El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Airbnb a pagar la multa de más de 64 millones de euros que le había impuesto el Ministerio de Consumo por anunciar en su plataforma viviendas que no tenían licencia de uso turístico. La empresa había solicitado medidas cautelares para paralizar dicha sanción, pero el TSJ madrileño ha rechazado esa posibilidad, ratificando así la multa impuesta en diciembre de 2025 a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos, que ya ha anunciado que recurrirá el fallo.. «Cuando el ministerio empezó a actuar sobre la problemática de los usos turísticos ilegales, muchas voces nos dijeron que era un problema imposible de solucionar, y sin embargo, paso a paso, vamos viendo cómo por supuesto que es posible dar solución al que es el principal problema que viven las clases trabajadoras y las familias en España, que es la vivienda», ha subrayado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien en declaraciones a los medios también ha querido defender que las viviendas «tienen que ser para que las familias vivan en ellas, no para construir pisos turísticos ilegales», ni tampoco para «especular con el precio de los alquileres».. En concreto, el TSJ ha denegado la solicitud de medidas cautelares que había solicitado la empresa para paralizar la sanción que el Ministerio le impuso, en diciembre de 2025, a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos por infracciones en la publicación de anuncios de este tipo de viviendas. En julio del año pasado, Consumo identificó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb y ordenó su retirada de la plataforma.. Concretamente, las infracciones detectadas por el departamento de Bustinduy consistían en publicidad de alojamientos vacacionales que no tenían licencia turística, pero también en anuncios con números de licencia o registro que no se correspondían con la que se utilizaba en los registros, o incluso por incurrir en «publicidad engañosa», al publicitar un alojamiento haciéndose pasar por un particular, cuando en verdad lo ofrece una empresa.. Solo por estos motivos, se impuso una multa de 63,98 millones de euros, es decir, «seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios», detalla Consumo.. Además, la empresa incumplió otras infracciones menores como incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia; obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección o incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales. El importe de estas sanciones completa el montante final de 64.055.311 euros.. Airbnb presentó entonces un recurso contra la multa, que la justicia suspendió temporalmente mientras decidía si daba la razón al ministerio o a la multinacional. Ahora, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la solicitud de medidas cautelares, por las que pedía la suspensión del pago de la multa hasta que dictara sentencia, ratificando así la sanción millonaria que, en principio, tendrá que abonar Airbnb.. Con todo, la empresa estadounidense ya ha recurrido la multa, y en un comunicado denuncia que la decisión es «puramente procedimental» y «no entra sobre el fondo del caso». «Airbnb considera que esta sanción es contraria al marco legal español y europeo y la ha recurrido», informa la compañía, que insiste en que, desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración el 1 de julio, han «colaborado con las autoridades competentes en su implementación».. Bustinduy: «La ley tiene que cumplirse». «En España la ley tiene que cumplirse», ha defendido Bustinduy en una entrevista en el programa La hora de la 1, de RTVE, donde también ha subrayado que «ninguna empresa, por grande y poderosa que sea, está por encima de la ley». Para el ministro, la confirmación de esta sanción supone «un paso importante» en la lucha contra la crisis de la vivienda y demuestra que se pueden defender los intereses de la gente frente a un puñado de operadores que se está forrando con la crisis de la vivienda».. «Cualquier operador que pretenda lucrarse con la crisis causada por la guerra de Irán lo va a pagar», ha agregado, antes de insistir en que su departamento va a hacer «todo lo que esté en su mano para que nadie se lucre a costa de los derechos de la gente».. Un llamamiento a la «movilización de todos los inquilinos». El ministro también se ha pronunciado sobre el decreto que prorroga los contratos de alquiler que vencen este año y que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que todavía debe ratificarse en el Congreso de los Diputados. En declaraciones a los medios, ha defendido la urgencia de este decreto impuesto por el socio minoritario del Gobierno, que estima que beneficiaría a un millón de contratos y dos millones de españoles.. «Hoy quiero llamar a la movilización de todos los inquilinos de este país, para que hagan presión política suficiente para que, en el plazo de 30 días, cuando haya que convalidar este decreto ley, existan las condiciones suficientes para tener una mayoría parlamentaria», ha aseverado, antes de insistir en que es una medida «absolutamente fundamental» para que aquellas familias a las que les vence ya el contrato del alquiler no sufran una subida «del 30, 40 o el 50% en sus contratos de alquiler. «Hemos demostrado que se puede intervenir para abordar el tema de la, ha subrayado el ministro.
El pasado mes de julio, el Ministerio ya había logrado que la compañía retirase 65.000 anuncios ilegales de su plataforma.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Airbnb a pagar la multa de más de 64 millones de euros que le había impuesto el Ministerio de Consumo por anunciar en su plataforma viviendas que no tenían licencia de uso turístico. La empresa había solicitado medidas cautelares para paralizar dicha sanción, pero el TSJ madrileño ha rechazado esa posibilidad, ratificando así la multa impuesta en diciembre de 2025 a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos, que ya ha anunciado que recurrirá el fallo.. «Cuando el ministerio empezó a actuar sobre la problemática de los usos turísticos ilegales, muchas voces nos dijeron que era un problema imposible de solucionar, y sin embargo, paso a paso, vamos viendo cómo por supuesto que es posible dar solución al que es el principal problema que viven las clases trabajadoras y las familias en España, que es la vivienda», ha subrayado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien en declaraciones a los medios también ha querido defender que las viviendas «tienen que ser para que las familias vivan en ellas, no para construir pisos turísticos ilegales», ni tampoco para «especular con el precio de los alquileres».. En concreto, el TSJ ha denegado la solicitud de medidas cautelares que había solicitado la empresa para paralizar la sanción que el Ministerio le impuso, en diciembre de 2025, a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos por infracciones en la publicación de anuncios de este tipo de viviendas. En julio del año pasado, Consumo identificó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb y ordenó su retirada de la plataforma.. Concretamente, las infracciones detectadas por el departamento de Bustinduy consistían en publicidad de alojamientos vacacionales que no tenían licencia turística, pero también en anuncios con números de licencia o registro que no se correspondían con la que se utilizaba en los registros, o incluso por incurrir en «publicidad engañosa», al publicitar un alojamiento haciéndose pasar por un particular, cuando en verdad lo ofrece una empresa.. Solo por estos motivos, se impuso una multa de 63,98 millones de euros, es decir, «seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios», detalla Consumo.. Además, la empresa incumplió otras infracciones menores como incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia; obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección o incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales. El importe de estas sanciones completa el montante final de 64.055.311 euros.. Airbnb presentó entonces un recurso contra la multa, que la justicia suspendió temporalmente mientras decidía si daba la razón al ministerio o a la multinacional. Ahora, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la solicitud de medidas cautelares, por las que pedía la suspensión del pago de la multa hasta que dictara sentencia, ratificando así la sanción millonaria que, en principio, tendrá que abonar Airbnb.. Con todo, la empresa estadounidense ya ha recurrido la multa, y en un comunicado denuncia que la decisión es «puramente procedimental» y «no entra sobre el fondo del caso». «Airbnb considera que esta sanción es contraria al marco legal español y europeo y la ha recurrido», informa la compañía, que insiste en que, desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración el 1 de julio, han «colaborado con las autoridades competentes en su implementación».. Bustinduy: «La ley tiene que cumplirse». «En España la ley tiene que cumplirse», ha defendido Bustinduy en una entrevista en el programa La hora de la 1, de RTVE, donde también ha subrayado que «ninguna empresa, por grande y poderosa que sea, está por encima de la ley». Para el ministro, la confirmación de esta sanción supone «un paso importante» en la lucha contra la crisis de la vivienda y demuestra que se pueden defender los intereses de la gente frente a un puñado de operadores que se está forrando con la crisis de la vivienda».. «Cualquier operador que pretenda lucrarse con la crisis causada por la guerra de Irán lo va a pagar», ha agregado, antes de insistir en que su departamento va a hacer «todo lo que esté en su mano para que nadie se lucre a costa de los derechos de la gente».. Un llamamiento a la «movilización de todos los inquilinos». El ministro también se ha pronunciado sobre el decreto que prorroga los contratos de alquiler que vencen este año y que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que todavía debe ratificarse en el Congreso de los Diputados. En declaraciones a los medios, ha defendido la urgencia de este decreto impuesto por el socio minoritario del Gobierno, que estima que beneficiaría a un millón de contratos y dos millones de españoles.. «Hoy quiero llamar a la movilización de todos los inquilinos de este país, para que hagan presión política suficiente para que, en el plazo de 30 días, cuando haya que convalidar este decreto ley, existan las condiciones suficientes para tener una mayoría parlamentaria», ha aseverado, antes de insistir en que es una medida «absolutamente fundamental» para que aquellas familias a las que les vence ya el contrato del alquiler no sufran una subida «del 30, 40 o el 50% en sus contratos de alquiler. «Hemos demostrado que se puede intervenir para abordar el tema de la, ha subrayado el ministro.
