En España hay municipios donde el impuesto de circulación puede ser hasta 350 euros al año más barato que en otros. Esa enorme diferencia fiscal ha creado un fenómeno peculiar, marcado por pequeños pueblos que concentran decenas de miles de vehículos matriculados, muchos más de los que podrían circular o aparcar por sus calles. Son los llamados paraísos fiscales del motor, localidades que han convertido el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) —conocido popularmente como impuesto de circulación— en una inesperada fuente de ingresos al atraer a grandes empresas y flotas de coches que registran allí sus vehículos para pagar menos impuestos.
El IVTM es un tributo municipal que pagan todos los propietarios de vehículos simplemente por tenerlos registrados. Según los últimos datos de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), publicados este miércoles, en España lo abonan casi 38 millones de conductores (de coches, motos, furgonetas o camiones) y genera alrededor de 3.000 millones de euros al año de ingresos para los ayuntamientos. Algunas pequeñas localidades, como las madrileñas La Hiruela, Rozas de Puerto Real o Patones, se han convertido en ejemplos paradigmáticos de esta suerte de paraísos fiscales.
El impuesto, en el caso de los turismos, se paga en función de la potencia fiscal del vehículo; en las motos, la cuota la marca la cilindrada; y en los camiones y autobuses, el factor determinante es el peso y el número de asientos. Existe una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción del País Vasco y Navarra. Es decir, la ley fija unas cuotas mínimas, pero permite a cada municipio incrementarlas mediante coeficientes o aplicar determinadas bonificaciones. Ese margen de actuación ha creado diferencias muy notables entre localidades.
Según las cifras recopiladas por la AEA, el impuesto que paga un coche medio varía enormemente entre las grandes ciudades. Un turismo de potencia media, por ejemplo, paga unos 34 euros en Santa Cruz de Tenerife, alrededor de 59 euros en Madrid, cerca de 68 euros en Barcelona y más de 89 euros en San Sebastián. En el caso de las motocicletas las diferencias son aún mayores: una de 600 centímetros cúbicos puede pagar poco más de 15 euros en Melilla frente a más de 86 euros en Vitoria. Si se analizan vehículos de más de 20 caballos fiscales (como se denomina a la medida impositiva), las diferencias también son evidentes: en Almería se pagan 194 euros y en las tres capitales vascas, más de 360 euros.
Sin embargo, la verdadera brecha fiscal aparece cuando se comparan grandes ciudades con algunos pequeños municipios que han decidido fijar el impuesto en el mínimo legal. En esos casos el precio puede ser hasta 10 veces menor, lo que explica por qué numerosas empresas de alquiler, renting, leasing o compraventa de vehículos registren allí sus flotas. En algunas de estas localidades, un vehículo de más de 20 caballos fiscales paga tan solo 28 euros, unos 350 euros menos que en San Sebastián.
Estos paraísos fiscales son, entre otros, La Hiruela, Rozas de Puerto Real y Patones, los tres en Madrid. Según datos de la asociación, su población en 2025 oscilaba entre las 88 y las 617 personas, pero los turismos allí inscritos se contaban por miles. Eso hace que, por ejemplo, en La Hiruela haya 69,6 coches por vecino, una tasa que, si no fuera por la explicación tributaria, carecería de sentido.
A estos pueblos con tarifas bajas se suman otros como La Serratella (Castellón), Aguilar de Segarra (Barcelona), Escorca (Baleares) o Retascón (Zaragoza). En total, son 25 municipios que practican una suerte de dumping fiscal, según denuncia la AEA. “Esta facultad discrecional de los ayuntamientos ha posibilitado que se desvirtúe la finalidad del sistema tributario local y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos paraísos fiscales”, explica el informe presentado este miércoles.
Estas diferencias tan marcadas han propiciado que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal, sostiene la asociación. A cambio, “a estos pueblos cada año les toca la lotería por el ingreso que reciben con el impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan ni van a circular nunca por esa población”.
El informe ofrece un dato llamativo. En 10 de estos municipios —Moralzarzal, Venturada, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Robledo de Chavela, Brunete, Collado Mediano y Patones, en Madrid; Finestrat, en Alicante; y Tejeda, en Las Palmas— se matriculan aproximadamente el 35% del total de coches de empresa de toda España por “su privilegiado tratamiento fiscal”.
La asociación explica que el origen de este fenómeno se inició a raíz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre de 2000, lo que permitió a los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches concentrar la matriculación de sus vehículos en municipios con una baja fiscalidad.
En España hay municipios donde el impuesto de circulación puede ser hasta 350 euros al año más barato que en otros. Esa enorme diferencia fiscal ha creado un fenómeno peculiar, marcado por pequeños pueblos que concentran decenas de miles de vehículos matriculados, muchos más de los que podrían circular o aparcar por sus calles. Son los llamados paraísos fiscales del motor, localidades que han convertido el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) —conocido popularmente como impuesto de circulación— en una inesperada fuente de ingresos al atraer a grandes empresas y flotas de coches que registran allí sus vehículos para pagar menos impuestos.. Seguir leyendo
