Los sindicatos de la función pública han tenido este lunes una jornada intensiva de reuniones para avanzar en dos cuestiones: la implantación definitiva de la jornada de 35 horas en la Administración estatal y las líneas generales de la próxima oferta pública de empleo para este año, que el Gobierno pretende aprobar a la vuelta de Semana Santa. Fuentes sindicales han informado tras estos encuentros de que los representantes del Ejecutivo han avanzado que preparan una oferta de empleo para la Administración central “similar” a la de 2025, cuando se aprobaron casi 27.000 puestos. No obstante, en el encuentro de este lunes solo se han abordado las líneas generales de esta oferta y no será hasta este miércoles, en que las partes se han vuelto a citar, cuando el Gobierno ponga alguna cifra sobre la mesa.
En concreto, la Oferta Pública de Empleo (OPE)ascendió el pasado año a 20.324 plazas de nuevo ingreso para la Administración General del Estado (AGE) y otras 6.565 de promoción interna (26.889 sumando ambas ofertas). A esto se añadieron otras 7.373 plazas de nuevo ingreso para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras 2.326 de promoción interna para Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército. En total se aprobaron unas 36.000 plazas, que supusieron un 9% menos que en 2024. Si bien en la negociación abierta este lunes, Función Pública solo negocia con los sindicatos los puestos de la AGE, no los de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
A falta de nuevas concreciones, los sindicatos ya han alertado de que la futura oferta pública de empleo podría ser insuficiente si se repite el esquema de 2025, en el que no se creó empleo neto porque hubo más bajas de funcionarios que se jubilaban que nuevas plazas. Por eso motivo, las centrales no respaldaron la OPE de 2025, tal y como han recordado desde CC OO, UGT y CSIF este lunes. En cualquier caso, los sindicatos exigen un mayor refuerzo de todos los organismos y departamentos que se verán involucrados en la regularización de casi un millón de inmigrantes en los próximos meses, como son las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social o el SEPE, entre otros.
Antes de la reunión en la que Función Pública abordó la oferta de empleo, las partes mantuvieron un encuentro para intentar cerrar los últimos flecos con la intención implantar, ya este mismo mes de marzo, la jornada laboral de 35 horas a los más de 200.000 trabajadores de la Administración central,. Estos cuentan ahora mayoritariamente con 37,5 horas semanales de trabajo. Según fuentes de CSIF y UGT, los responsables de Función Pública han aceptado incluir en la nueva jornada de 35 horas al personal de prisiones que en un principio quedaba excluido expresamente. Tras este paso, no debería de haber más obstáculos para que la medida quede aprobada previsiblemente esta semana y que entre en vigor en marzo, como estaba previsto. Para ello, se convocará, previsiblemente el viernes, la mesa general de la AGE que dé el visto bueno definitivo a la nueva jornada.
Discrepancias con el personal de prisiones
Sin embargo, la incorporación del personal de Instituciones Penitenciarias no parece que vaya a ser en los mismos términos que el resto de los trabajadores de la Administración central, ya sean funcionarios o personal laboral. En el caso de los funcionarios de prisiones y de los trabajadores de los establecimientos sanitarios o de centros docentes de Ceuta y Melilla, las 35 horas deberán negociarse en sus respectivos ámbitos de negociación. Por este motivo, los representantes de CC OO han dicho estar dispuestos a “no asumir un acuerdo de 35 horas en estas condiciones”, según ha indicado Montse Gómez, secretaria general del sector del Estado en dicha central.
“Tal y como nos han dicho que van a redactar el acuerdo para las 35 horas, no se incluyen cambios en el ámbito de aplicación de la nueva jornada y los nuevos horarios que se recogerán en una instrucción, y sin esos cambios el personal de Instituciones Penitenciarias, tanto el funcionario como el laboral, y el de los establecimientos sanitarios o de centros docentes de Ceuta y Melilla, siguen quedando fuera, porque solo pueden negociar en su ámbito y no se les garantiza que vayan a conseguirlo”, ha explicado Gómez.
De esta forma, los negociadores de Función Pública acudirán a una nueva reunión con los sindicatos este miércoles con la nueva propuesta ya redactada. Dependiendo de las garantías que dé el Gobierno para los colectivos antes citados, contará con el respaldo unánime de los sindicatos o CC OO se descolgará del acuerdo.
La exclusión expresa de los funcionarios de prisiones en la aplicación de la jornada de 35 horas semanales estaba motivada, según el Gobierno, por la particularidad de sus horarios y de su prestación del servicio. Dicho esto, la posibilidad de que este colectivo negocie por su cuenta esta reducción de jornada sí ha sido aceptada por UGT y CSIF. De hecho, esta última central ha informado de que ya ha presentado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “una solicitud de reunión urgente del grupo de Jornadas y Horarios para implementar la aplicación de las 35 horas en Prisiones”.
La próxima propuesta del Ejecutivo deberá incluir también la adaptación de las jornadas de especial de dedicación (de 40 horas semanales), especialmente del personal que trabaja algunas tardes en atención al público. A estos trabajadores se les reducirá previsiblemente la jornada de forma proporcional a los que pasan de 37,5 a 35 horas semanales. Asimismo, deberán adaptar las jornadas de verano al nuevo tiempo de trabajo.
Desde UGT y CSIF han vinculado también la Oferta Pública de Empleo a la necesidad de compensar la reducción de la jornada a 35 horas. En este sentido, además de exigir la creación de empleo neto, UGT ha exigido que se agilicen los procesos selectivos para que se inicien en el mismo año de su publicación, de modo que se reduzcan los plazos hasta su resolución. En este sentido, las centrales han denunciado que siguen pendientes de convocatoria las ofertas de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025. Son, en total, 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna que aún no se han convocado, según cálculos de UGT.
Los sindicatos de la función pública han tenido este lunes una jornada intensiva de reuniones para avanzar en dos cuestiones: la implantación definitiva de la jornada de 35 horas en la Administración estatal y las líneas generales de la próxima oferta pública de empleo para este año, que el Gobierno pretende aprobar a la vuelta de Semana Santa. Fuentes sindicales han informado tras estos encuentros de que los representantes del Ejecutivo han avanzado que preparan una oferta de empleo para la Administración central “similar” a la de 2025, cuando se aprobaron casi 27.000 puestos. No obstante, en el encuentro de este lunes solo se han abordado las líneas generales de esta oferta y no será hasta este miércoles, en que las partes se han vuelto a citar, cuando el Gobierno ponga alguna cifra sobre la mesa.. Seguir leyendo
