No es ningún secreto que la prosperidad de una nación es un mosaico que no puede medirse únicamente a través del crecimiento económico bruto o el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita. El progreso real de una sociedad radica en su capacidad para ofrecer a sus ciudadanos libertades individuales, seguridad, redes de apoyo comunitario y acceso a servicios esenciales de alta calidad.
Los intentos para medir esta perspectiva holística son varios, pero el más completo es quizás el Índice de Prosperidad Legatum, elaborado por el llamado Prosperity Institute de Londres. Con una serie anual, este indicador lleva más de una década situándonos en los puestos 24 a 26, siendo justamente esta última posición la alcanzada en su última edición de este año con datos de 2024.
Aunque esta posición nunca debe resultar complaciente a los que somos más exigentes, podemos afirmar que España se encuentra en el llamado grupo de cabeza o “P30” de los países más prósperos del mundo, cerca de Francia, por encima de Portugal, Italia o Polonia, aunque, eso sí, muy por debajo de los países nórdicos y por detrás de los centroeuropeos. No obstante, esta posición supone un logro objetivo que refleja los altos estándares de desarrollo humano y la solidez de la red de seguridad social del país. Sin embargo, esta inercia, por una posición que mantenemos desde hace más de diez años, parece describir que hace tiempo alcanzamos un “techo de cristal” que parece impedir la convergencia con los modelos más avanzados de Europa y plantea interrogantes de cara al futuro.
Este índice se construye a partir de diversas dimensiones, cuyo análisis describe mejor dónde están nuestras potencialidades como nuestras debilidades y amenazas. Así, la gran fortaleza del país se sitúa en el dominio de las personas y sus condiciones de vida diarias. Si hubiera que destacar alguno, una dimensión claramente envidiable para el resto del mundo es nuestro sistema de salud, y que nos posiciona en un excelente séptimo lugar a nivel mundial. Con una de las esperanzas de vida más altas de la OCDE, el sistema destaca por la cobertura universal, el acceso equitativo a tratamientos complejos y un enfoque preventivo en atención primaria. A este éxito biomédico lo refuerzan factores culturales muy propios del entorno mediterráneo, como patrones de sociabilidad saludables, redes familiares activas y una dieta favorable. Es lógico que en estos tiempos reaccionemos de una forma tan visceral a lo que parece un deterioro de un servicio tan fundamental.
En sintonía con este bienestar básico, el pilar de Condiciones de Vida (puesto 28º) y el de Infraestructura y Acceso al Mercado (top 15 global) muestran el elevado grado de capital físico y conectividad del que dispone el territorio. España cuenta con una de las infraestructuras de transporte terrestre, ferroviario y aeroportuario más densas y modernas del continente, complementada con una cobertura de telecomunicaciones y fibra óptica líder en Europa.
Sin duda alguna, la convivencia pacífica y civil en España es, según este ejercicio de medición, un activo incuestionable. España se sitúa en el puesto 24º en Paz Civil y Seguridad, manteniendo una tasa de criminalidad violenta excepcionalmente baja (con una tasa de homicidios cercana al 0,69 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea y a gran distancia de potencias asimétricas como los Estados Unidos). Este entorno de seguridad física se ve reforzado por el pilar de Libertad Personal (puesto 21º), caracterizado por un alto nivel de tolerancia social, pluralismo y respeto hacia las minorías.
Por último, el tejido informal del Capital Social y el soporte familiar (puesto 35º en Comunidades, y habiendo alcanzado el 11º histórico a nivel de cohesión informal), ha funcionado tradicionalmente como un “Estado de bienestar en la sombra”. Durante las contracciones económicas pasadas, han sido las familias y las redes comunitarias las que han evitado una fractura social severa, absorbiendo los efectos del desempleo y ofreciendo apoyo financiero y emocional crucial para los jóvenes y los sectores más expuestos.
No obstante, la estabilidad en el puesto 26 indica que estos logros sociales, de salud o infraestructura se encuentran bajo una amenaza latente si no se consolidan sus cimientos económicos e institucionales. Y es que donde el Índice Legatum encuentra las mayores debilidades es precisamente en apartados como el de Economías Abiertas, aquellas que actúan como un soporte estructural que permite los logros antes mencionados.
El desafío principal reside en la Calidad Económica, un pilar donde España históricamente se sitúa en posiciones menos ventajosas (puesto 52º global). Destaca, y no creo que a nadie le sorprenda, un mercado laboral español que adolece de una disfunción crónica caracterizada por tasas de desempleo estructural anormalmente altas y, hasta hace poco, una marcada dualidad. Esta fractura laboral entre empleados indefinidos altamente protegidos y una amplia masa laboral precaria e intermitente desincentiva la inversión de las empresas en capacitación de capital humano a largo plazo. La reforma de 2021 parece empezar a poner remedio, pero los cambios son lentos y los factores influyentes muchos. Sin duda, este mercado de trabajo ha influido en estas décadas en el estancamiento de la productividad total de los factores, lo que limita el crecimiento del PIB potencial.
Esta debilidad económica presiona de forma preocupante la Sostenibilidad Fiscal. Con una deuda pública que superaba aún el 100% del PIB en 2024, y con un ya rosario de presupuestos estatales prorrogados, la política fiscal opera bajo un margen sumamente estrecho. El gasto destinado al servicio de la deuda, sumado al sostenimiento de un sistema de pensiones indexado para una población en rápido proceso de envejecimiento, genera un innegable efecto desplazamiento (crowding-out) que debilita la inversión en las nuevas generaciones. El dinero que de forma prioritaria debería irrigar la inversión productiva en investigación y desarrollo (I+D+i), la modernización educativa orientada a disciplinas tecnológicas y científicas (STEM), es absorbido de forma masiva por el pago de deudas del pasado y las transferencias a favor de los más mayores.
No resulta extraño que una influencia derivada de estas limitaciones recaiga sobre el sistema educativo (puesto 60º global). A pesar del acceso universal, los indicadores detectan desajustes cualitativos imposible de minimizar. La sobrecualificación obliga a miles de graduados universitarios a emplearse en puestos de bajo valor añadido, mientras que las empresas tecnológicas sufren dificultades para cubrir vacantes por la escasez de vocaciones STEM y la lenta penetración de la formación profesional dual. De igual manera, el pilar de Gobernanza e Integridad del Estado (puesto 29º) experimenta cierto desgaste derivado de la fragmentación regulatoria entre las distintas comunidades autónomas, lo que eleva de forma invisible las barreras de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas.
En conclusión, España posee activos de un valor incalculable como una calidad de vida envidiable, un sistema de salud ejemplar, un entorno de seguridad civil pacífica y una infraestructura física a destacar. No obstante, la sostenibilidad a largo plazo de este oasis de bienestar requiere abordar sin demora los cuellos de botella estructurales que limitan su modelo de desarrollo. Lograr un equilibrio armónico entre el bienestar de las personas y la dinamización de su tejido económico es el verdadero imperativo del siglo XXI. Solo así será posible romper el techo de cristal actual, garantizando una prosperidad que sea no solo amplia, sino también sólida y duradera para las futuras generaciones.
No es ningún secreto que la prosperidad de una nación es un mosaico que no puede medirse únicamente a través del crecimiento económico bruto o el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita. El progreso real de una sociedad radica en su capacidad para ofrecer a sus ciudadanos libertades individuales, seguridad, redes de apoyo comunitario y acceso a servicios esenciales de alta calidad.. Seguir leyendo
