Desde que decidió mudarse hace más de 25 años de Ecuador a Olot (Girona), Manuel Carrier, de 51 años, ha querido ser padre. “Quería con quien reír, jugar, disfrutar de la paternidad”, recuerda emocionado. Sin embargo, la vida se lo puso difícil. Él y su mujer gastaron casi 8.000 euros en una clínica privada para un tratamiento de fecundación in vitro, pero cerró y perdieron ese dinero. Lo volvieron a intentar, desembolsaron otros 8.000 euros y finalmente lograron ser padres. Sin embargo, cuenta Carrier, se quedaron a la vez sin ahorros y sin uno de sus principales sustentos económicos: el negocio de repostería que tenían en su país natal quebró. Como el trabajo en España no le daba suficiente para llegar a fin de mes, acudieron a microcréditos, a préstamos de apenas unos cientos de euros. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, ya que no pudieron afrontar su devolución con los elevados intereses que comportan. “Llegó un momento en el que no pude pagar ni un café”, relata.
Los expertos recuerdan que frecuentemente este tipo de microcréditos solo empeoran la economía de las familias endeudadas porque implican unos gastos que pueden multiplicar su coste por muchas veces la suma que se ha pedido. Y muestran preocupación por la extraordinaria proliferación de estos productos en España. En 2025 se firmaron 3,8 millones de estos préstamos, un 46% más que en 2024, con un importe medio de 322 euros, según los datos de la Asociación Española de Micropréstamos (AEM).
Para evitar que historias como la de Carrier se repitan, el Gobierno aprobó en enero el anteproyecto de ley que transpone las directivas europeas de crédito al consumo y que por primera vez pone límites a los intereses que se pueden cobrar a la hora de pedir un préstamo. En el caso de los microcréditos, obliga a que se reembolsen en un plazo mínimo de tres meses y que tengan un tipo de interés mensual máximo del 4% y una comisión máxima del 5%, con un tope absoluto de 30 euros. Antonio Luis Gallardo, experto en consumo y finanzas personales y con casi 20 años de experiencia en el ámbito de la protección de los consumidores y la educación financiera, asegura que otro elemento a abordar para poner coto a estos créditos sería regular su publicidad. “Ofrecen reclamos que funcionan muy bien al consumidor pero que son muy negativos”, resume.
Gallardo también es el autor VIII Barómetro de préstamos al consumo Asufin, que muestra que uno de cada tres españoles pedirá un crédito en lo que queda de año. Las principales razones para acudir a este recurso están ligadas a dificultades financieras, ya que el 20,1% lo hará porque necesita liquidez inmediata y el 16,3% para refinanciar deudas. El experto señala que estos datos se justifican porque “los salarios son limitados”, lo que hace que “el endeudamiento apriete y que las familias acudan a estos instrumentos financieros”. Según los datos más recientes de la AEM, el coste asociado para un préstamo de 300 euros a devolver en 30 días, los parámetros más comunes, ha subido un 12,6% desde 2018 hasta 2024.
Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de la asociación de consumidores Facua, apunta que uno de los principales problemas de este sector es cómo se comportan las empresas. Destaca que las compañías que comercializan este producto financiero buscan una “actitud impulsiva del consumidor”, ya que se contratan “de manera muy rápida para intentar que vea solamente las bondades de firmar este tipo de préstamos”. También asegura que si las familias endeudadas “se pararan a pensar detenidamente esa decisión, puede que no contrataran estos microcréditos”. A la misma idea apela Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae), que destaca que estos préstamos “sonmuy pequeños, pero muy liosos” y que la inmediatez con la que opera el sector puede llevar a que se “engañe a las familias que necesiten pagar deudas”.
En esa situación de afrontar deudas se encontraba precisamente Daniel de Santos (Madrid, 28 años) hace casi ocho años. Al independizarse con su pareja, su sueldo de casi 900 euros no era suficiente para cubrir sus gastos del día a día, por lo que decidió acudir a estos préstamos para ir sobreviviendo. Sin embargo, todo fue a peor: “Pedía créditos para poder pagar otros que había pedido”. De Santos, que llegó a recurrir a estos productos financieros “para poder hacer la compra”, denuncia que las compañías del sector se “aprovechan” de la vulnerabilidad de las familias endeudadas.
Tanto Carrier como de Santos tuvieron que acabar pidiendo ayuda profesional. Emilio Pintado, de Asoban Abogados, lleva el caso de Carrier desde que este llamó al despacho porque había recibido una orden de embargo de sus bienes. La solución que se planteó es acogerse a la ley de segunda oportunidad, un procedimiento legal que permite a las personas particulares y a los autónomos cancelar total o parcialmente sus deudas cuando no pueden devolverlas. Pintado señala que para que un juez decida esta cancelación, una de las claves es que la persona se encuentre en situación de “insuficiencia patrimonial”, es decir, que el valor total de su patrimonio sea inferior a la cuantía del pasivo contraído.
César Paunero, del despacho Paunero & Jerónimo y abogado de De Santos, destaca que otro de los elementos fundamentales para lograr esta cancelación es ser un deudor de buena fe. Esto implica que “no se haya incurrido en unos gastos extraordinarios para la capacidad económica que se tiene, salvo que estén justificados”.
Para evitar llegar a la justicia, los expertos recomiendan prudencia y mejoras regulatorias. Gallardo, como especialista finanzas personales, recomienda leer “con calma las condiciones para saber cuántos intereses se van a pagar al final”. Serrano, de Facua, pide además a las familias que evalúen su capacidad económica antes de pedir este crédito para saber “lo que supone y si se tendrá capacidad suficiente para afrontar gastos inesperados”. Pero tambien exige que los”expedientes sancionadores [a las financieras] cuenten con multas contundentes para que quienes vulneren la legislación vigente se lo piensen varias veces“.
Tanto Carrier como de Santos coinciden en describir lo que han pasado como “angustioso”. Pero también destacan que han podido ir resolviendo sus problemas económicos. El primero se declara “muy feliz” pese a que “la recuperación ha sido muy difícil”. De Santos cuenta que “por fin” podrá hacer un viaje con su pareja, tras siete años en los que tenía que dedicar casi todas sus nóminas a pagar estos microcréditos. Y pide a todos aquellos que se encuentren en una situación similar que “no se sientan fracasados”. “Que pidan ayuda, porque se puede salir”, concluye.
Desde que decidió mudarse hace más de 25 años de Ecuador a Olot (Girona), Manuel Carrier, de 51 años, ha querido ser padre. “Quería con quien reír, jugar, disfrutar de la paternidad”, recuerda emocionado. Sin embargo, la vida se lo puso difícil. Él y su mujer gastaron casi 8.000 euros en una clínica privada para un tratamiento de fecundación in vitro, pero cerró y perdieron ese dinero. Lo volvieron a intentar, desembolsaron otros 8.000 euros y finalmente lograron ser padres. Sin embargo, cuenta Carrier, se quedaron a la vez sin ahorros y sin uno de sus principales sustentos económicos: el negocio de repostería que tenían en su país natal quebró. Como el trabajo en España no le daba suficiente para llegar a fin de mes, acudieron a microcréditos, a préstamos de apenas unos cientos de euros. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, ya que no pudieron afrontar su devolución con los elevados intereses que comportan. “Llegó un momento en el que no pude pagar ni un café”, relata.. Seguir leyendo
