El respaldo del PSOE a la ley promovida por Junts para endurecer las penas por reincidencia en delitos leves agita el tablero político, aunque sin alterar sus equilibrios de fondo. Por un lado, este gesto «ayuda» al PSOE a acercarse a la formación de Carles Puigdemont, mientras los socialistas entran de lleno a un terreno hasta ahora incómodo, si bien respaldado por un argumentario que el PSC de Salvador Illa viene sosteniendo desde hace meses. Fuentes socialistas reconocen que esta medida no desbloquea ningún acuerdo clave con Junts, sino que se trata de un trámite pendiente. De hecho, la decisión añade tensión con sus socios de la izquierda, que advierten del riesgo de reforzar discursos que asocian delincuencia e inmigración y que consideran abiertamente racistas.. Este jueves, la norma obtuvo el visto bueno del Congreso gracias a la mayoría formada por PP, Vox, Junts, PNV y PSOE, que hace unos meses recuperó esta iniciativa planteada por los independentistas catalanes como un gesto para intentar recomponer puentes con ellos. Hasta ahora, el asunto generaba cierta incomodidad en las filas socialistas, pero el PSC de Salvador Illa lleva mucho tiempo trabajando este debate. Tanto desde la Generalitat como desde el socialismo catalán, la idea de que «la seguridad es de izquierdas» está firmemente arraigada y se busca enfocar la medida como un derecho público, más que como un instrumento del debate migratorio.. Precisamente, este fue el argumento que el portavoz de Justicia del PSOE, Paco Aranda, utilizó este jueves para defender la medida durante el debate en el Congreso: «Se puede hacer seguridad desde la izquierda», aseguró. Sin embargo, su posición sobre la misma no convence a la izquierda del PSOE. Y este descontento de sus socios no puede interpretarse como un daño colateral asumible frente a un beneficio mayor, ya que la iniciativa no modifica de manera significativa el rumbo de las relaciones del Gobierno con Junts.. Lo constata Junts, que sigue manteniendo su rechazo a otras medidas pendientes como el decreto que incluye la moratoria antidesahucios. Los de Puigdemont celebran la aprobación de esta medida, pero dicen no darle más entidad que la del pago de una deuda por parte del PSOE. La ley contra la multirreincidencia no forma parte de las principales reivindicaciones de Junts, cuyo cumplimiento sí podría suponer un movimiento para recomponer los puentes.. Entre los puntos en juego se encuentran la delegación de competencias migratorias a Cataluña, la oficialidad del catalán en la UE y la ejecución presupuestaria. Fuentes del ala socialista del Gobierno admiten que el gesto de este jueves «ayuda», pero subrayan que no desbloquea nada, ya que todo estaba previamente acordado. Desde el partido mantienen la misma interpretación, aunque algunas voces reconocen que continúan trabajando para lograr que Junts se abstenga en la convalidación del decreto del escudo social.. El cabreo de los socios… incluido Sumar. Los socios del PSOE no ahorraron este jueves críticas a los socialistas por haber unido sus votos a los de PP, Vox, Junts y el PNV para aprobar una ley que, consideran, no solo va a ser ineficaz para reducir los hurtos reiterados, sino que además servirá para difundir el argumentario de la ultraderecha. Incluso Sumar, que forma parte del Gobierno y que, por eso mismo, suele mostrarse más contenido, cargó este jueves con dureza contra la medida por boca de su portavoz adjunto, Enrique Santiago, que aseguró que «no va a arreglar el problema, pero dará una inmensa proyección a ideas fascistas y racistas» que trasladan «que los extranjeros vienen a delinquir y que no se puede salir a la calle».. «¿Esto qué es, un experimento de gran coalición? ¿Es un acuerdo para convertir en hegemónico el discurso demagógico de Vox, de Se Acabó La Fiesta o de Aliança Catalana?», se preguntó muy enfadado Santiago durante el debate. Y no fue el único. También hizo mención a la ultraderechista Aliança Catalana, por cuyo fuerte crecimiento la dirección de Junts se siente presionada desde hace unos meses, el diputado de Bildu Jon Iñarritu, que afirmó que aprobar esta ley «no funcionará para pararles» y acusó a quienes la han apoyado de centrarse en perseguir a los «robagallinas», personas «con perfiles de marginalidad» que lo que necesitan es mejorar sus condiciones de vida.. La excepción entre los socios progresistas fue ERC, al que el asunto de la multirreincidencia le genera mucha incomodidad por la incidencia de los hurtos en Cataluña. De hecho, su diputada Pilar Vallugera anunció que los republicanos se abstendrían porque algunos de los alcaldes de ERC les han reclamado medidas para frenar este problema en sus municipios. Pero, a la vez, aseguró que «la realidad no se cambia a golpe del Código Penal o de la ley de enjuiciamiento civil», sino aumentando los medios del sistema de justicia para desatascarlo y «con un sistema penitenciario que permita la rehabilitación».. «Es cierto que el relato que se ha impulsado por parte de las derechas», dijo Vallugera, no es real, puesto que «lo que nos datos nos dicen es que las cifras de delincuencia nos muestran un descenso, al menos en Cataluña». No obstante, «la gente que cada día va por las calles y que nos explica cuáles son sus necesidades» reclama atajar el problema de la multirreincidencia, admitió la diputada, que afirmó que ese es el motivo por el cual su grupo no quiere «poner trabas», aun pensando que la ley es «populismo punitivo» y «humo».
El movimiento de los socialistas enfada tanto a los socios progresistas que apoyan desde el Parlamento como a Sumar, que alerta de que «dará una inmensa proyección a ideas fascistas y racistas».
El respaldo del PSOE a la ley promovida por Junts para endurecer las penas por reincidencia en delitos leves agita el tablero político, aunque sin alterar sus equilibrios de fondo. Por un lado, este gesto «ayuda» al PSOE a acercarse a la formación de Carles Puigdemont, mientras los socialistas entran de lleno a un terreno hasta ahora incómodo, si bien respaldado por un argumentario que el PSC de Salvador Illa viene sosteniendo desde hace meses. Fuentes socialistas reconocen que esta medida no desbloquea ningún acuerdo clave con Junts, sino que se trata de un trámite pendiente. De hecho, la decisión añade tensión con sus socios de la izquierda, que advierten del riesgo de reforzar discursos que asocian delincuencia e inmigración y que consideran abiertamente racistas.. Este jueves, la norma obtuvo el visto bueno del Congreso gracias a la mayoría formada por PP, Vox, Junts, PNV y PSOE, que hace unos meses recuperó esta iniciativa planteada por los independentistas catalanes como un gesto para intentar recomponer puentes con ellos. Hasta ahora, el asunto generaba cierta incomodidad en las filas socialistas, pero el PSC de Salvador Illa lleva mucho tiempo trabajando este debate. Tanto desde la Generalitat como desde el socialismo catalán, la idea de que «la seguridad es de izquierdas» está firmemente arraigada y se busca enfocar la medida como un derecho público, más que como un instrumento del debate migratorio.. Precisamente, este fue el argumento que el portavoz de Justicia del PSOE, Paco Aranda, utilizó este jueves para defender la medida durante el debate en el Congreso: «Se puede hacer seguridad desde la izquierda», aseguró. Sin embargo, su posición sobre la misma no convence a la izquierda del PSOE. Y este descontento de sus socios no puede interpretarse como un daño colateral asumible frente a un beneficio mayor, ya que la iniciativa no modifica de manera significativa el rumbo de las relaciones del Gobierno con Junts.. Lo constata Junts, que sigue manteniendo su rechazo a otras medidas pendientes como el decreto que incluye la moratoria antidesahucios. Los de Puigdemont celebran la aprobación de esta medida, pero dicen no darle más entidad que la del pago de una deuda por parte del PSOE. La ley contra la multirreincidencia no forma parte de las principales reivindicaciones de Junts, cuyo cumplimiento sí podría suponer un movimiento para recomponer los puentes.. Entre los puntos en juego se encuentran la delegación de competencias migratorias a Cataluña, la oficialidad del catalán en la UE y la ejecución presupuestaria. Fuentes del ala socialista del Gobierno admiten que el gesto de este jueves «ayuda», pero subrayan que no desbloquea nada, ya que todo estaba previamente acordado. Desde el partido mantienen la misma interpretación, aunque algunas voces reconocen que continúan trabajando para lograr que Junts se abstenga en la convalidación del decreto del escudo social.. El cabreo de los socios… incluido Sumar. Los socios del PSOE no ahorraron este jueves críticas a los socialistas por haber unido sus votos a los de PP, Vox, Junts y el PNV para aprobar una ley que, consideran, no solo va a ser ineficaz para reducir los hurtos reiterados, sino que además servirá para difundir el argumentario de la ultraderecha. Incluso Sumar, que forma parte del Gobierno y que, por eso mismo, suele mostrarse más contenido, cargó este jueves con dureza contra la medida por boca de su portavoz adjunto, Enrique Santiago, que aseguró que «no va a arreglar el problema, pero dará una inmensa proyección a ideas fascistas y racistas» que trasladan «que los extranjeros vienen a delinquir y que no se puede salir a la calle».. «¿Esto qué es, un experimento de gran coalición? ¿Es un acuerdo para convertir en hegemónico el discurso demagógico de Vox, de Se Acabó La Fiesta o de Aliança Catalana?», se preguntó muy enfadado Santiago durante el debate. Y no fue el único. También hizo mención a la ultraderechista Aliança Catalana, por cuyo fuerte crecimiento la dirección de Junts se siente presionada desde hace unos meses, el diputado de Bildu Jon Iñarritu, que afirmó que aprobar esta ley «no funcionará para pararles» y acusó a quienes la han apoyado de centrarse en perseguir a los «robagallinas», personas «con perfiles de marginalidad» que lo que necesitan es mejorar sus condiciones de vida.. La excepción entre los socios progresistas fue ERC, al que el asunto de la multirreincidencia le genera mucha incomodidad por la incidencia de los hurtos en Cataluña. De hecho, su diputada Pilar Vallugera anunció que los republicanos se abstendrían porque algunos de los alcaldes de ERC les han reclamado medidas para frenar este problema en sus municipios. Pero, a la vez, aseguró que «la realidad no se cambia a golpe del Código Penal o de la ley de enjuiciamiento civil», sino aumentando los medios del sistema de justicia para desatascarlo y «con un sistema penitenciario que permita la rehabilitación».. «Es cierto que el relato que se ha impulsado por parte de las derechas», dijo Vallugera, no es real, puesto que «lo que nos datos nos dicen es que las cifras de delincuencia nos muestran un descenso, al menos en Cataluña». No obstante, «la gente que cada día va por las calles y que nos explica cuáles son sus necesidades» reclama atajar el problema de la multirreincidencia, admitió la diputada, que afirmó que ese es el motivo por el cual su grupo no quiere «poner trabas», aun pensando que la ley es «populismo punitivo» y «humo».
