Las posiciones de PSOE y PP ante el auto del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez son radicalmente opuestas, pero en algo estuvieron de acuerdo: en defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El magistrado justificaba la medida cautelar de retirar el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez porque sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga del país y las reacciones no se hicieron esperar. Eso sí, mientras los socialistas arremetieron contra el magistrado al considerar que es «una causa política» que daña a la Justicia; los populares subrayaron su «absoluto respaldo y respeto» a los jueces, sin entrar a valorar las medidas provisionales dictadas por Peinado.. La insinuación del magistrado despertó la crítica unánime de representantes políticos y sindicatos policiales, quienes han defendido a los agentes del cuerpo. Eso sí, los socialistas aprovecharon este domingo para cargar contra el «auto demoledor» de Peinado, al imponer unas medidas «absolutamente desproporcionadas» y «sin justificación jurídica», según consideró la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Los mismos adjetivos utilizó la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, quien insinuó que «la derecha utiliza políticamente» las decisiones del juez «para tratar de acabar con el Gobierno».. Las acusaciones fueron mutuas, pues la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, recordó que desde el propio Ejecutivo no han sido pocas las ocasiones en que han atacado a los cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes han tenido que resistir incluso a las «presiones», en una clara referencia velada al caso de las supuestas cloacas del PSOE. «Trasladamos nuestra absoluta confianza y respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y están siendo claves para, desde su independencia y neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio Gobierno están sufriendo en los últimos tiempos», valoró.. Gamarra censuró que desde el Ejecutivo se rasguen ahora las vestiduras y apunten a que el juez Peinado «se va a llevar por delante el prestigio de una institución como la Policía Nacional», tal y como advirtió Morant; cuando en más de una ocasión han atacado a sus agentes. «Es lógico el enfado de las asociaciones de policías», indicó, para apostillar que «están demostrando su profesionalidad e imparcialidad sometidos a presiones que están siendo incluso investigadas por los tribunales y que provienen del propio Gobierno». Se refería a la trama liderada por la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, para presionar a jueces, fiscales y miembros de la Policía y la Guardia Civil para tratar de frenar investigaciones en curso que afectan al partido socialista y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.. La Dirección General de la Policía Nacional rechazó este domingo la «valoración especulativa» del juez Juan Carlos Peinado sobre los escoltas de Begoña Gómez y defendió «el honor, la integridad y el prestigio» de los miembros del cuerpo. Se sumó así a otros comunicados emitidos a lo largo del fin de semana de sindicatos policiales que censuraron el razonamiento del magistrado después de que sostuviera que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a la mujer del presidente, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», podrían facilitar la fuga.. El Consejo General del Poder Judicial se reúne este lunes a las 9.00 horas para valorar si abrir un expediente al juez por dicho comentario, tras recibir una queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y desde el PSOE, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, reclamó que «actúe en consecuencia» de un auto que considera «extremadamente grave», después de defender la «profesionalidad» de los escoltas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por su parte, la vicesecretaria popular expresó su respeto a la separación de poderes y a la labor que desarrolla el órgano de gobierno de los jueces: «Lo que decidan es el camino lógico que hay que respetar en un país en el que la separación de poderes se ve todos los días atacadas desde el Gobierno», insistió Gamarra.. Más allá del debate generado en torno a las medidas cautelares fijadas por el magistrado, Peinado decidió abrir juicio oral a Begoña Gómez al atribuirle los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Así que lo que está claro para el PP es que el auto «avanza en la imputación de cuatro delitos a la mujer del presidente del Gobierno». Entretanto, en el PSOE insisten en la inocencia de la mujer del presidente del Gobierno y mantienen que ha sido «perseguida, vilipendiada y acusada sin ninguna prueba»; mientras que en el PP apuntan a la censura moral de las actividades de la mujer del presidente del Ejecutivo por aprovecharse de esa condición, más allá de que finalmente acabe siendo condenada o no.. «Que Moncloa se haya convertido en un centro de tráfico de influencias y la utilización del mismo habrá podido se delito o no», argumentó Cuca Gamarra. Pero, simplemente el hecho de haber usado «su condición en beneficio propio, debería tener consecuencias» en el plano político. Ese resultado, como reclaman desde hace meses desde el PP, sería la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Los socialistas cargan contra lo que consideran «una causa política» y confían en que el CGPJ actúe «en consecuencia» mientras que los populares recuerdan los «ataques» constantes del Gobierno contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Las posiciones de PSOE y PP ante el auto del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez son radicalmente opuestas, pero en algo estuvieron de acuerdo: en defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El magistrado justificaba la medida cautelar de retirar el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez porque sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga del país y las reacciones no se hicieron esperar. Eso sí, mientras los socialistas arremetieron contra el magistrado al considerar que es «una causa política» que daña a la Justicia; los populares subrayaron su «absoluto respaldo y respeto» a los jueces, sin entrar a valorar las medidas provisionales dictadas por Peinado.. La insinuación del magistrado despertó la crítica unánime de representantes políticos y sindicatos policiales, quienes han defendido a los agentes del cuerpo. Eso sí, los socialistas aprovecharon este domingo para cargar contra el «auto demoledor» de Peinado, al imponer unas medidas «absolutamente desproporcionadas» y «sin justificación jurídica», según consideró la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Los mismos adjetivos utilizó la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, quien insinuó que «la derecha utiliza políticamente» las decisiones del juez «para tratar de acabar con el Gobierno».. Las acusaciones fueron mutuas, pues la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, recordó que desde el propio Ejecutivo no han sido pocas las ocasiones en que han atacado a los cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes han tenido que resistir incluso a las «presiones», en una clara referencia velada al caso de las supuestas cloacas del PSOE. «Trasladamos nuestra absoluta confianza y respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y están siendo claves para, desde su independencia y neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio Gobierno están sufriendo en los últimos tiempos», valoró.. Gamarra censuró que desde el Ejecutivo se rasguen ahora las vestiduras y apunten a que el juez Peinado «se va a llevar por delante el prestigio de una institución como la Policía Nacional», tal y como advirtió Morant; cuando en más de una ocasión han atacado a sus agentes. «Es lógico el enfado de las asociaciones de policías», indicó, para apostillar que «están demostrando su profesionalidad e imparcialidad sometidos a presiones que están siendo incluso investigadas por los tribunales y que provienen del propio Gobierno». Se refería a la trama liderada por la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, para presionar a jueces, fiscales y miembros de la Policía y la Guardia Civil para tratar de frenar investigaciones en curso que afectan al partido socialista y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.. La Dirección General de la Policía Nacional rechazó este domingo la «valoración especulativa» del juez Juan Carlos Peinado sobre los escoltas de Begoña Gómez y defendió «el honor, la integridad y el prestigio» de los miembros del cuerpo. Se sumó así a otros comunicados emitidos a lo largo del fin de semana de sindicatos policiales que censuraron el razonamiento del magistrado después de que sostuviera que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a la mujer del presidente, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», podrían facilitar la fuga.. El CGPJ decide si expedienta al juez Peinado. El Consejo General del Poder Judicial se reúne este lunes a las 9.00 horas para valorar si abrir un expediente al juez por dicho comentario, tras recibir una queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y desde el PSOE, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, reclamó que «actúe en consecuencia» de un auto que considera «extremadamente grave», después de defender la «profesionalidad» de los escoltas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por su parte, la vicesecretaria popular expresó su respeto a la separación de poderes y a la labor que desarrolla el órgano de gobierno de los jueces: «Lo que decidan es el camino lógico que hay que respetar en un país en el que la separación de poderes se ve todos los días atacadas desde el Gobierno», insistió Gamarra.. Más allá del debate generado en torno a las medidas cautelares fijadas por el magistrado, Peinado decidió abrir juicio oral a Begoña Gómez al atribuirle los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Así que lo que está claro para el PP es que el auto «avanza en la imputación de cuatro delitos a la mujer del presidente del Gobierno». Entretanto, en el PSOE insisten en la inocencia de la mujer del presidente del Gobierno y mantienen que ha sido «perseguida, vilipendiada y acusada sin ninguna prueba»; mientras que en el PP apuntan a la censura moral de las actividades de la mujer del presidente del Ejecutivo por aprovecharse de esa condición, más allá de que finalmente acabe siendo condenada o no.. «Que Moncloa se haya convertido en un centro de tráfico de influencias y la utilización del mismo habrá podido se delito o no», argumentó Cuca Gamarra. Pero, simplemente el hecho de haber usado «su condición en beneficio propio, debería tener consecuencias» en el plano político. Ese resultado, como reclaman desde hace meses desde el PP, sería la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
