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  Política  Nacional  El Senado estudiará la política penitenciaria del Gobierno con los etarras para frenar las excarcelaciones como «moneda de cambio» Aida Skirej
NacionalPolítica

El Senado estudiará la política penitenciaria del Gobierno con los etarras para frenar las excarcelaciones como «moneda de cambio» Aida Skirej

30 de abril de 2026

 

El Partido Popular va a analizar en el Senado la política penitenciaria llevada a cabo por el Gobierno que, según han censurado, «ha beneficiado a presos etarras». La Cámara Alta ha aprobado una moción del PP, con el apoyo de Vox y UPN, para poner fin a los «indultos encubiertos de etarras a cambio de votos», máxime cuando en las últimas semanas se le ha concedido un permiso de seis días al exjefe de ETA Txeroki, actualmente en régimen de semilibertad, que también ha intentado conseguir la exjefa de la banda Anboto. Los populares relacionan las cesiones a los etarras con los acuerdos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con EH Bildu para conseguir su apoyo parlamentario pero critican que la política en esta materia «no puede ser una moneda de cambio».. La iniciativa legislativa aprobada en el Senado prevé crear una ponencia en la Comisión de Interior para analizar los beneficios aplicados a los presos terroristas de ETA. Los populares quieren saber cuántos se han visto favorecidos por la cesión de las competencias en esta materia al Gobierno vasco porque sospechan que se han conferido «terceros grados encubiertos». Señalan que desde que el País Vasco asumió dichas competencias «asistimos a la concesión de salidas de prisión de presos etarras cuyas condenas en absoluto han sido cumplidas y sobre las que se ha alertado reiteradamente de que no se cumplen los requisitos legales».. Como ejemplo, Mikel Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki, que ya disfruta de un régimen de semilibertad, es decir, solo va a la cárcel a dormir, «a pesar de acumular condenas que suman 377 años de prisión por su historial sanguinario con la banda terrorista ETA, con tan solo 17 años entre rejas». O Soledad Iparraguirre, Anboto, cuyo régimen abierto fue rechazado por la Audiencia Nacional al considerarlo una «excarcelación anticipada». Precisamente, el magistrado que retrotrajo a la exjefa de la banda al segundo grado de tratamiento penitenciario, propuso también modificar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.. Dicho artículo permite flexibilizar el cumplimiento de la condena para fomentar la reinserción, combinando elementos del segundo y tercer grado, aunque se reconoce en la normativa como una medida excepcional que debe ser aprobada por la Junta de Tratamiento y ratificada por un juez. Y para los populares se está haciendo un «uso fraudulento» del mismo, utilizándolo como un «atajo administrativo hacia la libertad de los terroristas», por lo que en la moción también reclaman una revisión del artículo así como de las normativas necesarias encaminada a reforzar el cumplimiento íntegro de las penas impuestas por delitos de terrorismo.. La senadora Rosa Gallego ha sido la encargada de presentar la iniciativa pero Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA, ha defendido vehementemente la cuestión como altavoz de los damnificados: «Hoy se trata mejor a los que asesinaron que a las víctimas», ha lamentado. Por ello, destaca que el PP va a seguir hablando de «memoria, dignidad y justicia para las víctimas, cada vez que el Gobierno mire a otro lado, cada vez que saquen a pasear a ETA en las pancartas, en las camisetas de niños y en las fiestas de los pueblos». Y, por supuesto, cada vez que se concedan «por la puerta de atrás» beneficios a terroristas.. Por parte de los socialistas vascos, han tildado la cuestión de la moción de «bulo» que únicamente pretende «quebrar al PSOE». Para Más Madrid es una «patraña» y una «filfa» del PP dentro de su estrategia de «confrontación». Y Bildu habla de «acoso» con la finalidad de «socavar los apoyos del Gobierno» a través de «la desazón de algunas víctimas». Desde el PP han recordado el acercamiento de los presos de ETA a Navarra y País Vasco y el traspaso de la gestión penitenciaria a este último como ‘medio de pago’ del Ejecutivo de Sánchez a Bildu por su apoyo parlamentario, el precio del «pacto encapuchado del Gobierno con Bildu». «Desde el PP jamás vamos a aceptar que aquellos que causaron el terror sean ahora beneficiados por la desesperación de un gobierno acabado que ruega cada día a Otegi un día más en la Moncloa, mientras las víctimas siguen esperando justicia y dignidad», ha criticado Blanco.. La iniciativa con la que tratarán de apretar al Ejecutivo en esta materia ha incluido una enmienda de Vox que ha aceptado el grupo proponente en la que recogen además hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento al terrorismo, investigar los crímenes de ETA pendientes, poner fin a las «políticas de cesión al separatismo» y reconocer como «crímenes de lesa humanidad a todos los delitos cometidos por la organización terrorista».

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29 de abril de 2026

 

El PP creará una ponencia en la Comisión de Interior de la Cámara Alta para estudiar la política penitenciara del Gobierno de «indultos encubiertos a etarras a cambio de votos».

 

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El Partido Popular va a analizar en el Senado la política penitenciaria llevada a cabo por el Gobierno que, según han censurado, «ha beneficiado a presos etarras». La Cámara Alta ha aprobado una moción del PP, con el apoyo de Vox y UPN, para poner fin a los «indultos encubiertos de etarras a cambio de votos», máxime cuando en las últimas semanas se le ha concedido un permiso de seis días al exjefe de ETA Txeroki, actualmente en régimen de semilibertad, que también ha intentado conseguir la exjefa de la banda Anboto. Los populares relacionan las cesiones a los etarras con los acuerdos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con EH Bildu para conseguir su apoyo parlamentario pero critican que la política en esta materia «no puede ser una moneda de cambio».. La iniciativa legislativa aprobada en el Senado prevé crear una ponencia en la Comisión de Interior para analizar los beneficios aplicados a los presos terroristas de ETA. Los populares quieren saber cuántos se han visto favorecidos por la cesión de las competencias en esta materia al Gobierno vasco porque sospechan que se han conferido «terceros grados encubiertos». Señalan que desde que el País Vasco asumió dichas competencias «asistimos a la concesión de salidas de prisión de presos etarras cuyas condenas en absoluto han sido cumplidas y sobre las que se ha alertado reiteradamente de que no se cumplen los requisitos legales».. Como ejemplo, Mikel Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki, que ya disfruta de un régimen de semilibertad, es decir, solo va a la cárcel a dormir, «a pesar de acumular condenas que suman 377 años de prisión por su historial sanguinario con la banda terrorista ETA, con tan solo 17 años entre rejas». O Soledad Iparraguirre, Anboto, cuyo régimen abierto fue rechazado por la Audiencia Nacional al considerarlo una «excarcelación anticipada». Precisamente, el magistrado que retrotrajo a la exjefa de la banda al segundo grado de tratamiento penitenciario, propuso también modificar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.. Dicho artículo permite flexibilizar el cumplimiento de la condena para fomentar la reinserción, combinando elementos del segundo y tercer grado, aunque se reconoce en la normativa como una medida excepcional que debe ser aprobada por la Junta de Tratamiento y ratificada por un juez. Y para los populares se está haciendo un «uso fraudulento» del mismo, utilizándolo como un «atajo administrativo hacia la libertad de los terroristas», por lo que en la moción también reclaman una revisión del artículo así como de las normativas necesarias encaminada a reforzar el cumplimiento íntegro de las penas impuestas por delitos de terrorismo.. La senadora Rosa Gallego ha sido la encargada de presentar la iniciativa pero Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA, ha defendido vehementemente la cuestión como altavoz de los damnificados: «Hoy se trata mejor a los que asesinaron que a las víctimas», ha lamentado. Por ello, destaca que el PP va a seguir hablando de «memoria, dignidad y justicia para las víctimas, cada vez que el Gobierno mire a otro lado, cada vez que saquen a pasear a ETA en las pancartas, en las camisetas de niños y en las fiestas de los pueblos». Y, por supuesto, cada vez que se concedan «por la puerta de atrás» beneficios a terroristas.. Por parte de los socialistas vascos, han tildado la cuestión de la moción de «bulo» que únicamente pretende «quebrar al PSOE». Para Más Madrid es una «patraña» y una «filfa» del PP dentro de su estrategia de «confrontación». Y Bildu habla de «acoso» con la finalidad de «socavar los apoyos del Gobierno» a través de «la desazón de algunas víctimas». Desde el PP han recordado el acercamiento de los presos de ETA a Navarra y País Vasco y el traspaso de la gestión penitenciaria a este último como ‘medio de pago’ del Ejecutivo de Sánchez a Bildu por su apoyo parlamentario, el precio del «pacto encapuchado del Gobierno con Bildu». «Desde el PP jamás vamos a aceptar que aquellos que causaron el terror sean ahora beneficiados por la desesperación de un gobierno acabado que ruega cada día a Otegi un día más en la Moncloa, mientras las víctimas siguen esperando justicia y dignidad», ha criticado Blanco.. La iniciativa con la que tratarán de apretar al Ejecutivo en esta materia ha incluido una enmienda de Vox que ha aceptado el grupo proponente en la que recogen además hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento al terrorismo, investigar los crímenes de ETA pendientes, poner fin a las «políticas de cesión al separatismo» y reconocer como «crímenes de lesa humanidad a todos los delitos cometidos por la organización terrorista».

 

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