La relación de los españoles con los impuestos muestra signos de paulatino desgaste, pero lejos del riesgo de ruptura. Los pocos datos que ofrecen los organismos oficiales apuntan a un leve deterioro de la percepción del sistema tributario, aunque a mucha distancia todavía de los años con más apatía, allá por lo peor de la crisis financiera. Donde sí se observa un repunte de la desafección algo más marcado es en los jóvenes, la franja de la población que, de lejos, reconoce mostrar más inquina hacia el sistema fiscal. Es una sensación que crece al calor de las dudas sobre la justicia y de un futuro cada vez más incierto.
Según las cifras que maneja el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, el 93,6% de los mayores de 65 años considera que los impuestos son necesarios, un porcentaje que cae hasta el 75,4% entre los contribuyentes de entre 25 y 39 años y al 67,9% entre los jóvenes de 18 a 24 años. La diferencia no es menor y apunta a una relación más débil con el sistema fiscal entre quienes deberían sostenerlo en el futuro.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra una radiografía parecida. Su última encuesta, de julio de 2025, refleja que el 30% de los españoles se muestra cercano a la siguiente afirmación: los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. Es el porcentaje más elevado en más de 10 años, aunque todavía sigue lejos del pico alcanzado en 2014, del 38%. En los últimos años también ha crecido el número de encuestados que sienten que reciben en contraprestaciones públicas menos de lo que pagan en impuestos. En ambos casos, las capas más jóvenes, sobre todo de varones, cobran protagonismo.
Esa aversión no nace tanto de un rechazo frontal al concepto de los impuestos como de una combinación de factores mucho más compleja. Los datos del IEF y del CIS, sumados a las reflexiones de varios expertos, apuntan a una batería de explicaciones que van desde una creciente sensación de injusticia en el sistema hasta el aumento de la incertidumbre sobre el futuro. A ellas se suman una desconexión entre lo que se paga y lo que se recibe y, como ya viene siendo habitual en un sinfín de fenómenos, los efectos de la desinformación.
“Hay una idea bastante extendida de que el sistema no es suficientemente progresivo y de que el esfuerzo no se reparte de forma equitativa”, explica Sara Torregrosa, investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Pública de Navarra. El último barómetro fiscal del IEF lo confirma: el 83% de la ciudadanía cree que la presión fiscal recae más sobre las rentas bajas y medias que sobre las altas y las grandes empresas. Además, un 55% considera que la relación entre impuestos pagados y servicios recibidos es peor en España que en otros países de la Unión Europea. Desde hace años, el CIS también recoge que una amplia mayoría percibe que los impuestos no se cobran con justicia. La suma de estas percepciones configura un caldo de cultivo claro para el distanciamiento.
Ese sentimiento de injusticia es, para los expertos, una de las claves para entender la desconexión general y la brecha generacional creciente. María Cadaval, profesora de Economía en la Universidad de Santiago, apunta a una percepción elevada de falta de equidad en el sistema y a dudas de cómo se perciben los servicios públicos. La disposición a pagar impuestos, sostiene, está muy vinculada a ese sentimiento, y cuando no se considera justo o no se aprecia el retorno, el apoyo se resiente.
En el caso de los jóvenes, esa percepción se combina con factores estructurales. Torregrosa subraya que el Estado del bienestar tiene una clara dimensión generacional, con un peso importante de partidas como las pensiones o la sanidad, mucho más enfocadas a los mayores. Aunque el sistema funciona bajo una lógica de ciclo vital ―es decir, se contribuye más en unas etapas y se recibe más en otras―, esta pierde fuerza cuando las expectativas se debilitan.
Y ese es uno de los elementos centrales en la diatriba. Las generaciones jóvenes han crecido en un contexto marcado por sucesivas crisis económicas, precariedad laboral y dificultades de acceso a la vivienda. “Han vivido dos grandes crisis”, recuerda Cadaval, lo que condiciona su forma de relacionarse con las instituciones. La idea de contribuir hoy a cambio de una protección a años vista se debilita cuando ese futuro se percibe como incierto. Es decir, la falta de expectativas y la menor confianza en el papel del Estado terminan trasladándose también al ámbito fiscal.
Torregrosa incide en esa misma línea al señalar que la confianza en el sistema depende en gran medida de las expectativas a largo plazo. “Si percibes que no te van a garantizar ciertos niveles de protección o bienestar, la lógica redistributiva pierde credibilidad”, apunta. El resultado es una relación más distante con los impuestos, especialmente entre quienes aún no han experimentado plenamente los beneficios del modelo.
A estos factores se suma la falta de información y pedagogía fiscal, que afecta al conjunto de la población. Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, advierte de que el debate sobre los impuestos ha ganado visibilidad, pero no siempre en términos que ayuden a comprender el sistema. La presencia de mensajes simplificados o parciales contribuye a generar una visión incompleta, en la que proliferan lo que define como “medias verdades”. Las expertas también ponen el foco en la desinformación y las mentiras que llegan desde ciertos perfiles públicos que suelen residir en Andorra, cuyos canales consume esencialmente el público joven.
En ese contexto, resulta difícil construir una percepción sólida. La complejidad del sistema tributario, unida a la fragmentación del debate público, favorece interpretaciones sesgadas que alimentan el malestar. También contribuye la falta de conexión entre lo que se paga y lo que se recibe, una idea que aparece de forma recurrente en las encuestas.
Jesús Ruiz-Huerta, director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas, pone el acento precisamente en esa falta de profundidad en el tratamiento del debate fiscal. Recuerda que, en general, una mayoría de ciudadanos, aunque pueda ser decreciente, sigue considerando que los impuestos son necesarios para financiar los servicios públicos, aunque esa idea no siempre se destaque. A su juicio, el problema es que a menudo se pone el foco en visiones parciales o interesadas, lo que impide trasladar una imagen completa del sistema y de su funcionamiento.
Eso lleva a que algunos pongan sobre la mesa opiniones como que la Hacienda pública roba al contribuyente o afirmaciones falsas como que la presión fiscal en España es más elevada que en la Unión Europea. “Se hacen afirmaciones radicales sin pensar y sin relacionar los ingresos con los gastos que financian. Es verdad que se trata de posiciones minoritarias, pero debe preocupar su crecimiento y su difusión”, sostiene Ruiz-Huerta.
Reforzar esa conexión aparece como una de las claves para reducir la desafección. En ese sentido, José María Durán, director e investigador del Instituto de Economía de Barcelona y profesor de la Universidad de Barcelona, plantea la importancia de visibilizar el coste de los servicios públicos. Señala que, en la mayoría de los casos, los ciudadanos no conocen cuánto cuesta la sanidad, la dependencia o la universidad pública. Hacer explícita esa información, por ejemplo, cuando alguien va a un hospital u obtiene una beca, ayudaría a poner en valor el papel de los impuestos en la vida cotidiana.
También lo cree así Cadaval. “Todos los años doy clases en la universidad a gente joven y, cuando se explica el valor real de los impuestos, cambia mucho su percepción”. Ruiz-Huerta, a su vez, propone dar más explicaciones sobre las conexiones intensas entre ingresos y gastos. “Por ejemplo, si se propone una rebaja de impuestos, sería imprescindible justificarla, expresando las rebajas correspondientes en el lado de los gastos”, añade. Los números permitirían armar el relato de los impuestos como soporte de lo público. Cada año, Fedea publica un informe que muestra que, a grandes rasgos, el 60% de la población con menos renta es beneficiaria neta de la intervención pública, mientras que los hogares del otro 40%, los más ricos, son contribuyentes netos.
La relación de los españoles con los impuestos muestra signos de paulatino desgaste, pero lejos del riesgo de ruptura. Los pocos datos que ofrecen los organismos oficiales apuntan a un leve deterioro de la percepción del sistema tributario, aunque a mucha distancia todavía de los años con más apatía, allá por lo peor de la crisis financiera. Donde sí se observa un repunte de la desafección algo más marcado es en los jóvenes, la franja de la población que, de lejos, reconoce mostrar más inquina hacia el sistema fiscal. Es una sensación que crece al calor de las dudas sobre la justicia y de un futuro cada vez más incierto.. Seguir leyendo
