Es difícil atraer a una política progresista de alquiler con insultos diarios a actores clave. Los dos millones largos de caseros individuales son necesarios, si actúan con sensatez, sin avaricia. Y si asumen un código de moderación de rentas, que arrastre a los fondos especulativos a apuntarse, o a salir de ese mercado.
¿Por qué se criminaliza a todos los caseros, sin matices, como “rentistas que viven de no hacer nada”? Algo más que nada harán: proveer de techo, conservarlo en estado correcto y satisfacer así (en parte) un derecho ciudadano, que las Administraciones aún no colman. También son “rentistas” los pequeños y grandes tenedores de bonos del tesoro, que amplían la capacidad financiera del Estado –y sus políticas sociales–, sin deber de tareas adicionales, y no se les increpa.
¿De verdad son meras “sanguijuelas” –según Ione Belarra– los 300.000 caseros que ingresan de 12.000 a 21.000 euros al año y a la vez alquilan una propiedad? Del censo total, un 86% son pequeños propietarios de hasta tres viviendas. Y el 50% ingresa en todos los conceptos menos de 30.000 de euros brutos anuales según el Ministerio de Vivienda.
Los grandes tenedores físicos (las sociedades se excluyen del decreto en ciernes) no superan el 1,6% del total. Calíbrese que algunos se comportarán como los fondos buitres, pero otros seguirán una conducta típica de clase media no especuladora. La del menestral ahorrador de medio plazo que opta por mantener al inquilino correcto, ese buen pagador de rentas. Menores, quizá, pero que puede afrontarlas. Algo preferible a las desorbitadas con peligro de impagos.
El problema son las condiciones concretas del mercado: dramáticas. Entre 2016 y 2025 el alquiler medio se ha duplicado, aumentando un 92%; por un 26,4% el IPC y un 24% el salario medio. Y en 2026 vencerían unos 600.000 contratos. Urge actuar para evitar que en las autonomías autoexcluidas de la ley de vivienda (y sus zonas tensionadas, con sus topes de precios) cristalice una exclusión masiva de inquilinos o alzas de precio del 30% o el 40%.
Para enfriar los alquileres, el grueso del Gobierno ha ideado una bonificación fiscal a quienes al vencer el contrato (o a su novación pactada antes de su fin) mantengan el precio (o en ciertos casos lo rebajen): el 100% de exención de esas rentas en el IRPF, en vez del 50% ampliable en ciertos casos, como los alquileres a jóvenes.
Sumar alega que eso agravará la desigualdad y será ineficaz. Si es ineficaz, no aumentará nada. Y en este drama quizá sea mejor algún incremento de la disparidad de rentas que expulsar de su hogar a centenares de miles de familias. La alternativa, obligar a congelar precios sin compensaciones, podría ser inconstitucional. Y seguro que generaría muchos recursos: inestabilidad jurídica. Enemiga del aumento de la oferta.
El dilema de fondo es si se seduce a las clases medias para una política de moderación de rentas, con peajes; o se las echa en brazos de la derecha extrema/ultraderecha.
Es difícil atraer a una política progresista de alquiler con insultos diarios a actores clave. Los dos millones largos de caseros individuales son necesarios, si actúan con sensatez, sin avaricia. Y si asumen un código de moderación de rentas, que arrastre a los fondos especulativos a apuntarse, o a salir de ese mercado.. Seguir leyendo
