El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha exigido este miércoles que el próximo martes se lleve al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de Vivienda que, de haber estado en vigor, dijo, hubiera evitado el desahucio de Maricarmen. El Congreso tumbó la convalidación del decreto que el Gobierno había aprobado en marzo, junto con el primer escudo anticrisis para paliar los efectos de la subida del precio de la energía. Los dos decretos, el de medidas energéticas y el de vivienda, se presentaron por separado ante la dificultad de conseguir el apoyo parlamentario, con Junts opuesto a prestar sus votos.
En julio, Vivienda volvió a circular un borrador para intentar aprobar el decreto que tampoco tuvo el apoyo suficiente, ni por parte de Junts ni tampoco de los diputados de Podemos. En esta ocasión, el Gobierno ni siquiera intentó someter el texto a una votación que de seguro iban a perder. Urtasun apeló a los diputados progresistas para que respaldaran el decreto en una próxima votación.
En el último Consejo de Ministros de septiembre, el Gobierno tiene que renovar el escudo anticrisis, que caduca el 1 de octubre y tal y como sucedió en primavera, desde Sumar exigen que vaya acompañado del texto que modifica algunos aspectos claves del mercado de la vivienda.
“Nadie entendería que lleváramos el escudo social sin medidas de vivienda. El martes toca actuar”, ha remarcado Urtasun en declaraciones a La Sexta. Fuentes del Ministerio de Vivienda descartan aprobar el borrador sin tener asegurados antes los apoyos necesarios para su convalidación parlamentaria definitiva y La Moncloa por ahora prefiere no comentar esta posibilidad.
“El desahucio de Maricarmen es un punto de inflexión. No podemos quedar impasibles”, ha dicho Urtasun en declaraciones a los medios en el Congreso español.
La prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que vencieran hasta el 31 de diciembre de 2027, junto con el tope a la revalorización anual del 2%, eran algunas de las principales medidas que no salieron adelante en la votación de abril y que generaron incertidumbre jurídica entre los inquilinos. Pero el borrador de julio contenía también, según el ministro Urtasun, las propuestas necesarias para que el desahucio de Maricarmen en Madrid no hubiera tenido efecto.
Se trata de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se propone en el Artículo 3 y que paralizaría el lanzamiento incluso con una sentencia firme por razones de vulnerabilidad y también la Disposición Transitoria Segunda que permitiría suspender la decisión judicial incluso de forma retroactiva.
Urtasun ha pedido que se estudien “todas las medidas legales, incluida la expropiación de la vivienda” asegurando que la empresa propietaria del inmueble “le ha echado un pulso a la Administración española, y no lo podemos permitir”. “No se pueden ir de rositas”, concluyó.
La previsión de las casas de análisis es que la inflación en España termine septiembre cerca del 5%, lo que supondrá un importante varapalo para aquellos contratos de alquiler que tengan ligado por contrato la actualización de la renta al dato del IPC del mes de septiembre.
El primer paquete anticrisis, aprobado en marzo, contemplaba rebajas fiscales generalizadas en el IVA e impuestos especiales de electricidad, gas y carburante. Su coste se estimó entonces en unos 5.000 millones de euros. El segundo escudo, lanzado cuando parecía posible que la situación mejorara con una hipotética tregua de la guerra de Irán y que mantuvo las ayudas a los carburantes mediante una retirada progresiva de los descuentos, supuso una factura de unos 1.800 millones. El coste de las medidas es, de hecho, un punto importante a tener en cuenta. Bruselas recela de rebajas generalizadas y la Autoridad Fiscal alerta que el margen fiscal disponible está al límite.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha exigido este miércoles que el próximo martes se lleve al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de Vivienda que, de haber estado en vigor, dijo, hubiera evitado el desahucio de Maricarmen. El Congreso tumbó la convalidación del decreto que el Gobierno había aprobado en marzo, junto con el primer escudo anticrisis para paliar los efectos de la subida del precio de la energía. Los dos decretos, el de medidas energéticas y el de vivienda, se presentaron por separado ante la dificultad de conseguir el apoyo parlamentario, con Junts opuesto a prestar sus votos.. Seguir leyendo
