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  Nacional  El Gobierno no pedirá a las comunidades blindar por ley todas las viviendas públicas, pero sí las que construyan con dinero estatal | I. FUENTES Isabel Fuentes
NacionalPolítica

El Gobierno no pedirá a las comunidades blindar por ley todas las viviendas públicas, pero sí las que construyan con dinero estatal | I. FUENTES Isabel Fuentes

6 de junio de 2025

 

El Gobierno ha puesto sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes de este viernes más fondos para vivienda, pero también unas condiciones más estrictas para poder acceder a ellos. El objetivo es que se refuerce la protección de las viviendas públicas, un ámbito que corresponde regular a las comunidades autónomas pero en el que el Ejecutivo cree haber dado con la clave para influir condicionando los fondos del próximo Plan Estatal de Vivienda a que en las promociones impulsadas bajo este paraguas se garantice de forma «permanente» la calificación de vivienda protegida. Consciente de que las competencias en esta materia son autonómicas —tal y como señaló el Tribunal constitucional en su primera sentencia sobre la ley de vivienda—, el Gobierno no exigirá a las comunidades que blinden por ley todas las viviendas públicas que se levanten en su territorio, pero sí las que construyan con dinero estatal.. «Propongo que vinculemos la nueva inversión [del Plan Estatal de Vivienda] al compromiso de blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública», ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes autonómicos en una carta enviada este miércoles en la que los invita a alcanzar un «acuerdo estatal» por la vivienda. En la misiva, el líder de los socialistas propone incrementar de 1.700 millones de euros a 4.000 millones la dotación estatal a la estrategia conjunta del Gobierno y las comunidades autónomas para construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler, un incremento condicionado a que los territorios aporten adicionalmente al menos un 40% de los recursos totales destinados en cada región y a que estos fondos se dediquen a viviendas públicas con protección permanente.. Actualmente solo cuatro comunidades autónomas garantizan por ley este blindaje indefinido de los pisos protegidos. Son Cataluña, Baleares, Navarra y País Vascos —y estas dos últimas no están dentro del Plan Estatal de Vivienda porque cuentan con vías específicas de financiación—. En el resto de comunidades las viviendas protegidas mantienen su calificación durante un tiempo determinado y, pasados esos años, pueden descalificarse y venderse en el mercado como viviendas libres, un modelo que ha hecho que buena parte de los inmuebles públicos construidos hace años hayan acabado en manos privadas.. «En los últimos 45 años, las administraciones construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas. Pisos pagados por la gente, para la gente. Desgraciadamente, la práctica totalidad de esas viviendas fueron descalificadas y acabaron vendiéndose en el mercado libre a precios elevados. Muchas fueron capturadas por la especulación y los fondos buitre», reconoce Sánchez en la carta remitida a sus homólogos autonómicos, en la que llama a acabar con esta «sangría» de recursos públicos, abogando por una protección permanente.. Esta idea del blindaje de los pisos protegidos de por vida es un planteamiento que el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Vivienda lleva meses sugiriendo a las comunidades autónomas, un reclamo que las regiones gobernadas por el PP afean al Ejecutivo como una intromisión en las competencias autonómicas. Y es que cada autonomía tiene capacidad para definir el régimen de las viviendas públicas en su territorio, una competencia que avaló el Tribunal Constitucional hace un año cuando se pronunció por primera vez sobre la ley de vivienda aprobada en la pasada legislatura. El único punto que tumbó de la norma estatal fue precisamente el referido a la prohibición de vender los inmuebles protegidos y su calificación como tal durante un mínimo de 30 años, un nivel de detalle que los magistrados consideraron «excesivo» por entender que corresponde a las comunidades regular estos aspectos.. Ante este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, fuentes del Gobierno descartan exigir a las autonomías que modifiquen su normativa para incluir en ella el blindaje permanente de las viviendas públicas, pero sí creen que es posible reclamar ese nivel de protección indefinida cuanto se trate de inmuebles financiados con fondos estatales. El Ejecutivo planea incluir este requisito en los convenios que se firmen con las comunidades al amparo del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con independencia de que sean promociones levantadas sobre suelos públicos, privados o bajo fórmulas de colaboración público-privada.. De este modo, los pisos financiados con dinero estatal no se podrían vender en el mercado por cuantías superiores a los precios tasados iniciales ni a compradores que no reúnan las características requeridas en origen para acceder a esa vivienda protegida. Fuentes del Gobierno aclaran que este nuevo requisito no afectaría en ningún caso de forma retroactiva a promociones ya firmadas. Desde el Gobierno defienden este nuevo condicionante para recibir fondos estatales como una forma de evitar la especulación y lograr un parque público de vivienda «amplio» que garantice el acceso a un techo tanto a las generaciones presentes como a las futuras, ofreciendo «una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía».. Por el momento se trata solo de una propuesta con la que el Gobierno quiere avanzar en su objetivo de tener un 8% de vivienda pública y social, en línea con la media de la Unión Europea. Una meta alejada del 3,4% con el que cuenta España actualmente. Habrá que ver este viernes qué acogida tiene el planteamiento del ala socialista del Ejecutivo entre las comunidades autónomas. Desde Moncloa se muestran optimistas, más allá de que se requieran reuniones posteriores entre Gobierno y comunidades autónomas para terminar de darle forma a un acuerdo que quieren que se alcance por consenso.

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6 de junio de 2025

 

Quiere usar sus fondos para condicionar la ampliación del parque, aunque reconoce la competencia autonómica.

 

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El Gobierno ha puesto sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes de este viernes más fondos para vivienda, pero también unas condiciones más estrictas para poder acceder a ellos. El objetivo es que se refuerce la protección de las viviendas públicas, un ámbito que corresponde regular a las comunidades autónomas pero en el que el Ejecutivo cree haber dado con la clave para influir condicionando los fondos del próximo Plan Estatal de Vivienda a que en las promociones impulsadas bajo este paraguas se garantice de forma «permanente» la calificación de vivienda protegida. Consciente de que las competencias en esta materia son autonómicas —tal y como señaló el Tribunal constitucional en su primera sentencia sobre la ley de vivienda—, el Gobierno no exigirá a las comunidades que blinden por ley todas las viviendas públicas que se levanten en su territorio, pero sí las que construyan con dinero estatal.. «Propongo que vinculemos la nueva inversión [del Plan Estatal de Vivienda] al compromiso de blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública», ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes autonómicos en una carta enviada este miércoles en la que los invita a alcanzar un «acuerdo estatal» por la vivienda. En la misiva, el líder de los socialistas propone incrementar de 1.700 millones de euros a 4.000 millones la dotación estatal a la estrategia conjunta del Gobierno y las comunidades autónomas para construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler, un incremento condicionado a que los territorios aporten adicionalmente al menos un 40% de los recursos totales destinados en cada región y a que estos fondos se dediquen a viviendas públicas con protección permanente.. Actualmente solo cuatro comunidades autónomas garantizan por ley este blindaje indefinido de los pisos protegidos. Son Cataluña, Baleares, Navarra y País Vascos —y estas dos últimas no están dentro del Plan Estatal de Vivienda porque cuentan con vías específicas de financiación—. En el resto de comunidades las viviendas protegidas mantienen su calificación durante un tiempo determinado y, pasados esos años, pueden descalificarse y venderse en el mercado como viviendas libres, un modelo que ha hecho que buena parte de los inmuebles públicos construidos hace años hayan acabado en manos privadas.. «En los últimos 45 años, las administraciones construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas. Pisos pagados por la gente, para la gente. Desgraciadamente, la práctica totalidad de esas viviendas fueron descalificadas y acabaron vendiéndose en el mercado libre a precios elevados. Muchas fueron capturadas por la especulación y los fondos buitre», reconoce Sánchez en la carta remitida a sus homólogos autonómicos, en la que llama a acabar con esta «sangría» de recursos públicos, abogando por una protección permanente.. Esta idea del blindaje de los pisos protegidos de por vida es un planteamiento que el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Vivienda lleva meses sugiriendo a las comunidades autónomas, un reclamo que las regiones gobernadas por el PP afean al Ejecutivo como una intromisión en las competencias autonómicas. Y es que cada autonomía tiene capacidad para definir el régimen de las viviendas públicas en su territorio, una competencia que avaló el Tribunal Constitucional hace un año cuando se pronunció por primera vez sobre la ley de vivienda aprobada en la pasada legislatura. El único punto que tumbó de la norma estatal fue precisamente el referido a la prohibición de vender los inmuebles protegidos y su calificación como tal durante un mínimo de 30 años, un nivel de detalle que los magistrados consideraron «excesivo» por entender que corresponde a las comunidades regular estos aspectos.. Ante este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, fuentes del Gobierno descartan exigir a las autonomías que modifiquen su normativa para incluir en ella el blindaje permanente de las viviendas públicas, pero sí creen que es posible reclamar ese nivel de protección indefinida cuanto se trate de inmuebles financiados con fondos estatales. El Ejecutivo planea incluir este requisito en los convenios que se firmen con las comunidades al amparo del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con independencia de que sean promociones levantadas sobre suelos públicos, privados o bajo fórmulas de colaboración público-privada.. De este modo, los pisos financiados con dinero estatal no se podrían vender en el mercado por cuantías superiores a los precios tasados iniciales ni a compradores que no reúnan las características requeridas en origen para acceder a esa vivienda protegida. Fuentes del Gobierno aclaran que este nuevo requisito no afectaría en ningún caso de forma retroactiva a promociones ya firmadas. Desde el Gobierno defienden este nuevo condicionante para recibir fondos estatales como una forma de evitar la especulación y lograr un parque público de vivienda «amplio» que garantice el acceso a un techo tanto a las generaciones presentes como a las futuras, ofreciendo «una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía».. Por el momento se trata solo de una propuesta con la que el Gobierno quiere avanzar en su objetivo de tener un 8% de vivienda pública y social, en línea con la media de la Unión Europea. Una meta alejada del 3,4% con el que cuenta España actualmente. Habrá que ver este viernes qué acogida tiene el planteamiento del ala socialista del Ejecutivo entre las comunidades autónomas. 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