Este jueves se cumple una semana desde que arrancó la regularización extraordinaria de inmigrantes y las oficinas involucradas en todo el proceso no dan abasto. Los trabajadores sociales y las organizaciones hablan abiertamente de colapso y de fallos en el sistema en estos primeros días, en los que se han generado aglomeraciones a las puertas, ya no solo de aquellas oficinas encargadas de recibir las solicitudes, sino también de los establecimientos que conceden los documentos necesarios para optar por los papeles. El Gobierno, por ahora, asegura que el proceso avanza con normalidad y se ha limitado a dar «criterios de interpretación» de los requisitos que se exigen para la regularización.. En las oficinas hablan de «pequeño desastre». Los profesionales de Extranjería, Seguridad Social y Correos —las ventanillas habilitadas para presentar las solicitudes— aseguran estar «desbordadas» desde el primer día, al que llegaron sin ningún tipo de información sobre un proceso que ha disparado su volumen de trabajo. Se están acumulando citas pendientes en muchas oficinas, y en otras incluso se ven obligadas a alargar su hora de cierre, ante la imposibilidad de asumir la avalancha de peticiones que reciben a diario sin haberse producido un refuerzo suficiente en las plantillas.. El sindicato CSIF se hizo eco de ese caos este miércoles, cuando denunció «fallos informáticos» y «falta de personal» en las oficinas, donde la incertidumbre general —tanto de los trabajadores como de los inmigrantes— está provocando retrasos. «Acuden varios miembros de una unidad familiar a la vez aunque solo tengan cita para una persona, esto provoca retrasos, y la administración ha dado orden de que se atienda a todo el mundo aunque se superen los 20 minutos previstos por cita», aseguró el sindicato, que también alertó de que muchos trabajadores han tenido que consultar «a última hora» dudas sobre documentación y trámites, «porque las instrucciones recibidas son confusas».. También se han detectado problemas que afectan a la plataforma informática Mercurio, encargada de gestionar todas las regularizaciones, y que, según CSIF, «únicamente deja adjuntar 15Mb de documentos». Además, el sindicato asegura que se han producido «apagones totales del sistema en algunos casos», que han obligado incluso a cerrar alguna oficina de Correos.. El Gobierno no habla de nuevas medidas. Pero en el Gobierno, por ahora, no parecen valorar nuevas medidas de calado, más allá de las que está impulsando sobre la marcha. Según la central sindical, el Ministerio de Política Territorial se ha visto obligado a impulsar un plan para resolver aquellos trámites de Extranjería de antes de la regularización, con el fin de aliviar la carga de trabajo; mientras la Policía ha solicitado un refuerzo de 500 interinos que, en principio, no se incorporarán hasta finales de mayo o principios de junio, ya en la fase final del proceso.. Por su parte, el Ministerio de Migraciones ha respondido ofreciendo unos «criterios de interpretación», pero sin cambios estructurales inmediatos. La secretaria de Estado, Pilar Cancela, anunció este miércoles que su departamento iba a emitir una guía técnica para aclarar aspectos del procedimiento -sobre todo aquellos en torno al certificado de vulnerabilidad-, pero sin introducir cambios normativos ni refuerzos estructurales inmediatos en los dispositivos de atención. Un documento con el que espera unificar criterios entre administraciones y entidades, ante las dudas surgidas desde la puesta en marcha del proceso el pasado 16 de abril.. «(Aclararemos) Si los certificados de vulnerabilidad son certificados o si son informes; quién los emite, si es el secretario o la secretaria de Ayuntamiento, si lo puede hacer un funcionario público, quién los necesita. Hay colectivos y personas que no lo necesitan, que no tienen por qué estar haciendo esas colas», explicó Cancela para referirse a una de «las cuestiones más controvertidas o que más expectación están generando».. Para los sindicatos, la situación actual evidencia una falta de previsión ante un proceso masivo del que se espera que se beneficien más de medio millón de inmigrantes ‘sin papeles’, después de haber rechazado otras cientos de miles de solicitudes. Los trabajadores y las organizaciones sociales —que están resultando ser claves en el proceso— confían, no obstante, en que esta sobrecarga responda a los nervios de los primeros días, y que conforme pase el tiempo se vaya estabilizando la situación.
Los sindicatos denuncian saturación por falta de personal y fallos informáticos mientras las oficinas se ven congestionadas por la avalancha de solicitudes en la primera semana desde que entró en vigor el decreto del Gobierno.
Este jueves se cumple una semana desde que arrancó la regularización extraordinaria de inmigrantes y las oficinas involucradas en todo el proceso no dan abasto. Los trabajadores sociales y las organizaciones hablan abiertamente de colapso y de fallos en el sistema en estos primeros días, en los que se han generado aglomeraciones a las puertas, ya no solo de aquellas oficinas encargadas de recibir las solicitudes, sino también de los establecimientos que conceden los documentos necesarios para optar por los papeles. El Gobierno, por ahora, asegura que el proceso avanza con normalidad y se ha limitado a dar «criterios de interpretación» de los requisitos que se exigen para la regularización.. En las oficinas hablan de «pequeño desastre». Los profesionales de Extranjería, Seguridad Social y Correos —las ventanillas habilitadas para presentar las solicitudes— aseguran estar «desbordadas» desde el primer día, al que llegaron sin ningún tipo de información sobre un proceso que ha disparado su volumen de trabajo. Se están acumulando citas pendientes en muchas oficinas, y en otras incluso se ven obligadas a alargar su hora de cierre, ante la imposibilidad de asumir la avalancha de peticiones que reciben a diario sin haberse producido un refuerzo suficiente en las plantillas.. El sindicato CSIF se hizo eco de ese caos este miércoles, cuando denunció «fallos informáticos» y «falta de personal» en las oficinas, donde la incertidumbre general —tanto de los trabajadores como de los inmigrantes— está provocando retrasos. «Acuden varios miembros de una unidad familiar a la vez aunque solo tengan cita para una persona, esto provoca retrasos, y la administración ha dado orden de que se atienda a todo el mundo aunque se superen los 20 minutos previstos por cita», aseguró el sindicato, que también alertó de que muchos trabajadores han tenido que consultar «a última hora» dudas sobre documentación y trámites, «porque las instrucciones recibidas son confusas».. También se han detectado problemas que afectan a la plataforma informática Mercurio, encargada de gestionar todas las regularizaciones, y que, según CSIF, «únicamente deja adjuntar 15Mb de documentos». Además, el sindicato asegura que se han producido «apagones totales del sistema en algunos casos», que han obligado incluso a cerrar alguna oficina de Correos.. El Gobierno no habla de nuevas medidas. Pero en el Gobierno, por ahora, no parecen valorar nuevas medidas de calado, más allá de las que está impulsando sobre la marcha. Según la central sindical, el Ministerio de Política Territorial se ha visto obligado a impulsar un plan para resolver aquellos trámites de Extranjería de antes de la regularización, con el fin de aliviar la carga de trabajo; mientras la Policía ha solicitado un refuerzo de 500 interinos que, en principio, no se incorporarán hasta finales de mayo o principios de junio, ya en la fase final del proceso.. Por su parte, el Ministerio de Migraciones ha respondido ofreciendo unos «criterios de interpretación», pero sin cambios estructurales inmediatos. La secretaria de Estado, Pilar Cancela, anunció este miércoles que su departamento iba a emitir una guía técnica para aclarar aspectos del procedimiento -sobre todo aquellos en torno al certificado de vulnerabilidad-, pero sin introducir cambios normativos ni refuerzos estructurales inmediatos en los dispositivos de atención. Un documento con el que espera unificar criterios entre administraciones y entidades, ante las dudas surgidas desde la puesta en marcha del proceso el pasado 16 de abril.. «(Aclararemos) Si los certificados de vulnerabilidad son certificados o si son informes; quién los emite, si es el secretario o la secretaria de Ayuntamiento, si lo puede hacer un funcionario público, quién los necesita. Hay colectivos y personas que no lo necesitan, que no tienen por qué estar haciendo esas colas», explicó Cancela para referirse a una de «las cuestiones más controvertidas o que más expectación están generando».. Para los sindicatos, la situación actual evidencia una falta de previsión ante un proceso masivo del que se espera que se beneficien más de medio millón de inmigrantes ‘sin papeles’, después de haber rechazado otras cientos de miles de solicitudes. Los trabajadores y las organizaciones sociales —que están resultando ser claves en el proceso— confían, no obstante, en que esta sobrecarga responda a los nervios de los primeros días, y que conforme pase el tiempo se vaya estabilizando la situación.
