Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el caso continúa sin resolverse. El Gobierno mexicano ha presentado esta semana nuevas líneas de investigación basadas principalmente en el análisis de registros telefónicos y en la pista de varias funerarias.. Pese a los cientos de detenidos y procesados acumulados durante tres gobiernos, todavía no existe una sentencia condenatoria por la desaparición de los jóvenes y las familias mantienen su exigencia de esclarecer lo sucedido, incluido el papel que desempeñaron miembros del Ejército aquella noche.. Diecisiete nuevos investigados doce años después. El reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 ha permitido identificar a 17 personas que hasta ahora no habían sido investigadas y reconstruir conexiones entre miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, policías, funcionarios públicos y personas relacionadas con funerarias.. La Fiscalía General de la República sostiene que el empleo de nuevas herramientas para revisar la información acumulada durante doce años ha permitido detectar relaciones que no habían sido estudiadas en profundidad durante las primeras fases de la investigación.. Cientos de procesados, pero ninguna condena por los 43. La investigación ha dado lugar durante estos años a cientos de órdenes de detención y numerosos procesos judiciales, pero todavía no existe una condena por la desaparición de los estudiantes.. Actualmente hay 168 personas sujetas a proceso, de las cuales 130 se encuentran en prisión, según los datos presentados esta semana por los investigadores. Entre las detenciones más recientes figura la del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, arrestado en agosto y procesado por delitos relacionados con el caso.. De José Luis Abarca al exgobernador Ángel Aguirre. Uno de los nombres que ha marcado el caso es el del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que gobernaba el municipio cuando desaparecieron los estudiantes. Aunque permanece encarcelado por otras causas, fue absuelto de su responsabilidad en el secuestro de los 43.. En sentido contrario, las investigaciones más recientes han alcanzado al exgobernador Ángel Aguirre, detenido el pasado agosto. Las pesquisas también se han dirigido contra antiguos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad.. La nueva pista de la funeraria. Una de las principales líneas recuperadas por los investigadores apunta a la Funeraria El Ángel, en Iguala, y al Servicio Médico Forense situado junto a sus instalaciones.. El análisis de teléfonos ha revelado contactos entre integrantes de Guerreros Unidos y personas vinculadas a la funeraria, mientras que algunos móviles pertenecientes a los estudiantes continuaron siendo utilizados después de su desaparición. Entre ellos figura el teléfono de Julio César Mondragón, asesinado durante los ataques, que habría sido utilizado días después por el propietario de la funeraria.. Los registros practicados posteriormente permitieron localizar restos óseos, restos calcinados, documentación y un horno crematorio sin registrar. Hasta ahora, sin embargo, los análisis genéticos realizados sobre estos materiales no han permitido vincularlos con los 43 desaparecidos.. El Ejército sigue en el centro de las reclamaciones. Las familias mantienen sus dudas sobre algunas de las nuevas hipótesis y siguen situando entre sus principales reclamaciones la entrega de documentación militar relacionada con lo ocurrido aquella noche.. Los investigadores han señalado que la Secretaría de la Defensa ha entregado miles de documentos, pero las familias siguen reclamando más de 850 folios de inteligencia que consideran relevantes para reconstruir los hechos. Las pesquisas previas acreditaron además que miembros del 27 Batallón de Infantería siguieron los movimientos de los estudiantes y tuvieron conocimiento de algunos acontecimientos ocurridos durante aquella noche.. Doce años después, las nuevas pistas amplían nuevamente el mapa de personas y lugares bajo investigación, pero la pregunta fundamental continúa abierta: qué ocurrió con los 43 estudiantes y dónde están.
20MINUTOS.ES – Internacional
Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el caso continúa sin resolverse. El Gobierno mexicano ha presentado esta semana nuevas líneas de investigación basadas principalmente en el análisis de registros telefónicos y en la pista de varias funerarias.. Pese a los cientos de detenidos y procesados acumulados durante tres gobiernos, todavía no existe una sentencia condenatoria por la desaparición de los jóvenes y las familias mantienen su exigencia de esclarecer lo sucedido, incluido el papel que desempeñaron miembros del Ejército aquella noche.. Diecisiete nuevos investigados doce años después. El reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 ha permitido identificar a 17 personas que hasta ahora no habían sido investigadas y reconstruir conexiones entre miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, policías, funcionarios públicos y personas relacionadas con funerarias.. La Fiscalía General de la República sostiene que el empleo de nuevas herramientas para revisar la información acumulada durante doce años ha permitido detectar relaciones que no habían sido estudiadas en profundidad durante las primeras fases de la investigación.. Cientos de procesados, pero ninguna condena por los 43. La investigación ha dado lugar durante estos años a cientos de órdenes de detención y numerosos procesos judiciales, pero todavía no existe una condena por la desaparición de los estudiantes.. Actualmente hay 168 personas sujetas a proceso, de las cuales 130 se encuentran en prisión, según los datos presentados esta semana por los investigadores. Entre las detenciones más recientes figura la del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, arrestado en agosto y procesado por delitos relacionados con el caso.. De José Luis Abarca al exgobernador Ángel Aguirre. Uno de los nombres que ha marcado el caso es el del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que gobernaba el municipio cuando desaparecieron los estudiantes. Aunque permanece encarcelado por otras causas, fue absuelto de su responsabilidad en el secuestro de los 43.. En sentido contrario, las investigaciones más recientes han alcanzado al exgobernador Ángel Aguirre, detenido el pasado agosto. Las pesquisas también se han dirigido contra antiguos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad.. La nueva pista de la funeraria. Una de las principales líneas recuperadas por los investigadores apunta a la Funeraria El Ángel, en Iguala, y al Servicio Médico Forense situado junto a sus instalaciones.. El análisis de teléfonos ha revelado contactos entre integrantes de Guerreros Unidos y personas vinculadas a la funeraria, mientras que algunos móviles pertenecientes a los estudiantes continuaron siendo utilizados después de su desaparición. Entre ellos figura el teléfono de Julio César Mondragón, asesinado durante los ataques, que habría sido utilizado días después por el propietario de la funeraria.. Los registros practicados posteriormente permitieron localizar restos óseos, restos calcinados, documentación y un horno crematorio sin registrar. Hasta ahora, sin embargo, los análisis genéticos realizados sobre estos materiales no han permitido vincularlos con los 43 desaparecidos.. El Ejército sigue en el centro de las reclamaciones. Las familias mantienen sus dudas sobre algunas de las nuevas hipótesis y siguen situando entre sus principales reclamaciones la entrega de documentación militar relacionada con lo ocurrido aquella noche.. Los investigadores han señalado que la Secretaría de la Defensa ha entregado miles de documentos, pero las familias siguen reclamando más de 850 folios de inteligencia que consideran relevantes para reconstruir los hechos. Las pesquisas previas acreditaron además que miembros del 27 Batallón de Infantería siguieron los movimientos de los estudiantes y tuvieron conocimiento de algunos acontecimientos ocurridos durante aquella noche.. Doce años después, las nuevas pistas amplían nuevamente el mapa de personas y lugares bajo investigación, pero la pregunta fundamental continúa abierta: qué ocurrió con los 43 estudiantes y dónde están.
