El desahucio de Maricarmen ha sido la chispa que ha encendido la mecha de un problema que no es ni mucho menos nuevo —lleva años siendo una de las principales preocupaciones de los españoles—, pero que, ahora parece que sí, amenaza con suponer un punto de inflexión en el Gobierno. La imagen de la anciana de 87 años siendo desalojada en camilla de la casa en la que vivía desde hace 70 ha colmado la paciencia de Sumar, que lleva meses presionando para que el PSOE tome medidas más contundentes en materia de vivienda. Y los socialistas sienten ahora la respiración en la nuca de un malestar social que sabe que puede pasarle factura cuando faltan pocos meses de las elecciones y el problema habitacional, como también se encarga de recordarle el PP, está lejos de solucionarse tras ocho años de Gobierno.. Ahora, la única disyuntiva válida para el ala minoritaria del Ejecutivo es «sí o sí». El decreto de vivienda que prometieron aprobar en julio tiene que ir «sí o sí» el martes que viene. Hay que expropiar el piso de Maricarmen «sí o sí». Este jueves, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, recordaba que en marzo los ministros de Sumar ya se negaron a entrar en un Consejo de Ministros hasta que el PSOE accediese a aprobar el decreto de prórroga de alquileres —que acabó tumbando el Congreso— y que lo ocurrido con Maricarmen es más que un motivo de peso para afirmar de nuevo que «hasta aquí hemos llegado».. «Hay que mandarle un mensaje a los fondos [de inversión]: que no son bienvenidos y vamos a ilegalizar esa actividad. Pero no basta con solucionar solo un caso: tiene que ir el decreto ley de vivienda para que todas la personas como Maricarmen se vean protegidas y no campen a sus anchas los intereses de estos desgraciados», aseguró este jueves el ministro, que, en todo caso, dirigió el grueso de sus críticas a la derecha porque «si ayer [por el miércoles] ocurrió lo que ocurrió es porque la ley que protegía a Maricarmen contra los desahucios la tumbaron tres veces el PP, Vox y Junts».. Sea como fuere, la presión tanto en el seno del propio Gobierno como en la calle ha provocado que en las últimas horas, tras el desahucio de Maricarmen, la parte socialista del Ejecutivo haya acelerado las negociaciones para conseguir los apoyos al decreto de cara a una futura convalidación en el Congreso de los Diputados cuando hace apenas unos días no contemplaba hacerlo.. Desde Nueva York, Pedro Sánchez abrió este miércoles la puerta a aprobarlo ya el próximo martes y prometió una respuesta ante un caso que él mismo calificó de «tragedia social», y Moncloa confirma ahora que las conversaciones con Junts se han activado. Sintomático de la entidad de la situación es que sea precisamente la parte socialista del Gobierno, y no solo la de Sumar —en la figura de Ernest Urtasun—, la que ahora se haya involucrado directamente en la interlocución con los posconvergentes cuando sus relaciones llevan meses rotas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el caso de Maricarmen «ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas» en las negociaciones para aprobar el decreto de vivienda, que espera llevar «cuanto antes» al Consejo de Ministros.. El PSOE acelera y trata de desviar el foco. Ahora, desde el PSOE transmiten cierto optimismo sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo. Algunas voces socialistas creen que Junts puede encontrar margen para capitalizar ante su propio electorado determinadas medidas incluidas en el texto; otras confían en que sea la propia presión generada por el caso la que termine estrechando su margen para oponerse. «Ellos verán si quieren convertir a Maricarmen en una okupa», resume una fuente del partido. El cálculo político pesa así tanto como el contenido de la norma en unas negociaciones que el Gobierno quiere desencallar ahora con una urgencia que no había mostrado hasta que el desahucio puso de nuevo la vivienda en el centro del debate.. Mientras tanto, el PSOE también se afana en desviar el foco de lo ocurrido con Maricarmen a la Comunidad de Madrid, gobernada por un PP que defiende que, aunque las políticas de vivienda están transferidas y no aplican la ley de 2023 en sus territorios, la crisis habitacional interpela directamente al Gobierno, cuyo balance, en la legislatura que afirmó que iba a ser «la de la vivienda», «es cero» dadas las circunstancias. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha tirado de datos para argumentar que Madrid es la región «donde más vivienda protegida y libre se construye» y «por cada desahucio aquí, hay cinco en la Cataluña de [Salvador] Illa y de [Pedro] Sánchez».. Pero los socialistas no solo tratan de culpar a la derecha. También creen que estos días hay reproches que hacerle a quienes se sitúan a su izquierda. Sin ir más lejos, el ministro Óscar Puente ha cargado directamente contra su socio de Gobierno después de que este haya subido el tono en las últimas horas y demandado soluciones al problema habitacional y a la situación de Maricarmen. El culmen de la presión del espacio llegó después de que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que la alianza debería replantearse ya su permanencia en el Ejecutivo ante la impasibilidad de un PSOE que hace apenas una semana impidió que en el Congreso comenzase a tramitarse una iniciativa de Sumar para prohibir precisamente la compra de pisos a los fondos de inversión.. Esto no ha gustado nada al ministro de Transportes, que la noche del miércoles llegó a enzarzarse en una discusión en X con la ministra de Sanidad, Mónica García, y en las últimas horas soliviantado a su socio con algunas de sus publicaciones: «A ver si toda esta movida [por el desahucio de Maricarmen] sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha. Está chupado», aseguró este jueves.. Fuentes de Movimiento Sumar, el partido fundado por Yolanda Díaz y miembro de la alianza, censuran las declaraciones de Puente, que, dicen, «ha elegido ir a atacar a la izquierda la semana en la que están desahuciando a mujeres de 87 años». Y ahondan: «El problema de perspectiva lo tiene él, no nosotros».. Un decreto que debería haberse aprobado en julio. El propio Pedro Sánchez también reclamó desde Nueva York «altura de miras» a los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto, pero el reproche a sus socios convive con un dato incómodo para el Ejecutivo: es el propio Gobierno el que lleva cerca de dos meses retrasando su aprobación ante la falta de garantías para convalidarlo.. Esa estrategia empieza a generar también debate dentro del PSOE. Hay voces que consideran que, ante un asunto con semejante impacto social, ya no basta con explicar qué administración tiene cada competencia (por el PP) o señalar qué grupo impide aprobar cada medida, sino que el Ejecutivo necesita reaccionar y colocar decisiones concretas encima de la mesa que su electorado pueda identificar. Aprobar cuanto antes el decreto es el primer paso, pero no el único.. Algunos socialistas reclaman incluso ir más allá y asumir un marco mucho más nítido ante la crisis de la vivienda: o se interviene con mayor intensidad sobre un mercado que consideran incapaz de corregirse por sí solo o el problema corre el riesgo de convertirse en un callejón sin salida político para la izquierda. El argumento pasaría también por explicar que el Gobierno no ha tenido durante esta legislatura fuerza parlamentaria suficiente para sacar adelante todas las medidas que pretendía y utilizar precisamente esa limitación para reclamar después un mayor respaldo electoral.. Ese debate convive, no obstante, con voces que piden al partido no esconderse ni asumir sin más el relato del fracaso. «Hay que hacer un discurso honesto. Es una equivocación que nos escondamos», sostiene una voz del grupo parlamentario socialista, que lo que cree que no se está haciendo bien es no limitar la compra de vivienda por parte de fondos de inversión. La ofensiva de los partidos situados a la izquierda del PSOE tampoco ha pasado inadvertida. Algunas fuentes socialistas interpretan su dureza como parte de un proceso de distanciamiento de cara a las próximas elecciones en un terreno que saben especialmente sensible para el electorado progresista.. «Una política de vivienda de verdad». Entretanto, en el PP ya parecen anticipar su rechazo a un decreto de vivienda que consideran un brindis al sol. De hecho, según la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, el último decreto que llevaron al Congreso en abril y terminó decayendo «no hubiese solucionado esta realidad» ni el caso concreto de Maricarmen. Gamarra ha pasado revista a los ocho años de Pedro Sánchez en el poder, recordando que, según el CIS, el problema de la vivienda ha pasado al primer puesto en las preocupaciones de los españoles, una posición en el ranking que no ostentaba cuando el socialista llegó a la Moncloa.. La vicesecretaria popular rechaza el planteamiento que, a su juicio, quiere hacer el Ejecutivo «de que esto tiene una solución fácil y el culpable es el PP» porque el caso de Maricarmen es consecuencia «de un profundo fracaso en política de vivienda en los últimos ocho años». De hecho, incidió en las críticas que los propios socios y algunos ministros del Gobierno han venido realizando durante las últimas horas, sin evitar las críticas al ala de Sumar: «A la izquierda le encanta decir que la culpa la tienen los fondos para intentar tapar sus responsabilidades».. En este sentido, recordó que «el 90% del mercado de la vivienda en España está en manos de pequeños propietarios» y apostó por «una política de vivienda de verdad» que vuelva a generar un marco legal apropiado e incentivos fiscales para que «quienes han retirado su vivienda del mercado, vuelvan a ponerla». La receta de los populares pasa por «movilizar suelo, agilizar las licencias y dar seguridad jurídica», lo que, en su opinión incrementaría la oferta de vivienda y reduciría los precios.
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El desahucio de Maricarmen ha sido la chispa que ha encendido la mecha de un problema que no es ni mucho menos nuevo —lleva años siendo una de las principales preocupaciones de los españoles—, pero que, ahora parece que sí, amenaza con suponer un punto de inflexión en el Gobierno. La imagen de la anciana de 87 años siendo desalojada en camilla de la casa en la que vivía desde hace 70 ha colmado la paciencia de Sumar, que lleva meses presionando para que el PSOE tome medidas más contundentes en materia de vivienda. Y los socialistas sienten ahora la respiración en la nuca de un malestar social que sabe que puede pasarle factura cuando faltan pocos meses de las elecciones y el problema habitacional, como también se encarga de recordarle el PP, está lejos de solucionarse tras ocho años de Gobierno.. Ahora, la única disyuntiva válida para el ala minoritaria del Ejecutivo es «sí o sí». El decreto de vivienda que prometieron aprobar en julio tiene que ir «sí o sí» el martes que viene. Hay que expropiar el piso de Maricarmen «sí o sí». Este jueves, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, recordaba que en marzo los ministros de Sumar ya se negaron a entrar en un Consejo de Ministros hasta que el PSOE accediese a aprobar el decreto de prórroga de alquileres —que acabó tumbando el Congreso— y que lo ocurrido con Maricarmen es más que un motivo de peso para afirmar de nuevo que «hasta aquí hemos llegado».. «Hay que mandarle un mensaje a los fondos [de inversión]: que no son bienvenidos y vamos a ilegalizar esa actividad. Pero no basta con solucionar solo un caso: tiene que ir el decreto ley de vivienda para que todas la personas como Maricarmen se vean protegidas y no campen a sus anchas los intereses de estos desgraciados», aseguró este jueves el ministro, que, en todo caso, dirigió el grueso de sus críticas a la derecha porque «si ayer [por el miércoles] ocurrió lo que ocurrió es porque la ley que protegía a Maricarmen contra los desahucios la tumbaron tres veces el PP, Vox y Junts».. Sea como fuere, la presión tanto en el seno del propio Gobierno como en la calle ha provocado que en las últimas horas, tras el desahucio de Maricarmen, la parte socialista del Ejecutivo haya acelerado las negociaciones para conseguir los apoyos al decreto de cara a una futura convalidación en el Congreso de los Diputados cuando hace apenas unos días no contemplaba hacerlo.. Desde Nueva York, Pedro Sánchez abrió este miércoles la puerta a aprobarlo ya el próximo martes y prometió una respuesta ante un caso que él mismo calificó de «tragedia social», y Moncloa confirma ahora que las conversaciones con Junts se han activado. Sintomático de la entidad de la situación es que sea precisamente la parte socialista del Gobierno, y no solo la de Sumar —en la figura de Ernest Urtasun—, la que ahora se haya involucrado directamente en la interlocución con los posconvergentes cuando sus relaciones llevan meses rotas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el caso de Maricarmen «ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas» en las negociaciones para aprobar el decreto de vivienda, que espera llevar «cuanto antes» al Consejo de Ministros.. El PSOE acelera y trata de desviar el foco. Ahora, desde el PSOE transmiten cierto optimismo sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo. Algunas voces socialistas creen que Junts puede encontrar margen para capitalizar ante su propio electorado determinadas medidas incluidas en el texto; otras confían en que sea la propia presión generada por el caso la que termine estrechando su margen para oponerse. «Ellos verán si quieren convertir a Maricarmen en una okupa», resume una fuente del partido. El cálculo político pesa así tanto como el contenido de la norma en unas negociaciones que el Gobierno quiere desencallar ahora con una urgencia que no había mostrado hasta que el desahucio puso de nuevo la vivienda en el centro del debate.. Mientras tanto, el PSOE también se afana en desviar el foco de lo ocurrido con Maricarmen a la Comunidad de Madrid, gobernada por un PP que defiende que, aunque las políticas de vivienda están transferidas y no aplican la ley de 2023 en sus territorios, la crisis habitacional interpela directamente al Gobierno, cuyo balance, en la legislatura que afirmó que iba a ser «la de la vivienda», «es cero» dadas las circunstancias. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha tirado de datos para argumentar que Madrid es la región «donde más vivienda protegida y libre se construye» y «por cada desahucio aquí, hay cinco en la Cataluña de [Salvador] Illa y de [Pedro] Sánchez».. Pero los socialistas no solo tratan de culpar a la derecha. También creen que estos días hay reproches que hacerle a quienes se sitúan a su izquierda. Sin ir más lejos, el ministro Óscar Puente ha cargado directamente contra su socio de Gobierno después de que este haya subido el tono en las últimas horas y demandado soluciones al problema habitacional y a la situación de Maricarmen. El culmen de la presión del espacio llegó después de que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que la alianza debería replantearse ya su permanencia en el Ejecutivo ante la impasibilidad de un PSOE que hace apenas una semana impidió que en el Congreso comenzase a tramitarse una iniciativa de Sumar para prohibir precisamente la compra de pisos a los fondos de inversión.. Esto no ha gustado nada al ministro de Transportes, que la noche del miércoles llegó a enzarzarse en una discusión en X con la ministra de Sanidad, Mónica García, y en las últimas horas soliviantado a su socio con algunas de sus publicaciones: «A ver si toda esta movida [por el desahucio de Maricarmen] sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha. Está chupado», aseguró este jueves.. Fuentes de Movimiento Sumar, el partido fundado por Yolanda Díaz y miembro de la alianza, censuran las declaraciones de Puente, que, dicen, «ha elegido ir a atacar a la izquierda la semana en la que están desahuciando a mujeres de 87 años». Y ahondan: «El problema de perspectiva lo tiene él, no nosotros».. Un decreto que debería haberse aprobado en julio. El propio Pedro Sánchez también reclamó desde Nueva York «altura de miras» a los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto, pero el reproche a sus socios convive con un dato incómodo para el Ejecutivo: es el propio Gobierno el que lleva cerca de dos meses retrasando su aprobación ante la falta de garantías para convalidarlo.. Esa estrategia empieza a generar también debate dentro del PSOE. Hay voces que consideran que, ante un asunto con semejante impacto social, ya no basta con explicar qué administración tiene cada competencia (por el PP) o señalar qué grupo impide aprobar cada medida, sino que el Ejecutivo necesita reaccionar y colocar decisiones concretas encima de la mesa que su electorado pueda identificar. Aprobar cuanto antes el decreto es el primer paso, pero no el único.. Algunos socialistas reclaman incluso ir más allá y asumir un marco mucho más nítido ante la crisis de la vivienda: o se interviene con mayor intensidad sobre un mercado que consideran incapaz de corregirse por sí solo o el problema corre el riesgo de convertirse en un callejón sin salida político para la izquierda. El argumento pasaría también por explicar que el Gobierno no ha tenido durante esta legislatura fuerza parlamentaria suficiente para sacar adelante todas las medidas que pretendía y utilizar precisamente esa limitación para reclamar después un mayor respaldo electoral.. Ese debate convive, no obstante, con voces que piden al partido no esconderse ni asumir sin más el relato del fracaso. «Hay que hacer un discurso honesto. Es una equivocación que nos escondamos», sostiene una voz del grupo parlamentario socialista, que lo que cree que no se está haciendo bien es no limitar la compra de vivienda por parte de fondos de inversión. La ofensiva de los partidos situados a la izquierda del PSOE tampoco ha pasado inadvertida. Algunas fuentes socialistas interpretan su dureza como parte de un proceso de distanciamiento de cara a las próximas elecciones en un terreno que saben especialmente sensible para el electorado progresista.. «Una política de vivienda de verdad». Entretanto, en el PP ya parecen anticipar su rechazo a un decreto de vivienda que consideran un brindis al sol. De hecho, según la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, el último decreto que llevaron al Congreso en abril y terminó decayendo «no hubiese solucionado esta realidad» ni el caso concreto de Maricarmen. Gamarra ha pasado revista a los ocho años de Pedro Sánchez en el poder, recordando que, según el CIS, el problema de la vivienda ha pasado al primer puesto en las preocupaciones de los españoles, una posición en el ranking que no ostentaba cuando el socialista llegó a la Moncloa.. La vicesecretaria popular rechaza el planteamiento que, a su juicio, quiere hacer el Ejecutivo «de que esto tiene una solución fácil y el culpable es el PP» porque el caso de Maricarmen es consecuencia «de un profundo fracaso en política de vivienda en los últimos ocho años». De hecho, incidió en las críticas que los propios socios y algunos ministros del Gobierno han venido realizando durante las últimas horas, sin evitar las críticas al ala de Sumar: «A la izquierda le encanta decir que la culpa la tienen los fondos para intentar tapar sus responsabilidades».. En este sentido, recordó que «el 90% del mercado de la vivienda en España está en manos de pequeños propietarios» y apostó por «una política de vivienda de verdad» que vuelva a generar un marco legal apropiado e incentivos fiscales para que «quienes han retirado su vivienda del mercado, vuelvan a ponerla». La receta de los populares pasa por «movilizar suelo, agilizar las licencias y dar seguridad jurídica», lo que, en su opinión incrementaría la oferta de vivienda y reduciría los precios.
