Golpe de Iberdrola a Hacienda en los tribunales. La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente una reclamación de la eléctrica vasca al fisco, en la que solicitaba la devolución de casi 172 millones de euros, según el fallo judicial al que ha tenido acceso este medio.
La controversia tiene su origen dos décadas atrás, cuando Iberdrola compró el grupo Scottish Power, su filial en el Reino Unido. Tras la compra, la multinacional energética practicó una serie de deducciones sobre el impuesto de sociedades, lo que reducía la base imponible a sus beneficios. Concretamente, la disputa se centra en la deducibilidad del fondo de comercio, el valor inmaterial de la empresa adquirida. Es decir, la diferencia entre el precio pagado por la compañía y su valor en libros.
Dicha plusvalía que se dedujo la multinacional presidida por Ignacio Sánchez Galán fue posteriormente fiscalizada por la Delegación Central del Grandes Contribuyentes, que concluyó que Iberdrola debía pagar esos casi 172 millones de euros adicionales.
No obstante, la empresa del Ibex-35 no estaba de acuerdo con las autoridades fiscales y recurrió en vía administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). El órgano dependiente del Ministerio de Hacienda desestimó el recurso de la eléctrica en 2020.
Ante esta situación, Iberdrola decidió interponer un recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente. Y el pasado 22 de abril, los magistrados del caso acogieron parcialmente los argumentos de la empresa. En este caso, la defensa de Iberdrola ha corrido a cargo de un exabogado del Estado en excedencia, que ya trabajó defendiendo a la Administración pública en causas en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo y que ahora, en el sector privado, es socio responsable de litigación en el despacho internacional Clifford Chance. La abogacía del Estado defiende a Hacienda en esta causa frente a Iberdrola.
El fallo de la Audiencia Nacional solo acoge algunas de las reclamaciones. Además de los impuestos pagados por el fondo de comercio generado con Scottish Power, el litigio también incluía las incompatibilidades por la depreciación de participaciones con la exención de dividendos, ajustes y eliminaciones de coberturas y la retribución del consejo de administración.
Fuentes de Iberdrola y de la Agencia Tributaria han declinado hacer comentarios y no han querido cuantificar el impacto económico de esta sentencia que da la razón en parte a la eléctrica. Además, el fallo es recurrible. Otras fuentes consultadas señalan que la Administración está aún analizando dicha sentencia antes de un potencial recurso. La abogacía del Estado tiene 30 días para recurrir en casación desde la notificación de la sentencia.
Al margen del litigio de Iberdrola por esos 172 millones de euros, esta y otras grandes empresas del Ibex-35 llevan años de pleitos por las ayudas fiscales que el Gobierno de José María Aznar dio a aquellas firmas que compraron otras empresas fuera de España.
Así, además de Iberdrola, firmas como Telefónica, Santander o Ferrovial piden a Hacienda más de 2.500 millones de euros por deducciones fiscales aplicadas a compras de filiales exteriores hace más de dos décadas.
Dichas ayudas fueron denunciadas ante Bruselas por parte de competidores europeos, que entendían que las empresas españolas disponían de mayor capacidad para hacer compras en el exterior gracias al trato fiscal que implantó el primer Ejecutivo del Partido Popular (PP).
La cuestión ha terminado con diversos fallos en los últimos años del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien finalmente en 2025 zanjó la cuestión a favor de las empresas y el régimen fiscal que mantuvo España en el periodo denunciado. Eso ha motivado que las empresas ya hace casi un año lanzaran una ofensiva para recuperar estas relevantes sumas de impuestos.
Ya entonces, Telefónica, Iberdrola o Ferrovial, que devolvieron estas ayudas, habían pedido la recuperación de unos 1.500 millones, 760 millones y 51 millones, respectivamente, a lo que habrán de sumarse los citados intereses, destacan las compañías en sus informes de auditoría y confirman fuentes al tanto del caso. Pero a estas empresas se pueden sumar otras afectadas por una casuística de la misma naturaleza, como Banco Santander, Agbar (hoy propiedad de Veolia), ArcelorMittal, Abertis o la filial de Axa en España. Fuentes comunitarias estimaban desde hace años que este caso sobre posibles ayudas de Estado, ahora validadas por la más alta institución judicial a nivel europeo, podría alcanzar cerca de 8.000 millones de euros.
Esta no es la primera vez que los grandes del Ibex logran una sonada victoria en los tribunales que obligue a Hacienda a devoluciones milmillonarias. Compañías como Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Naturgy o Endesa han recibido cantidades próximas a los 5.000 millones de euros por el canon hidráulico, los activos fiscales diferidos generados tras la crisis de 2008 y otras disputas judiciales.
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