La grandes empresas eléctricas, asociaciones y compañías del sector renovable y consultoras de la talla de PWC llevan días manifestado la necesidad de que el Congreso convalide este martes el decreto ‘anti-apagón’, con medidas de urgencia para intentar evitar otro cero eléctrico como el de 28 de abril. La supervivencia del refuerzo sobre el control de la tensión de la red para evitar las oscilaciones que ese día tumbaron el sistema por parte de la CNMC, pero también del aumento a los cinco kilómetros del autoconsumo o de rebajas fiscales por instalar aerotermia y a la industria electrointensiva penden de un hilo en un contexto político explosivo y con los puentes rotos entre el Gobierno y otros grupos parlamentarios. Este lunes, Podemos ha anunciado que votará en contra, cerrando así la vía por la izquierda y dejando el futuro de esta medida en manos del PP, un partido tradicionalmente buen interlocutor del sector eléctrico, que insiste en que el Congreso convalide la norma.. Un día antes de la votación -que si no se supera hará decaer la ley-, los de Alberto Núñez Feijóo no han desvelado todavía el sentido de su voto, que fuentes del sector energético esperan que sea al menos la abstención para que no decaiga el decreto que aprobó el Consejo de Ministros en junio como consecuencia de recomendaciones que planteó en su informe sobre el apagón el Ministerio para la Transición Ecológica. Para allanar el camino parlamentario, en él ya incorporó reclamaciones de algunos grupos para garantizarse un apoyo que, sin embargo, un día antes no tiene garantizado. Por ejemplo, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, accedió a la reclamación desde hace años de ERC para ampliar de nuevo la distancia entre producción y consumo del autoconsumo, de dos kilómetros a nada menos que cinco, o escuchó las reclamaciones del PNV vinculadas con la industria, para seguir bonificando sus peajes eléctricos y por los que el colectivo de la industria electrointensiva no tardó en manifestar su apoyo a la ley. En este ámbito, también se ha mostrado a favor del decreto la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que integra a asociaciones de fabricantes de automóvil (ANFAC), de papel (ASPAPEL) o de la alimentación (FIAB).. Con Podemos y Vox fuera de la ecuación y a ambos lados del espectro ideológico y la incertidumbre de Junts, fuentes del sector fijaban este lunes los ojos en lo que vaya a hacer el PP, que no tendría ni que votar a favor de la propuesta del Gobierno y cuya abstención sería suficiente para que salga adelante un decreto que también ven con buenos ojos desde Iberdrola y Endesa y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).. Según el análisis de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que reúne a grandes empresas eléctricas como Iberdrola y Endesa, la ley «supone un avance importante en la implementación de propuestas contenidas en el informe, orientadas a corregir debilidades del sistema y mejorar su resiliencia».. Según su análisis, tiene «ambición en materia de electrificación» por las facilidades fiscales que incorpora por instalar aerotermia, bombas de calor o puntos de recarga de vehículos eléctricos, porque respalda -aunque se trata de una regulación de la CNMC, ya en pie desde hace una semanas- la normativa para incorporar los parques fotovotaicos y eólicos al control de la tensión de red y porque, en su opinión, también «optimiza el uso de la infraestructura» de red existente, permitiendo añadir nuevas posiciones en subestaciones con espacio disponible, sin necesidad de aprobación por parte del Gobierno, porque se permiten demandas compartidas en una misma posición y para que los distribuidores aprovechen menor capacidades «infrautilizadas» para la conexión de proyectos industriales electrificados».. Las eléctricas también han dejado dicho que ven con buenos ojos el compromiso de Aagesen de revisar la planificación de red de forma más periódica -cada dos años, en lugar de siete actuales-, aunque también subraya que queda por revisar el límite de las inversiones en la red de distribución que el Ministerio lleva estudiando ya hace más de un año, que figura como una de las recomendaciones y en su informe sobre el apagón pero no en el decreto. También hace falta ordenar el procedimiento de acceso y conexión de la demanda, para que puedan conectarse más consumidores y «la regulación del control sobre la operación reforzada» del sistema eléctrico que viene operando Red Eléctrica desde el día después del apagón y que está costando a las comercializadoras del orden de 200 millones más, que repercutirán en los consumidores.. «Pensamos que claramente este Real Decreto sí va a contribuir a que se produzca una mejora en las condiciones y que se reduzca el riesgo de que haya apagones», afirmaba hace unos días en una entrevista en OK Diario la directora financiera y de Regulación de UNEF, Cristina Torres-Quevedo, que apuntaba que la principal asociación de empresas del sector fotovoltaico se fijaba «como objetivo convencer a Vox y al PP de las ventajas» del decreto que este martes pasará por una votación ‘de vida o muerte’ en el Congreso. La UNEF ve estas ventajas «para la industria, para la competitividad y para la resiliencia del sistema [eléctrico]». Dentro del sector renovable, también apoya las medidas el sector eólico, representado por la Asociación de Empresas Eólicas (AEE) y APPA Renovables.. A pocas horas de la votación, la consultora PwC ha añadido este lunes a sus frecuentes análisis en materia de energía por ejemplo, sobre por qué habría que prolongar la vida útil de las centrales nucleares, algo compartido también con el PP y Vox, un informe que, como los anteriores, también cree necesaria la convalidación del decreto ‘antiapagón’.. La consultora considera que «es una oportunidad para la reindustrialización» y destaca entre sus puntos fuertes la revisión obligatoria de la planificación eléctrica cada tres años y una revisión puntual cada dos y medidas para aprovechar la red existente, de modo que, como también subrayaban las eléctricas, se puedan utilizar «muchas posiciones» que están «infrautizadas o directamente no utilizadas» y la posibilidad de que sean compartidas por varios consumidores, dando más flexibilidad al sistema.
La grandes empresas eléctricas, asociaciones y compañías del sector renovable y consultoras de la talla de PWC llevan días manifestado la necesidad de que…
La grandes empresas eléctricas, asociaciones y compañías del sector renovable y consultoras de la talla de PWC llevan días manifestado la necesidad de que el Congreso convalide este martes el decreto ‘anti-apagón’, con medidas de urgencia para intentar evitar otro cero eléctrico como el de 28 de abril. La supervivencia del refuerzo sobre el control de la tensión de la red para evitar las oscilaciones que ese día tumbaron el sistema por parte de la CNMC, pero también del aumento a los cinco kilómetros del autoconsumo o de rebajas fiscales por instalar aerotermia y a la industria electrointensiva penden de un hilo en un contexto político explosivo y con los puentes rotos entre el Gobierno y otros grupos parlamentarios. Este lunes, Podemos ha anunciado que votará en contra, cerrando así la vía por la izquierda y dejando el futuro de esta medida en manos del PP, un partido tradicionalmente buen interlocutor del sector eléctrico, que insiste en que el Congreso convalide la norma.. Un día antes de la votación -que si no se supera hará decaer la ley-, los de Alberto Núñez Feijóo no han desvelado todavía el sentido de su voto, que fuentes del sector energético esperan que sea al menos la abstención para que no decaiga el decreto que aprobó el Consejo de Ministros en junio como consecuencia de recomendaciones que planteó en su informe sobre el apagón el Ministerio para la Transición Ecológica. Para allanar el camino parlamentario, en él ya incorporó reclamaciones de algunos grupos para garantizarse un apoyo que, sin embargo, un día antes no tiene garantizado. Por ejemplo, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, accedió a la reclamación desde hace años de ERC para ampliar de nuevo la distancia entre producción y consumo del autoconsumo, de dos kilómetros a nada menos que cinco, o escuchó las reclamaciones del PNV vinculadas con la industria, para seguir bonificando sus peajes eléctricos y por los que el colectivo de la industria electrointensiva no tardó en manifestar su apoyo a la ley. En este ámbito, también se ha mostrado a favor del decreto la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que integra a asociaciones de fabricantes de automóvil (ANFAC), de papel (ASPAPEL) o de la alimentación (FIAB).. Con Podemos y Vox fuera de la ecuación y a ambos lados del espectro ideológico y la incertidumbre de Junts, fuentes del sector fijaban este lunes los ojos en lo que vaya a hacer el PP, que no tendría ni que votar a favor de la propuesta del Gobierno y cuya abstención sería suficiente para que salga adelante un decreto que también ven con buenos ojos desde Iberdrola y Endesa y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).. Según el análisis de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que reúne a grandes empresas eléctricas como Iberdrola y Endesa, la ley «supone un avance importante en la implementación de propuestas contenidas en el informe, orientadas a corregir debilidades del sistema y mejorar su resiliencia».. Según su análisis, tiene «ambición en materia de electrificación» por las facilidades fiscales que incorpora por instalar aerotermia, bombas de calor o puntos de recarga de vehículos eléctricos, porque respalda -aunque se trata de una regulación de la CNMC, ya en pie desde hace una semanas- la normativa para incorporar los parques fotovotaicos y eólicos al control de la tensión de red y porque, en su opinión, también «optimiza el uso de la infraestructura» de red existente, permitiendo añadir nuevas posiciones en subestaciones con espacio disponible, sin necesidad de aprobación por parte del Gobierno, porque se permiten demandas compartidas en una misma posición y para que los distribuidores aprovechen menor capacidades «infrautilizadas» para la conexión de proyectos industriales electrificados».. Las eléctricas también han dejado dicho que ven con buenos ojos el compromiso de Aagesen de revisar la planificación de red de forma más periódica -cada dos años, en lugar de siete actuales-, aunque también subraya que queda por revisar el límite de las inversiones en la red de distribución que el Ministerio lleva estudiando ya hace más de un año, que figura como una de las recomendaciones y en su informe sobre el apagón pero no en el decreto. También hace falta ordenar el procedimiento de acceso y conexión de la demanda, para que puedan conectarse más consumidores y «la regulación del control sobre la operación reforzada» del sistema eléctrico que viene operando Red Eléctrica desde el día después del apagón y que está costando a las comercializadoras del orden de 200 millones más, que repercutirán en los consumidores.. «Convencer al PP y Vox». «Pensamos que claramente este Real Decreto sí va a contribuir a que se produzca una mejora en las condiciones y que se reduzca el riesgo de que haya apagones», afirmaba hace unos días en una entrevista en OK Diario la directora financiera y de Regulación de UNEF, Cristina Torres-Quevedo, que apuntaba que la principal asociación de empresas del sector fotovoltaico se fijaba «como objetivo convencer a Vox y al PP de las ventajas» del decreto que este martes pasará por una votación ‘de vida o muerte’ en el Congreso. La UNEF ve estas ventajas «para la industria, para la competitividad y para la resiliencia del sistema [eléctrico]». Dentro del sector renovable, también apoya las medidas el sector eólico, representado por la Asociación de Empresas Eólicas (AEE) y APPA Renovables.. A pocas horas de la votación, la consultora PwC ha añadido este lunes a sus frecuentes análisis en materia de energía por ejemplo, sobre por qué habría que prolongar la vida útil de las centrales nucleares, algo compartido también con el PP y Vox, un informe que, como los anteriores, también cree necesaria la convalidación del decreto ‘antiapagón’.. La consultora considera que «es una oportunidad para la reindustrialización» y destaca entre sus puntos fuertes la revisión obligatoria de la planificación eléctrica cada tres años y una revisión puntual cada dos y medidas para aprovechar la red existente, de modo que, como también subrayaban las eléctricas, se puedan utilizar «muchas posiciones» que están «infrautizadas o directamente no utilizadas» y la posibilidad de que sean compartidas por varios consumidores, dando más flexibilidad al sistema.
