“No procede aprobar el real decreto proyectado”. Así finaliza el dictamen que ha emitido el Consejo de Estado sobre el refuerzo del registro horario, el reglamento con el que el Ministerio de Trabajo busca salvar al menos una parte del anteproyecto de ley para reducir la jornada. El dictamen, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que fue aprobado el pasado viernes, es muy crítico con el texto planteado por Trabajo: aunque aplaude el fin de la norma —evitar las horas extra impagadas mediante la obligatoriedad de un sistema digital interoperable por Inspección—, considera que no mide correctamente el impacto económico de la medida, que invade terreno legislativo pese a ser un reglamento (como viene denunciando CEOE), que no se adecúa correctamente a las necesidades específicas de los sectores y que no asegura la protección de datos de los trabajadores. El dictamen, no vinculante, también recoge extractos críticos de los informes emitidos por otras instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Economía, el de Función Pública o la Agencia Española de Protección de Datos.
El Consejo de Estado, presidido por la socialista Carmen Calvo, considera que “el impacto sobre las empresas no ha sido valorado por la memoria de impacto normativo en el modo en que ha de serlo para la correcta tramitación de la norma proyectada”. El dictamen indica que, ya que el registro digital será obligatorio para 1,35 millones de empresas (según datos del ministerio recogidos por el Consejo), la afirmación de Trabajo de que no supondrá un carga “resulta poco realista” y que un proyecto de tales características “requiere una más amplia tramitación”.
“Este sistema digital ha de comprarse pagando la licencia, conectarse a una red y ser accesible de forma constante”, argumenta el órgano consultivo, que va más allá y estima el impacto “inicial” de la medida en 867 millones de euros anuales, “sin tener en cuenta la implementación, la formación de los trabajadores y el mantenimiento”. Llegan a esta cifra multiplicando los 55,4 euros de coste anual por trabajador que estima el ministerio por los 15,6 millones de trabajadores a los que interpela la medida. “Ante estas cifras la afirmación de la memoria según la cual el proyecto no impacta significativamente sobre la economía en general […] no se corresponde con la realidad empresarial a la que se refiere ni parece derivar de un análisis detallado de la misma”, opina el Consejo de Estado.
También sobre costes, el Consejo de Estado critica que no haya un cálculo de impacto presupuestario y lo vincula con la queja al respecto del ministerio que dirige Óscar López: “Reviste especial interés el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que estima que el proyecto supondrá un gran impacto presupuestario para todas las Administraciones públicas, impacto que no se ha valorado”.
El Consejo de Estado también da peso en su dictamen al informe de otro ministerio dirigido por el PSOE, Economía. Subraya que el análisis de este departamento valora “favorablemente” el objetivo del proyecto, pero a la vez recoge, de forma literal, por qué Economía valora “desfavorablemente” la “puesta en marcha” del mismo: “Se considera necesario un periodo transitorio amplio y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes; y es necesario tener en cuenta que una imposición homogénea de estas obligaciones no tiene en cuenta la existencia de sectores cuyas especificidades hacen que estas medidas puedan resultar ser adaptadas a su realidad”.
El propio Consejo de Estado abunda en ese diagnóstico, al señalar que hay sectores que “tienen peculiaridades que desaconsejan imponer un sistema digital único de control, que sería aplicable, por ejemplo, a los porteros de fincas urbanas, los maquinistas de trenes o la hostelería al completo”. “Es procedente, por tanto, establecer que el proyectado real decreto no será de aplicación a las jornadas especiales de trabajo”, agrega el dictamen.
Protección de datos
El dictamen es especialmente crítico en materia de protección de datos, en línea con la AEPD, que emitió un informe desfavorable porque considera que el proyecto no garantiza el uso correcto de esa información y que falta sustento jurídico. “No basta con decir que no accederán a los datos las personas no legitimadas, es preciso establecer las garantías para que eso no suceda”, sintetiza el Consejo.
El Consejo indica que el dictamen “no aclara determinados aspectos de tanta relevancia como si se ha adoptado o se optará por un control biométrico o si los datos especialmente protegidos serán o no accesibles, ya que el sistema no está completamente desarrollado en sus aspectos técnicos”. El órgano consultivo denuncia que “se pretende implantar un modelo digital que aún no se ha definido, en función de unos requisitos técnicos que no se han dictado”.
Dado este análisis, el organismo considera que los datos de Trabajo “no son suficientes como para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España”. “La protección contra los eventuales riesgos no puede basarse en las simples alegaciones retóricas sobre la protección de datos, sino que debe fundarse en la descripción del sistema técnico, la forma de acceso, la limitación ante la entrada no autorizada y la especificación de los datos que se recopilan”, agrega el organismo.
Otras críticas
El Consejo de Estado cree que el planteamiento de Trabajo “no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley” ya vigente, “sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”. Es decir, como viene denunciando CEOE, considera que esta iniciativa del ministerio debería ser un proyecto de ley (lo que exige el aval del Parlamento) y no un reglamento (aplica sin aval del Legislativo). “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, sintetiza el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado también subraya que la declaración de urgencia del proyecto “no está adecuadamente justificada”, que los datos aportados en la memoria de impacto normativo son “manifiestamente insuficientes” y que los informes emitidos por distintas instituciones no han sido debidamente tenidos en cuenta: “No se trata de acumular informes y documentos, se trata de valorar las consideraciones emitidas por los particulares y por otros departamentos ministeriales y tratar de conseguir una norma completa”.
El dictamen incide incluso en la forma de expresarse del ministerio: “Señalar en un preámbulo que el registro de jornada fomentará el bienestar de todas las personas a todos los niveles, aumentará la productividad, repercutirá en la conciliación personal y familiar y mejorará la posición competitiva de España en el mercado global resulta excesivo. Lo propio del lenguaje jurídico no es la expresión de objetivos propugnados o expectativas. Sería oportuna una cierta contención”.
A la vez, pese a todas las críticas anteriores el Consejo de Estado concede que “el objetivo que persigue el proyecto de real decreto sometido a consulta merece una valoración positiva”. “La jornada de trabajo no debe extenderse más allá de lo previsto por las normas y su control efectivo puede repercutir en el bienestar de los trabajadores”, asevera el organismo consultivo.
“No procede aprobar el real decreto proyectado”. Así finaliza el dictamen que ha emitido el Consejo de Estado sobre el refuerzo del registro horario, el reglamento con el que el Ministerio de Trabajo busca salvar al menos una parte del anteproyecto de ley para reducir la jornada. El dictamen, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que fue aprobado el pasado viernes, es muy crítico con el texto planteado por Trabajo: aunque aplaude el fin de la norma —evitar las horas extra impagadas mediante la obligatoriedad de un sistema digital interoperable por Inspección—, considera que no mide correctamente el impacto económico de la medida, que invade terreno legislativo pese a ser un reglamento (como viene denunciando CEOE), que no se adecúa correctamente a las necesidades específicas de los sectores y que no asegura la protección de datos de los trabajadores. El dictamen, no vinculante, también recoge extractos críticos de los informes emitidos por otras instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Economía, el de Función Pública o la Agencia Española de Protección de Datos.. Seguir leyendo
