UGT y CC OO se manifestarán el próximo martes ante Hacienda por incumplir sus compromisos con los empleados públicos Gorka R. Pérez

Los sindicatos UGT y CC OO están hartos de que los empleados públicos continúen sin ver cómo se resuelven algunas de las demandas laborales que vienen reclamando desde hace tiempo, y que el Gobierno, y concretamente el Ministerio de Función Pública, se había comprometido a resolver. Pese a que este miércoles el BOE recogió la subida salarial del 0,5% que se les adeudaba, los representantes sindicales de UGT y CC OO han anunciado este jueves la convocatoria de una protesta ante la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, el próximo martes, 8 de julio, a las 11.30 La concentración se celebrará con el lema Es la hora. #CumpleLoPactado. De mantenerse la parálisis, ambos sindicatos han anunciado que añadirán más fechas al calendario de protestas

“Viene siendo la hora [de que cumplan lo pactado] hace mucho. Vamos con mucho retraso, y es el momento de ponerse a negociar en serio un nuevo acuerdo. Y tenemos el derecho y la necesidad de acometerlo, porque esta parálisis, pese a que sea multifactorial, está impactando sobre los trabajadores públicos”, ha señalado Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CC OO. “Nos tenemos que sentar a negociar un nuevo acuerdo que fije la realidad del empleo y de la sociedad que queremos”, ha añadido.

Respecto a si estos sindicatos han recibido alguna comunicación por parte del Ministerio de Función Pública, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha reconocido que no, al tiempo que tampoco ha señalado la cuantía porcentual de la subida que reclaman para este año y los próximos. “Es al Gobierno al que le corresponde presentar una cifra, y a partir de ahí ya haremos nosotros nuestras aportaciones”, ha indicado. A este respecto, Palazzo ha advertido de la necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales para encuadrar en ellos esta mejora es una “asociación falsa”, y Araque ha añadido que “no hay excusa para que no se apruebe ya”.

Una vez resuelta la subida pendiente del anterior Acuerdo Marco ―y que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, lo que supondrá una mejora de 168 euros de media―, los representantes de UGT y CC OO denuncian que sigue sin negociarse el ascenso correspondiente al ejercicio actual, y que tampoco se ha dado una solución a la jubilación parcial para el personal laboral, ni se ha aplicado la jornada de 35 horas para un colectivo que reúne a más de tres millones de trabajadores, que también están dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022. También han adelantado que no negociarán un segundo acuerdo sin que se hayan cumplido todas las condiciones del primero.

A estas demandas principales, los sindicatos reclaman otras también significativas como la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales; negociar las necesarias modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo; garantizar la atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión; la creación de empleo neto en las administraciones públicas, reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas; e impulsar la digitalización, captación y retención del talento, promoción interna, formación y carrera profesional.

Nueva demanda

Pese a no ir de la mano con UGT y CC OO, hasta el punto de haberse desmarcado de la anterior senda de subidas pactada con el Gobierno, CSIF otro de los sindicatos con mayor representación entre los trabajadores públicos, ha anunciado este jueves que ha presentado una demanda de recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por el retraso acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).

La irrupción de la covid obligó a transformar la atención de los servicios públicos a la ciudadanía, y por medio de un real decreto se modificó en 2020 el Estatuto Básico del Empleado Público, y se fijó un plazo de seis meses para adaptar la normativa en las distintas Administraciones públicas. Pese a que finalmente se produjo esa adaptación, no se llevó a la práctica en las condiciones en las que se recogía en el decreto, por lo que CSIF dio comienzo a una serie de reclamaciones judiciales que han culminado con la presentación de esta última denuncia.