El auto de procesamiento que dictó el juez Ángel Hurtado este lunes es contundente en sus imputaciones al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y va incluso más allá, al señalar que Moncloa colaboró en la filtración de información confidencial de Alberto González Amador precisamente porque el empresario está emparejado con Isabel Díaz Ayuso. Ya en el primer párrafo del relato de los hechos, el magistrado del Tribunal Supremo sostiene que García Ortiz cometió el delito «a raíz de las indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno».. Sin haber localizado ningún mensaje que pruebe que García Ortiz filtró la información clave, el juez reúne a lo largo de 51 páginas los indicios que le llevan a concluir que tanto él como la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, son culpables de un delito de revelación de secretos. El instructor señala que filtraron información a los medios y también a Moncloa, donde se utilizó con fines políticos.. Concretamente, el juez les atribuye la filtración de un correo electrónico que envió el abogado de González Amador al fiscal Julián Salto el 2 de febrero de 2024. En el mail, que se filtró el 13 de marzo de ese mismo año, el letrado reconocía que su cliente había delinquido: «Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».. Aunque hubiera existido un mensaje en el que García Ortiz filtrara la información, es imposible que el instructor lo hubiera recabado, dado que el fiscal general borró todos sus mensajes de WhatsApp y su cuenta de Google el mismo día que conoció su imputación, el pasado 16 de octubre.. Según el magistrado, aquello fue un intento de «obstaculizar» la investigación judicial, y no hace sino reforzar los indicios que obran contra García Ortiz. El borrado de los mensajes es, de hecho, una de las patas sobre las que se asienta el convencimiento de que el fiscal general es indiciariamente culpable.. La conexión con Moncloa. Al margen de los argumentos en los que se apoya el juez para atribuir el delito a García Ortiz, el escrito contiene otros indicios que en los que apunta a la implicación de Moncloa en esta causa. El juez sostiene que hay dos elementos que actuaron como «detonante» del delito (de la filtración del correo). Uno es «la información publicada en el diario El Mundo» sobre el pacto con Fiscalía el 13 de marzo, que García Ortiz quiso desmentir. El otro elemento son «las indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Así lo mantiene Ángel Hurtado, si bien no desarrolla este último concepto.. Lo que sí hace es detallar el papel de una ex alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, en lo investigado en los últimos meses. Sánchez Acera no actuó como «detonante» de la filtración, pero sí obtuvo la imagen del correo electrónico clave antes de que se publicara por primera vez en los medios de comunicación.. Tras meses de investigación, el juez ha comprobado que este alto cargo de Presidencia del Gobierno tuvo en su poder la foto del mail y quiso «utilizarlo políticamente frente a la pareja del titular de esos datos personales y secretos, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid». La estrategia de Acera fue enviar el correo al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y pedirle que lo exhibiera en la Asamblea de Madrid como forma de atacar a Ayuso.. Tal y como recoge el magistrado del Supremo, en su declaración testifical «el propio Juan Lobato intuyó» que el correo provenía de la Fiscalía. Sánchez Acera, por otra parte, dijo ante el juez que lo había recibido de periodistas. Pero el juez no da «credibilidad» a la testigo de Moncloa porque considera que su declaración fue «genérica y evasiva».. Por tanto, concluye que «desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera».. El «frenético» intercambio de mensajes entre fiscales. Dejando de lado la conexión con Moncloa, el juez se muestra convencido de que la intención de García Ortiz era filtrar la información a los medios. Esta afirmación se apoya en el «frenético» intercambio de mensajes que mantuvieron varios fiscales, entre ellos García Ortiz, en la tarde del 13 de marzo del año pasado. Mensajes a los que ha logrado acceder tras ordenar a la Guardia Civil que volcara el contenido del móvil de Pilar Rodríguez, que a diferencia de García Ortiz aún conservaba los datos.. Aquel día, a las 21.29, El Mundo publicó una noticia basada en un correo electrónico escrito por Julián Salto, bajo el titular: «La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». Desde ese instante, el fiscal general ordenó recabar todos los mails que Salto intercambió con el abogado de González Amador, entre ellos el correo del 2 de febrero que probaba que había sido este abogado, Carlos Neira, quien propuso el acuerdo en primer lugar y reconoció los delitos. Había sucedido lo contrario a lo que decía el titular de El Mundo.. En el escrito de este lunes, el juez da por sentado que «la finalidad» de García Ortiz al recabar aquel correo electrónico era «acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena SER». Fue un periodista de esta emisora quien informó del contenido del correo, primero a las 23.25 horas, a través de la radio, luego a las 23.51, en la web y con citas textuales.. El propio periodista negó en sede judicial haber obtenido la información del fiscal general, pero el juez no da valor a su declaración (en calidad de testigo, por tanto, obligado a decir la verdad), «por su subjetividad y por no aportar datos objetivos». En el escrito de este lunes, el magistrado reitera que no da «credibilidad» a este periodista, a quien acusa de estar «posiblemente condicionado, de alguna manera, por su deber deontológico de proteger su fuente de información».
El auto que dictó el juez Ángel Hurtado este lunes es contundente en sus imputaciones al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y va incluso más…
El auto de procesamiento que dictó el juez Ángel Hurtado este lunes es contundente en sus imputaciones al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y va incluso más allá, al señalar que Moncloa colaboró en la filtración de información confidencial de Alberto González Amador precisamente porque el empresario está emparejado con Isabel Díaz Ayuso. Ya en el primer párrafo del relato de los hechos, el magistrado del Tribunal Supremo sostiene que García Ortiz cometió el delito «a raíz de las indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno».. Sin haber localizado ningún mensaje que pruebe que García Ortiz filtró la información clave, el juez reúne a lo largo de 51 páginas los indicios que le llevan a concluir que tanto él como la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, son culpables de un delito de revelación de secretos. El instructor señala que filtraron información a los medios y también a Moncloa, donde se utilizó con fines políticos.. Concretamente, el juez les atribuye la filtración de un correo electrónico que envió el abogado de González Amador al fiscal Julián Salto el 2 de febrero de 2024. En el mail, que se filtró el 13 de marzo de ese mismo año, el letrado reconocía que su cliente había delinquido: «Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».. Aunque hubiera existido un mensaje en el que García Ortiz filtrara la información, es imposible que el instructor lo hubiera recabado, dado que el fiscal general borró todos sus mensajes de WhatsApp y su cuenta de Google el mismo día que conoció su imputación, el pasado 16 de octubre.. Según el magistrado, aquello fue un intento de «obstaculizar» la investigación judicial, y no hace sino reforzar los indicios que obran contra García Ortiz. El borrado de los mensajes es, de hecho, una de las patas sobre las que se asienta el convencimiento de que el fiscal general es indiciariamente culpable.. La conexión con Moncloa. Al margen de los argumentos en los que se apoya el juez para atribuir el delito a García Ortiz, el escrito contiene otros indicios que en los que apunta a la implicación de Moncloa en esta causa. El juez sostiene que hay dos elementos que actuaron como «detonante» del delito (de la filtración del correo). Uno es «la información publicada en el diario El Mundo» sobre el pacto con Fiscalía el 13 de marzo, que García Ortiz quiso desmentir. El otro elemento son «las indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Así lo mantiene Ángel Hurtado, si bien no desarrolla este último concepto.. Lo que sí hace es detallar el papel de una ex alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, en lo investigado en los últimos meses. Sánchez Acera no actuó como «detonante» de la filtración, pero sí obtuvo la imagen del correo electrónico clave antes de que se publicara por primera vez en los medios de comunicación.. Tras meses de investigación, el juez ha comprobado que este alto cargo de Presidencia del Gobierno tuvo en su poder la foto del mail y quiso «utilizarlo políticamente frente a la pareja del titular de esos datos personales y secretos, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid». La estrategia de Acera fue enviar el correo al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y pedirle que lo exhibiera en la Asamblea de Madrid como forma de atacar a Ayuso.. Tal y como recoge el magistrado del Supremo, en su declaración testifical «el propio Juan Lobato intuyó» que el correo provenía de la Fiscalía. Sánchez Acera, por otra parte, dijo ante el juez que lo había recibido de periodistas. Pero el juez no da «credibilidad» a la testigo de Moncloa porque considera que su declaración fue «genérica y evasiva».. Por tanto, concluye que «desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera».. El «frenético» intercambio de mensajes entre fiscales. Dejando de lado la conexión con Moncloa, el juez se muestra convencido de que la intención de García Ortiz era filtrar la información a los medios. Esta afirmación se apoya en el «frenético» intercambio de mensajes que mantuvieron varios fiscales, entre ellos García Ortiz, en la tarde del 13 de marzo del año pasado. Mensajes a los que ha logrado acceder tras ordenar a la Guardia Civil que volcara el contenido del móvil de Pilar Rodríguez, que a diferencia de García Ortiz aún conservaba los datos.. Aquel día, a las 21.29, El Mundo publicó una noticia basada en un correo electrónico escrito por Julián Salto, bajo el titular: «La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». Desde ese instante, el fiscal general ordenó recabar todos los mails que Salto intercambió con el abogado de González Amador, entre ellos el correo del 2 de febrero que probaba que había sido este abogado, Carlos Neira, quien propuso el acuerdo en primer lugar y reconoció los delitos. Había sucedido lo contrario a lo que decía el titular de El Mundo.. En el escrito de este lunes, el juez da por sentado que «la finalidad» de García Ortiz al recabar aquel correo electrónico era «acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena SER». Fue un periodista de esta emisora quien informó del contenido del correo, primero a las 23.25 horas, a través de la radio, luego a las 23.51, en la web y con citas textuales.. El propio periodista negó en sede judicial haber obtenido la información del fiscal general, pero el juez no da valor a su declaración (en calidad de testigo, por tanto, obligado a decir la verdad), «por su subjetividad y por no aportar datos objetivos». En el escrito de este lunes, el magistrado reitera que no da «credibilidad» a este periodista, a quien acusa de estar «posiblemente condicionado, de alguna manera, por su deber deontológico de proteger su fuente de información».
