El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de junio el Real Decreto-ley 7/2025, por el que daba luz verde a medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Era la respuesta inmediata al «apagón extraordinario» del 28 de abril. Ese RDL llega este martes al Congreso para su aprobación, cuestión que pende de un hilo.. La norma la impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tiene como objetivo reforzar la resiliencia, robustez y estabilidad del sistema eléctrico nacional, considerado un servicio esencial para el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.. Además, incluye una batería de medidas para la aceleración de la transición energética. Entre ellas, el impulso del autoconsumo, medidas para el despliegue de la bomba de calor, el almacenamiento, las comunidades energéticas o los agregadores independientes. El decreto también contempla concesiones autonómicas a Cataluña y País Vasco.. El RDL, bautizado ya como ‘decreto antiapagones’, se organiza en tres bloques:. Refuerzo de supervisión y transparencia. La norma busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes del sistema.. Evaluaciones de la CNMC cada tres meses. Para ello se establecen mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar cada tres meses el control de tensión por parte de Red Eléctrica y empresas, así como las capacidades de reposición. Además, Red Eléctrica deberá analizar y proponer mejoras en plazos de 3 a 15 meses, incluyendo la amortiguación de oscilaciones y la velocidad de cambios de tensión.. Punto de acceso único a los datos. Además, se confiere a Red Eléctrica la función de punto de acceso único a los datos de los clientes finales, centralizando los que ahora poseen las distribuidoras, tras detectar el Ministerio la necesidad de reforzar la gobernanza de los datos. Red Eléctrica custodiará los datos de 30 millones de contadores inteligentes que hay en España y que ahora están en manos de más de 300 compañías distribuidoras. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Ana Aagesen, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.FERNANDO VILLAR. Impulso al almacenamiento y la flexibilidad. El RDL agiliza la tramitación administrativa de los proyectos de almacenamiento como una vía para «reforzar la resilencia» del sistema eléctrico, reduciendo los plazos a la mitad.. De utilidad pública y reducción de plazos. Se declara de utilidad pública el almacenamiento y sus infraestructuras de evacuación. Se favorecerá especialmente la hibridación de estas instalaciones con plantas fotovoltaicas o eólicas reduciendo a la mitad los plazos para su autorización.. Hibridación de baterías. Se favorece la hibridación de baterías en parques renovables existentes, aprovechando terrenos ya antropizados y minimizando la afección ambiental.. Gestor de autoconsumo colectivo. Se crea la figura del «gestor de autoconsumo», como representante de todos los participantes en un proyecto de autoconsumo. Era una demanda muy repetida en la consulta pública que organizó el Ministerio para renovar el decreto de autoconsumo, pendiente aún de aprobación.. Agregador independiente. Se incorpora la figura del agregador independiente, que combinará múltiples consumos y generación para operar en los mercados eléctricos y prestar servicios al sistema.. Impulso a la electrificación de la economía. En este punto, el decreto ley busca descarbonizar el transporte y la industria, y aprovechar mejor el sistema eléctrico.. Más agilidad y simplificación. La planificación de la red de transporte se revisará cada 3 años (eran 6), con modificaciones puntuales cada dos, para una adaptación más ágil a las necesidades y la incorporación de tecnologías más vanguardistas para el control de tensión. Se simplifican los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros.. Caducidad de los permisos. Los permisos de acceso de demanda caducarán en 5 años si la capacidad no se usa al 50%, evitando especulación y acaparamiento.. Exención a la industria electrointensiva. Para la industria electrointensiva, se restablece la exención del 80% de los peajes eléctricos con carácter retroactivo desde el 23 de enero de 2025. Se modifica el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para no computar hornos y calderas eléctricos como potencia instalada tributable, eliminando una barrera a la electrificación industrial.. Nuevas tipologías de autoconsumo. Se habilitan nuevas tipologías de autoconsumo, permitiendo combinar autoconsumo individual sin excedentes con autoconsumo mediante instalaciones próximas y asociadas a través de la red. Se amplía el radio del autoconsumo a 5 kilómetros para proyectos de hasta 5 MW, algo que pedía el sector desde hace tiempo: la distancia original eran 500 metros, luego ampliada a un kilómetro y posteriormente a 2. Se favorecerá con ello también la creación de comunidades energéticas.. Facilitar la instalación de puntos de recarga. El decreto también incluye «facilidades» para instalar puntos de recarga de coches eléctricos, que cuando no sea necesaria una declaración de impacto ambiental o de utilidad pública no tendrán que ser autorizados.. Bonificaciones a la aerotermia y la geotermia. La electrificación de la climatización se impulsa con la inclusión de tecnologías como la aerotermia y la geotermia en la Ley de Propiedad Horizontal. Los ayuntamientos podrán ofrecer bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para incentivar estos sistemas, al estilo de las bonificaciones fiscales que se aprobaron hace años para el autoconsumo.. Tramitación de la repotenciación. Se reduce a la mitad los plazos de tramitación administrativa y ambiental para la repotenciación de instalaciones renovables, si el aumento de potencia es inferior al 25% de la original.. El ‘quinto hito’ de los proyectos renovables. Se flexibiliza el cumplimiento de los 10 hitos administrativos para la puesta en servicio de proyectos renovables, que fijó la ley de 2022 y se habían convertido en algunos casos en una losa para proyectos viables, por causas ajenas, como los permisos autonómicos o paralizaciones cautelares por parte de la justicia. A partir de ahora, valdrá con estar conectados en pruebas, aunque falte la burocracia; y si un proyecto se ve paralizado por un tribunal de manera cautelar, no correrán los plazos hasta que no tenga orden para reanudar.. Plataformas de I+D+i. También se establece que plataformas de I+D+i para tecnologías como la eólica marina podrán obtener autorización de proyectos tipo, agilizando el ensayo de nuevas tecnologías.. Que lo apruebe el Parlamento está en el aire. El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2025 en un Consejo de Ministros de junio, pero la última palabra le corresponde al Parlamento. La norma cuenta con amplio respaldo del sector renovable, pero su aprobación en el Congreso pende de un hilo tras el rechazo de Podemos.. Esto obliga al PSOE a conseguir el apoyo todos los socios del Gobierno: Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria. Serían 175 votos a favor (176 si el exministro José Luis Ábalos vota). Todo, en el aire. Si alguno de esos votos fallara, la suerte del ‘decreto antiapagones’ quedaría en manos del Partido Popular. Bastaría con su abstención para que saliera adelante.. Podemos. El secretario de Organización del partido morado, Pablo Fernández, ha anunciado este lunes su voto contrario. Asegura que el decreto «es fruto de lo que las empresas energéticas le susurran al oído al Gobierno» y «no va a servir para prevenir ningún apagón». Podemos votará en contra.. Sumar. A través de su portavoz, Ernest Urtasun, han afeado a Podemos que vaya a votar en contra y han pedido a la formación morada votar con «responsabilidad». Sumar entiende que el decreto «va en la buena dirección» de la transición ecológica. Votará a favor.. ERC. Ha cerrado sus enmiendas en este punto del orden del día. Todo indica que votará a favor.. Junts. No ha aclarado qué va a votar.. PNV. Aunque con dudas, los nacionalistas vascos valoran, entre otras cosas, que la norma incluya medidas para el acceso de las empresas a la red eléctrica y que contemple concesiones autonómicas a Cataluña y País Vasco. Votará a favor.. EH Bildu. Votará a favor.. BNG. Se cree que votará a favor.. Coalición Canaria. Celebran que el decreto tenga en cuenta la singularidad del archipiélago en lo que respecta al sistema eléctrico. Votará a favor.. PP. Su postura oficial es de rechazo, pero en realidad los de Alberto Núñez Feijóo no han confirmado el sentido de su voto. Mucho tiene que ver en ello las conversaciones de última hora que están teniendo con las grandes empresas eléctricas, asociaciones y compañías del sector renovable y consultoras. Todas ellas presionan al PP para que permita la convalidación del decreto, al menos con su abstención.. Vox. Su postura habitual es contraria a la regulación del mercado energético y la transición ecológica. Votará en contra.
Pretende reforzar la robustez y estabilidad del sistema eléctrico, pero no está garantizada su aprobación.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de junio el Real Decreto-ley 7/2025, por el que daba luz verde a medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Era la respuesta inmediata al «apagón extraordinario» del 28 de abril. Ese RDL llega este martes al Congreso para su aprobación, cuestión que pende de un hilo.. La norma la impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tiene como objetivo reforzar la resiliencia, robustez y estabilidad del sistema eléctrico nacional, considerado un servicio esencial para el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.. Además, incluye una batería de medidas para la aceleración de la transición energética. Entre ellas, el impulso del autoconsumo, medidas para el despliegue de la bomba de calor, el almacenamiento, las comunidades energéticas o los agregadores independientes. El decreto también contempla concesiones autonómicas a Cataluña y País Vasco.. El RDL, bautizado ya como ‘decreto antiapagones’, se organiza en tres bloques:. Refuerzo de supervisión y transparencia. La norma busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes del sistema.. Evaluaciones de la CNMC cada tres meses. Para ello se establecen mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar cada tres meses el control de tensión por parte de Red Eléctrica y empresas, así como las capacidades de reposición. Además, Red Eléctrica deberá analizar y proponer mejoras en plazos de 3 a 15 meses, incluyendo la amortiguación de oscilaciones y la velocidad de cambios de tensión.. Punto de acceso único a los datos. Además, se confiere a Red Eléctrica la función de punto de acceso único a los datos de los clientes finales, centralizando los que ahora poseen las distribuidoras, tras detectar el Ministerio la necesidad de reforzar la gobernanza de los datos. Red Eléctrica custodiará los datos de 30 millones de contadores inteligentes que hay en España y que ahora están en manos de más de 300 compañías distribuidoras. Impulso al almacenamiento y la flexibilidad. El RDL agiliza la tramitación administrativa de los proyectos de almacenamiento como una vía para «reforzar la resilencia» del sistema eléctrico, reduciendo los plazos a la mitad.. De utilidad pública y reducción de plazos. Se declara de utilidad pública el almacenamiento y sus infraestructuras de evacuación. Se favorecerá especialmente la hibridación de estas instalaciones con plantas fotovoltaicas o eólicas reduciendo a la mitad los plazos para su autorización.. Hibridación de baterías. Se favorece la hibridación de baterías en parques renovables existentes, aprovechando terrenos ya antropizados y minimizando la afección ambiental.. Gestor de autoconsumo colectivo. Se crea la figura del «gestor de autoconsumo», como representante de todos los participantes en un proyecto de autoconsumo. Era una demanda muy repetida en la consulta pública que organizó el Ministerio para renovar el decreto de autoconsumo, pendiente aún de aprobación.. Agregador independiente. Se incorpora la figura del agregador independiente, que combinará múltiples consumos y generación para operar en los mercados eléctricos y prestar servicios al sistema.. Impulso a la electrificación de la economía. En este punto, el decreto ley busca descarbonizar el transporte y la industria, y aprovechar mejor el sistema eléctrico.. Más agilidad y simplificación. La planificación de la red de transporte se revisará cada 3 años (eran 6), con modificaciones puntuales cada dos, para una adaptación más ágil a las necesidades y la incorporación de tecnologías más vanguardistas para el control de tensión. Se simplifican los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros.. Caducidad de los permisos. Los permisos de acceso de demanda caducarán en 5 años si la capacidad no se usa al 50%, evitando especulación y acaparamiento.. Exención a la industria electrointensiva. Para la industria electrointensiva, se restablece la exención del 80% de los peajes eléctricos con carácter retroactivo desde el 23 de enero de 2025. Se modifica el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para no computar hornos y calderas eléctricos como potencia instalada tributable, eliminando una barrera a la electrificación industrial.. Nuevas tipologías de autoconsumo. Se habilitan nuevas tipologías de autoconsumo, permitiendo combinar autoconsumo individual sin excedentes con autoconsumo mediante instalaciones próximas y asociadas a través de la red. Se amplía el radio del autoconsumo a 5 kilómetros para proyectos de hasta 5 MW, algo que pedía el sector desde hace tiempo: la distancia original eran 500 metros, luego ampliada a un kilómetro y posteriormente a 2. Se favorecerá con ello también la creación de comunidades energéticas.. Facilitar la instalación de puntos de recarga. El decreto también incluye «facilidades» para instalar puntos de recarga de coches eléctricos, que cuando no sea necesaria una declaración de impacto ambiental o de utilidad pública no tendrán que ser autorizados.. Bonificaciones a la aerotermia y la geotermia. La electrificación de la climatización se impulsa con la inclusión de tecnologías como la aerotermia y la geotermia en la Ley de Propiedad Horizontal. Los ayuntamientos podrán ofrecer bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para incentivar estos sistemas, al estilo de las bonificaciones fiscales que se aprobaron hace años para el autoconsumo.. Tramitación de la repotenciación. Se reduce a la mitad los plazos de tramitación administrativa y ambiental para la repotenciación de instalaciones renovables, si el aumento de potencia es inferior al 25% de la original.. El ‘quinto hito’ de los proyectos renovables. Se flexibiliza el cumplimiento de los 10 hitos administrativos para la puesta en servicio de proyectos renovables, que fijó la ley de 2022 y se habían convertido en algunos casos en una losa para proyectos viables, por causas ajenas, como los permisos autonómicos o paralizaciones cautelares por parte de la justicia. A partir de ahora, valdrá con estar conectados en pruebas, aunque falte la burocracia; y si un proyecto se ve paralizado por un tribunal de manera cautelar, no correrán los plazos hasta que no tenga orden para reanudar.. Plataformas de I+D+i. También se establece que plataformas de I+D+i para tecnologías como la eólica marina podrán obtener autorización de proyectos tipo, agilizando el ensayo de nuevas tecnologías.. Que lo apruebe el Parlamento está en el aire. El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2025 en un Consejo de Ministros de junio, pero la última palabra le corresponde al Parlamento. La norma cuenta con amplio respaldo del sector renovable, pero su aprobación en el Congreso pende de un hilo tras el rechazo de Podemos.. Esto obliga al PSOE a conseguir el apoyo todos los socios del Gobierno: Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria. Serían 175 votos a favor (176 si el exministro José Luis Ábalos vota). Todo, en el aire. Si alguno de esos votos fallara, la suerte del ‘decreto antiapagones’ quedaría en manos del Partido Popular. Bastaría con su abstención para que saliera adelante.. Podemos. El secretario de Organización del partido morado, Pablo Fernández, ha anunciado este lunes su voto contrario. Asegura que el decreto «es fruto de lo que las empresas energéticas le susurran al oído al Gobierno» y «no va a servir para prevenir ningún apagón». Podemos votará en contra.. Sumar. A través de su portavoz, Ernest Urtasun, han afeado a Podemos que vaya a votar en contra y han pedido a la formación morada votar con «responsabilidad». Sumar entiende que el decreto «va en la buena dirección» de la transición ecológica. Votará a favor.. ERC. Ha cerrado sus enmiendas en este punto del orden del día. Todo indica que votará a favor.. Junts. No ha aclarado qué va a votar.. PNV. Aunque con dudas, los nacionalistas vascos valoran, entre otras cosas, que la norma incluya medidas para el acceso de las empresas a la red eléctrica y que contemple concesiones autonómicas a Cataluña y País Vasco. Votará a favor.. EH Bildu. Votará a favor.. BNG. Se cree que votará a favor.. Coalición Canaria. Celebran que el decreto tenga en cuenta la singularidad del archipiélago en lo que respecta al sistema eléctrico. Votará a favor.. PP. Su postura oficial es de rechazo, pero en realidad los de Alberto Núñez Feijóo no han confirmado el sentido de su voto. Mucho tiene que ver en ello las conversaciones de última hora que están teniendo con las grandes empresas eléctricas, asociaciones y compañías del sector renovable y consultoras. Todas ellas presionan al PP para que permita la convalidación del decreto, al menos con su abstención.. Vox. Su postura habitual es contraria a la regulación del mercado energético y la transición ecológica. Votará en contra.
