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  Política  Nacional  Moncloa activa su contraofensiva y agita el ‘lawfare’ para movilizar a su electorado ante el horizonte judicial de Begoña Gómez Marta Moreno
NacionalPolítica

Moncloa activa su contraofensiva y agita el ‘lawfare’ para movilizar a su electorado ante el horizonte judicial de Begoña Gómez Marta Moreno

15 de abril de 2026

 

La «indignación» en Moncloa por el auto del juez Juan Carlos Peinado que procesa a Begoña Gómez ha cristalizado en una ofensiva sin precedentes articulada desde el propio Consejo de Ministros. Aunque el Ejecutivo siempre ha cuestionado la causa, nunca lo había hecho de forma tan explícita desde el corazón institucional del Palacio de La Moncloa. Fuentes gubernamentales admiten que ya no cabe la «contención» ante una resolución que el ministro más político de Sánchez, Óscar Puente, interpretó este martes como un intento de «violentar la acción política» del presidente. Con el horizonte judicial de Gómez ya marcado, el Gobierno ha optado por elevar el tono y cerrar filas: las voces cantantes de Moncloa han pasado a la contraofensiva, conscientes de que la apelación al lawfare puede actuar como palanca de movilización de un electorado cada vez más próximo a ver a la esposa del presidente en el banquillo.. Las críticas directas al auto de Peinado por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños, provocaron el reproche de las principales asociaciones de jueces. Pero, lejos de matizar sus palabras, el Gobierno quiso dejar claro este martes que ya no tiene intención de contenerse ni andar con remilgos ante una instrucción que no considera «parcial». La totalidad del Gobierno, en palabras de Puente, comparte la valoración de Bolaños de que el último auto del juez Peinado ha «avergonzado» a la ciudadanía, así como a muchos jueces y magistrados.. Así lo evidenciaron no solo a través de los reproches dirigidos a la instrucción del juez, sino también mediante una puesta en escena a tres bandas con extensas «opiniones» que prácticamente monopolizaron la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una reunión que, además, presentó un encuadre inusual también por el perfil menos combativo de quien la presidió por primera vez: el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, ante la ausencia de Pedro Sánchez, que regresará este miércoles de su viaje oficial a China.. El contexto también dejó una imagen poco habitual en la sala de prensa de Moncloa. Con la ministra portavoz presente —llamada a ejercer como voz institucional en asuntos transversales— y el ministro señalado por varias asociaciones de jueces presente en la mesa, fue el titular de Transportes, Óscar Puente, el miembro del Ejecutivo que asumió el protagonismo, marcando por iniciativa propia el relato del Gobierno en torno a la controversia judicial.. «Me va a costar quedarme sin opinar», ironizó Óscar Puente antes de abrir una contraofensiva argumental con la que dejó claro que, ante un horizonte judicial cada vez más comprometido para la esposa del presidente, el Gobierno ya no parece dispuesto a guardarse su opinión. En el PSOE consideran que la mayoría de su electorado interpreta la actuación del juez Peinado en clave de lawfare, por lo que, frente a la imagen de Begoña Gómez sentada en el banquillo, la estrategia de Moncloa tiene que pasar por reforzar y activar ese marco narrativo como elemento de movilización política. No hay todavía una decisión judicial en firme, pero esto es un paso más y lo que sí que hay es una fecha marcada en rojo para el Gobierno: las elecciones generales que, si se agota la legislatura, se celebrarían a mediados de 2027.. Fuentes gubernamentales reconocen su intención de no solo expresar su «opinión», sino también de «matizar» la de otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, ante lo que califican como un auto de carácter «público» como el dictado por Peinado. En este sentido, el propio Félix Bolaños quiso desvelar que el CGPJ ya lleva 11 meses investigando las quejas que el mismo interpuso contra Peinado por sus «irregularidades». Fuentes del Ejecutivo reconocen que el CGPJ es la ventanilla a la que pueden recurrir para alguien ponga orden.. En Moncloa asumen la «responsabilidad» sobre sus propias declaraciones, aunque no perciben —al menos por ahora— que puedan derivarse de ellas consecuencias, pese a que el nivel de contundencia no tiene precedentes. Los ministros denunciaron este martes un procedimiento «prospectivo», con tiempos medidos por Peinado para impactar en la esfera política. Además, cuestionaron la «apariencia de imparcialidad» de sus autos, con elementos «inéditos» que van «más allá de lo jurídico».. La línea argumental que se repite en privado y en público es que todas estas intervenciones se enmarcan estrictamente en el terreno de las «opiniones», amparadas en la libertad de expresión, una fórmula con la que el Gobierno busca blindar políticamente un discurso cada vez más explícito en su choque con la instrucción judicial.. Eso sí, los discursos que las tres manos derechas de Sánchez en el Consejo de Ministros -Bolaños, Puente y Elma Saiz- contrastó con la escueta reacción del presidente del Gobierno en su comparecencia desde Pekín, donde se limitó a pedir que «la justicia haga justicia» y que está convencido de que «el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio».

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Moncloa se ampara en la «libertad de expresión» para justificar que los ministros den su «opinión» desde el Palacio de La Moncloa sobre el auto de Peinado para procesar a Begoña Gómez. La contundencia de sus declaraciones contrasta con lo escueto que fue Sánchez al responder desde China que lo que pide es que «la justicia haga justicia».

 

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La «indignación» en Moncloa por el auto del juez Juan Carlos Peinado que procesa a Begoña Gómez ha cristalizado en una ofensiva sin precedentes articulada desde el propio Consejo de Ministros. Aunque el Ejecutivo siempre ha cuestionado la causa, nunca lo había hecho de forma tan explícita desde el corazón institucional del Palacio de La Moncloa. Fuentes gubernamentales admiten que ya no cabe la «contención» ante una resolución que el ministro más político de Sánchez, Óscar Puente, interpretó este martes como un intento de «violentar la acción política» del presidente. Con el horizonte judicial de Gómez ya marcado, el Gobierno ha optado por elevar el tono y cerrar filas: las voces cantantes de Moncloa han pasado a la contraofensiva, conscientes de que la apelación al lawfare puede actuar como palanca de movilización de un electorado cada vez más próximo a ver a la esposa del presidente en el banquillo.. Las críticas directas al auto de Peinado por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños, provocaron el reproche de las principales asociaciones de jueces. Pero, lejos de matizar sus palabras, el Gobierno quiso dejar claro este martes que ya no tiene intención de contenerse ni andar con remilgos ante una instrucción que no considera «parcial». La totalidad del Gobierno, en palabras de Puente, comparte la valoración de Bolaños de que el último auto del juez Peinado ha «avergonzado» a la ciudadanía, así como a muchos jueces y magistrados.. Así lo evidenciaron no solo a través de los reproches dirigidos a la instrucción del juez, sino también mediante una puesta en escena a tres bandas con extensas «opiniones» que prácticamente monopolizaron la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una reunión que, además, presentó un encuadre inusual también por el perfil menos combativo de quien la presidió por primera vez: el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, ante la ausencia de Pedro Sánchez, que regresará este miércoles de su viaje oficial a China.. El contexto también dejó una imagen poco habitual en la sala de prensa de Moncloa. Con la ministra portavoz presente —llamada a ejercer como voz institucional en asuntos transversales— y el ministro señalado por varias asociaciones de jueces presente en la mesa, fue el titular de Transportes, Óscar Puente, el miembro del Ejecutivo que asumió el protagonismo, marcando por iniciativa propia el relato del Gobierno en torno a la controversia judicial.. «Me va a costar quedarme sin opinar», ironizó Óscar Puente antes de abrir una contraofensiva argumental con la que dejó claro que, ante un horizonte judicial cada vez más comprometido para la esposa del presidente, el Gobierno ya no parece dispuesto a guardarse su opinión. En el PSOE consideran que la mayoría de su electorado interpreta la actuación del juez Peinado en clave de lawfare, por lo que, frente a la imagen de Begoña Gómez sentada en el banquillo, la estrategia de Moncloa tiene que pasar por reforzar y activar ese marco narrativo como elemento de movilización política. No hay todavía una decisión judicial en firme, pero esto es un paso más y lo que sí que hay es una fecha marcada en rojo para el Gobierno: las elecciones generales que, si se agota la legislatura, se celebrarían a mediados de 2027.. Fuentes gubernamentales reconocen su intención de no solo expresar su «opinión», sino también de «matizar» la de otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, ante lo que califican como un auto de carácter «público» como el dictado por Peinado. En este sentido, el propio Félix Bolaños quiso desvelar que el CGPJ ya lleva 11 meses investigando las quejas que el mismo interpuso contra Peinado por sus «irregularidades». Fuentes del Ejecutivo reconocen que el CGPJ es la ventanilla a la que pueden recurrir para alguien ponga orden.. En Moncloa asumen la «responsabilidad» sobre sus propias declaraciones, aunque no perciben —al menos por ahora— que puedan derivarse de ellas consecuencias, pese a que el nivel de contundencia no tiene precedentes. Los ministros denunciaron este martes un procedimiento «prospectivo», con tiempos medidos por Peinado para impactar en la esfera política. Además, cuestionaron la «apariencia de imparcialidad» de sus autos, con elementos «inéditos» que van «más allá de lo jurídico».. La línea argumental que se repite en privado y en público es que todas estas intervenciones se enmarcan estrictamente en el terreno de las «opiniones», amparadas en la libertad de expresión, una fórmula con la que el Gobierno busca blindar políticamente un discurso cada vez más explícito en su choque con la instrucción judicial.. Eso sí, los discursos que las tres manos derechas de Sánchez en el Consejo de Ministros -Bolaños, Puente y Elma Saiz- contrastó con la escueta reacción del presidente del Gobierno en su comparecencia desde Pekín, donde se limitó a pedir que «la justicia haga justicia» y que está convencido de que «el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio».

 

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