Sumar no quiere quedarse fuera de la configuración del próximo Plan Estatal de Vivienda (PEV), que sentará las bases de la inversión pública en vivienda en los próximos años. La formación de Yolanda Díaz reclama que la hoja de ruta trazada para 2026-2029 cuente con más recursos que nunca para hacer frente a la actual crisis habitacional y combatir un escenario que, a su juicio, ya se ha convertido en una nueva «burbuja inmobiliaria». Ven insuficiente la propuesta del ala socialista del Gobierno de elevar la inversión total asociada hasta los 7.000 millones de euros —entre Estado y comunidades autónomas— y piden doblar la apuesta: destinar al año el 1% del PIB, condicionando los fondos a una serie de requisitos como el blindaje permanente de las viviendas protegidas, la movilización de casas vacías y el cierre de los pisos turísticos ilegales.. Fuentes de Sumar dicen que el nuevo PEV ha de ser una «palanca de transformación» para garantizar el derecho a la vivienda. Para ello, consideran esencial elevar su dotación hasta los 16.000 millones de euros, una cuantía que supera con creces el planteamiento que Pedro Sánchez hizo a las comunidades autónomas a principios de junio en la Conferencia de Presidentes de Barcelona. El presidente del Gobierno instó a los dirigentes autonómicos a triplicar la inversión del PEV, pasando de movilizar 2.300 millones de euros a 7.000 millones —4.000 millones estatales y 2.700 millones autonómicos—. Estos recursos se pondrían a disposición de las comunidades para promover la ampliación del parque público de vivienda, siempre y cuando se garantice su protección permanente, sin que puedan pasar a manos privadas.. Desde Sumar también plantean condicionantes al acceso de las comunidades a estos fondos. Coinciden en que se blinde la calificación de las viviendas protegidas, a lo que añaden el impulso prioritario de la fórmula de alquiler asequible y la priorización en zonas tensionadas de la movilización de pisos vacíos frente a la construcción de nuevos inmuebles. En caso de que eso fuera insuficiente para atender la necesidad de vivienda, apuestan por comprar inmuebles desde las administraciones y, en última instancia, promover la construcción desde las empresas públicas de vivienda, en lugar de hacerlo desde el sector privado, para ahorrar costes.. La formación de Díaz también es partidaria de que parte de los fondos del PEV se destinen a financiar cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro y de que el acceso a los fondos se supedite a la confección desde los ayuntamientos de planes de intervención para erradicar los pisos turísticos ilegales, así como a la colaboración de comunidades y ayuntamientos con el Ministerio de Vivienda para crear un registro público del parque de viviendas, con su ubicación, régimen, precio, número de inquilinos y demás características.. Fuentes de Sumar ven necesario abrir una mesa de negociación específica con sus socios de Gobierno para tratar estos puntos y diseñar el próximo PEV. Admiten que el principal punto de fricción con los socialistas puede ser las reticencias hacia la colaboración público-privada, pero sostienen que el objetivo central ha de ser crear un gran parque de vivienda pública para el alquiler asequible no descalificable que contribuya a bajar los precios de la vivienda.. Los de Yolanda Díaz defienden que el mercado inmobiliario no es capaz de proveer suficientes viviendas a un precio asequible sin la intervención del sector público, que hasta ahora consideran que ha sido «parcial» e «insuficiente», y califican el parque público español de «raquítico». Con datos de 2023, la vivienda social representa a escala nacional apenas el 2,2% del parque total, frente al 30% de Países Bajos, el 24% de Austria, el 21% de Dinamarca o el 17% de Francia.. Una nueva ley. El Plan Estatal de Vivienda no es la única herramienta en la que pone el foco Sumar. Según fuentes de la formación, también planean registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que se engloben las medidas en materia de vivienda lanzadas desde este espacio en los últimos meses. Quieren, por ejemplo, que se incremente la fiscalidad sobre las viviendas vacías para movilizarlas hacia el mercado del alquiler, se cree un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable al cabo de los años, se prohíba la compra de viviendas en zonas tensionadas si no se va a vivir en ellas al menos durante cinco años y se supriman los pisos turísticos en estas zonas o que se les suban los impuestos para que dejen de ser más rentables que el alquiler permanente.. Asimismo, pretenden que se promueva la aplicación de la ley de vivienda y se sancione su incumplimiento, se topen los alquileres en zonas tensionadas y se mejore el sistema estatal de precios de referencia del alquiler teniendo en cuenta la renta de los hogares arrendatarios, se reduzcan los beneficios fiscales a los caseros y se cree una hipoteca a tipo fijo regulada, entre otras medidas. Plantean también la necesidad de regular el alquiler de temporada y el de habitaciones, así como promover los contratos de alquiler de larga duración, reforzar la protección de los inquilinos y mejorar la calidad de las viviendas que se alquilan, obligando a los propietarios a mantener unos mínimos estándares de calidad.. Una burbuja de precios. Para los de Yolanda Díaz, España se enfrenta a una nueva «burbuja inmobiliaria», aunque reconocen diferencias con la vivida a principios de siglo, dado que ahora no se dan los niveles insostenibles de deuda que ahogaron a las familias por aquel entonces. Sí creen que persiste el afán especulativo, encarnado en la proliferación de pisos turísticos —muchos de ellos ilegales—, alquileres de temporada, viviendas secundarias y compras por parte de extranjeros, es decir, en la inversión en viviendas que no se utilizan para vivir.. Desde Sumar aseguran así que es la especulación y no el desajuste entre oferta y demanda lo que explica la escalada del precio de la vivienda. Calculan que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 los precios se desinflaron un 53% hasta quedar en un nivel «razonable» entre 2013 y 2014, pero desde entonces han vuelto a subir un 66%, mientras que los salarios se han revalorizado un 23%, lo que se traduce en un creciente esfuerzo para poder acceder a una vivienda.
Fuentes del partido piden abrir una mesa de negociación con el PSOE y avanzan que propondrán una nueva ley.
Sumar no quiere quedarse fuera de la configuración del próximo Plan Estatal de Vivienda (PEV), que sentará las bases de la inversión pública en vivienda en los próximos años. La formación de Yolanda Díaz reclama que la hoja de ruta trazada para 2026-2029 cuente con más recursos que nunca para hacer frente a la actual crisis habitacional y combatir un escenario que, a su juicio, ya se ha convertido en una nueva «burbuja inmobiliaria». Ven insuficiente la propuesta del ala socialista del Gobierno de elevar la inversión total asociada hasta los 7.000 millones de euros —entre Estado y comunidades autónomas— y piden doblar la apuesta: destinar al año el 1% del PIB, condicionando los fondos a una serie de requisitos como el blindaje permanente de las viviendas protegidas, la movilización de casas vacías y el cierre de los pisos turísticos ilegales.. Fuentes de Sumar dicen que el nuevo PEV ha de ser una «palanca de transformación» para garantizar el derecho a la vivienda. Para ello, consideran esencial elevar su dotación hasta los 16.000 millones de euros, una cuantía que supera con creces el planteamiento que Pedro Sánchez hizo a las comunidades autónomas a principios de junio en la Conferencia de Presidentes de Barcelona. El presidente del Gobierno instó a los dirigentes autonómicos a triplicar la inversión del PEV, pasando de movilizar 2.300 millones de euros a 7.000 millones —4.000 millones estatales y 2.700 millones autonómicos—. Estos recursos se pondrían a disposición de las comunidades para promover la ampliación del parque público de vivienda, siempre y cuando se garantice su protección permanente, sin que puedan pasar a manos privadas.. Desde Sumar también plantean condicionantes al acceso de las comunidades a estos fondos. Coinciden en que se blinde la calificación de las viviendas protegidas, a lo que añaden el impulso prioritario de la fórmula de alquiler asequible y la priorización en zonas tensionadas de la movilización de pisos vacíos frente a la construcción de nuevos inmuebles. En caso de que eso fuera insuficiente para atender la necesidad de vivienda, apuestan por comprar inmuebles desde las administraciones y, en última instancia, promover la construcción desde las empresas públicas de vivienda, en lugar de hacerlo desde el sector privado, para ahorrar costes.. La formación de Díaz también es partidaria de que parte de los fondos del PEV se destinen a financiar cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro y de que el acceso a los fondos se supedite a la confección desde los ayuntamientos de planes de intervención para erradicar los pisos turísticos ilegales, así como a la colaboración de comunidades y ayuntamientos con el Ministerio de Vivienda para crear un registro público del parque de viviendas, con su ubicación, régimen, precio, número de inquilinos y demás características.. Fuentes de Sumar ven necesario abrir una mesa de negociación específica con sus socios de Gobierno para tratar estos puntos y diseñar el próximo PEV. Admiten que el principal punto de fricción con los socialistas puede ser las reticencias hacia la colaboración público-privada, pero sostienen que el objetivo central ha de ser crear un gran parque de vivienda pública para el alquiler asequible no descalificable que contribuya a bajar los precios de la vivienda.. Los de Yolanda Díaz defienden que el mercado inmobiliario no es capaz de proveer suficientes viviendas a un precio asequible sin la intervención del sector público, que hasta ahora consideran que ha sido «parcial» e «insuficiente», y califican el parque público español de «raquítico». Con datos de 2023, la vivienda social representa a escala nacional apenas el 2,2% del parque total, frente al 30% de Países Bajos, el 24% de Austria, el 21% de Dinamarca o el 17% de Francia.. Una nueva ley. El Plan Estatal de Vivienda no es la única herramienta en la que pone el foco Sumar. Según fuentes de la formación, también planean registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que se engloben las medidas en materia de vivienda lanzadas desde este espacio en los últimos meses. Quieren, por ejemplo, que se incremente la fiscalidad sobre las viviendas vacías para movilizarlas hacia el mercado del alquiler, se cree un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable al cabo de los años, se prohíba la compra de viviendas en zonas tensionadas si no se va a vivir en ellas al menos durante cinco años y se supriman los pisos turísticos en estas zonas o que se les suban los impuestos para que dejen de ser más rentables que el alquiler permanente.. Asimismo, pretenden que se promueva la aplicación de la ley de vivienda y se sancione su incumplimiento, se topen los alquileres en zonas tensionadas y se mejore el sistema estatal de precios de referencia del alquiler teniendo en cuenta la renta de los hogares arrendatarios, se reduzcan los beneficios fiscales a los caseros y se cree una hipoteca a tipo fijo regulada, entre otras medidas. Plantean también la necesidad de regular el alquiler de temporada y el de habitaciones, así como promover los contratos de alquiler de larga duración, reforzar la protección de los inquilinos y mejorar la calidad de las viviendas que se alquilan, obligando a los propietarios a mantener unos mínimos estándares de calidad.. Una burbuja de precios. Para los de Yolanda Díaz, España se enfrenta a una nueva «burbuja inmobiliaria», aunque reconocen diferencias con la vivida a principios de siglo, dado que ahora no se dan los niveles insostenibles de deuda que ahogaron a las familias por aquel entonces. Sí creen que persiste el afán especulativo, encarnado en la proliferación de pisos turísticos —muchos de ellos ilegales—, alquileres de temporada, viviendas secundarias y compras por parte de extranjeros, es decir, en la inversión en viviendas que no se utilizan para vivir.. Desde Sumar aseguran así que es la especulación y no el desajuste entre oferta y demanda lo que explica la escalada del precio de la vivienda. Calculan que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 los precios se desinflaron un 53% hasta quedar en un nivel «razonable» entre 2013 y 2014, pero desde entonces han vuelto a subir un 66%, mientras que los salarios se han revalorizado un 23%, lo que se traduce en un creciente esfuerzo para poder acceder a una vivienda.
