25,9% de las solicitudes; pero también está Venezuela en el tercer puesto, después de Marruecos, con un 11,8%; Perú, con un 8,8%; Honduras, con un 4,8%; Paraguay, con un 3,8%; o Argentina, con un 2,3%. Así, y siempre según ese 67% del que habla el Gobierno, en torno a 800.000 latinoamericanos estarían en proceso de regularizar su situación administrativa.. El procedimiento acaba de culminar su primera fase, ahora quedan por analizar todos los expedientes para dar las notificaciones recibidas, pero fuentes de las entidades sociales colaboradoras en la medida aseguran que «el porcentaje de concesiones es muy elevado», ya que los requisitos eran «muy sencillos y muy claros», con lo cual lo más probable es que la cifra de regularizaciones concedidas no varíe mucho con respecto a la de las solicitudes realizadas.. La medida, que es temporal, les permitirá vivir y trabajar en España durante un año, tras el cual tendrán que acogerse a las vías habituales de regularización por arraigo que contempla el reglamento de extranjería. Y si consiguen mantener su situación durante al menos dos años, podrían incluso llegar a conseguir la nacionalidad y, por ende, disfrutar de todos los derechos y libertades que otorga el pasaporte español: vivir, trabajar y desplazarse libremente por cualquier país de la Unión Europea, votar y ser elegido en las elecciones autonómicas y generales y poder acceder a un empleo público y a determinadas oposiciones.. Los migrantes regularizados que sean de algún país de América Latina podrán acceder a esos derechos antes que el resto de extranjeros porque existen ciertos beneficios a la hora de obtener la nacionalidad para los ciudadanos de determinados países. Si para la mayoría el trámite suele exigir 10 años de residencia legal en España, para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, el requisito se reduce a dos años. Un trato de favor a América Latina que en España se hace desde hace décadas por razones de afinidad histórica y cultural con esos estados y con la voluntad de favorecer la integración de ciudadanos procedentes de países con una relación especial con España.. No es un derecho automático. Para poder acogerse a esta vía rápida, se tiene que cumplir una serie de requisitos, como acreditar una residencia legal y continuada, que comienza a computar desde que se aprueba el primer permiso de residencia, el cual, en este caso, se obtendría con la regularización extraordinaria del Gobierno. En cualquier caso, no es un trámite automático. Siempre se lleva a cabo una evaluación personalizada para analizar si se cumplen todos los requisitos recogidos en el artículo 22 del Código Civil.. Más allá de esos dos años de residencia legal y continuada, la persona migrante debe demostrar una buena conducta cívica, comprobándose asuntos como los antecedentes penales. También se evalúa el grado de integración en la sociedad española y, para ello, desde 2015 puede acreditarse mediante exámenes del Instituto Cervantes sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Además, la nacionalidad tampoco es un derecho definitivo: la resolución puede ser denegada por motivos de orden público o interés nacional, incluso si cumple el requisito temporal.
