Moncloa intenta recuperar el control del relato sobre la crisis de Ceuta desplazando el foco de un debate que durante semanas ha girado en torno a las responsabilidades del Gobierno por el estallido de finales de julio y por su gestión durante agosto y lo que va de septiembre. La estrategia pasa ahora por llevar la discusión al terreno de la respuesta a la crisis y, sobre todo, de las responsabilidades compartidas con las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP. Los socialistas tratan así de pasar parte de la presión de su tejado al de Génova y contraponer la actuación del Ejecutivo, que aseguran que se está «dejando la piel» para resolver cuanto antes la situación, con la actitud del Gobierno de Ceuta y de las autonomías del PP, a las que reprochan que estén dificultando la reubicación de los menores migrantes.. Moncloa pretende, además, poner el acento en las medidas adoptadas para sacar de las calles a los adultos que permanecen en Ceuta y rebajar así la imagen de colapso que ha acompañado a la crisis durante las últimas semanas. Según defienden desde el Ejecutivo, y tal y como dijo el propio presidente del Gobierno, ya se están habilitando plazas en distintos recursos para trasladar allí a los migrantes mientras se tramitan sus expedientes y se determina su situación administrativa. A partir de ahí, el procedimiento deberá resolver si procede su retorno o si pueden permanecer en España, por ejemplo en aquellos casos en los que se reconozca su derecho a protección internacional.. Con este cambio de marco, el Gobierno busca que el debate deje de centrarse exclusivamente en qué ocurrió y quién falló al inicio de la crisis para pasar a quién está contribuyendo ahora a resolverla y quién, a juicio del PSOE, está poniendo obstáculos.. «Estamos trabajando de manera incansable para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, y eso pasa por la colaboración de todas las administraciones. En ese sentido, me duele como miembro del Gobierno ver cómo desde hace semanas [Juan José] Vivas ha dejado de hablar como presidente de Ceuta para solo escuchar en su boca argumentario del PP», cargó este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros. En Moncloa endurecen especialmente el reproche contra el presidente ceutí, al que acusan de haber dejado en un segundo plano la gestión de la emergencia para plegarse a la estrategia que marca Génova.. La tesis que trasladan es que Vivas tiene margen para facilitar una salida más rápida a la situación de los menores, pero que el PP ha optado por mantener abierto el frente político con el Gobierno simplemente por una cuestión de rédito electoral. Fuentes gubernamentales sostienen que, si existiera voluntad política por parte de Génova y de las comunidades gobernadas por los populares, la reubicación de los menores podría avanzar con mucha más rapidez y la situación de Ceuta se podría estabilizar incluso antes de final de año, que es el límite temporal que se ha fijado el Gobierno.. En todo caso, son conscientes de que no tienen la sartén por el mango en su estrategia de señalar al PP por la gestión de la crisis. Las comunidades gobernadas por los populares siguen rechazando la acogida voluntaria de menores y este procedimiento requiere su visto bueno, además del de Ceuta. De momento, solo Navarra y Castilla-La Mancha, ambas socialistas, han dado el paso. Ante ese bloqueo, el Gobierno asume ya que probablemente tendrá que recurrir al mecanismo previsto en la Ley de Extranjería, una vía mucho más lenta y que, según calculan fuentes del Ejecutivo, podría retrasar la reubicación de los menores dos meses más.. Es precisamente ahí donde el Gobierno está concentrando buena parte de su presión política sobre Vivas, al que acusan de anteponer la estrategia marcada por Génova a los intereses de Ceuta. Moncloa intenta así cambiar el marco de una crisis que durante agosto ha colocado al Gobierno a la defensiva. Después de semanas centradas en los avisos previos, la actuación de los servicios de inteligencia, la respuesta del Ejecutivo y las dudas sobre el papel de Marruecos, la estrategia pasa ahora por llevar el debate al terreno de la gestión presente. Si hasta ahora la pregunta era qué hizo el Ejecutivo antes y durante el estallido de la crisis, Moncloa quiere que empiece a ser también qué están haciendo el PP y sus gobiernos para contribuir a cerrarla.. El problema para Moncloa es que, mientras reclama un movimiento del PP que no llega, está tardando más en poner en marcha una solución. La situación de los menores continúa siendo urgente y el Ejecutivo no puede supeditar la puesta en marcha de los mecanismos previstos a que Génova cambie de posición o las comunidades populares acepten voluntariamente los traslados. Si esa vía no avanza, tendrá que activar las alternativas que contempla la legislación, aunque sean más lentas, porque el paso de las semanas juega también en contra de un Gobierno que lleva desde agosto prometiendo devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta.. A esa dificultad se suma que ni siquiera dentro del Ejecutivo parece haber una estrategia completamente coordinada para dar por cerrado el debate sobre el origen y la gestión inicial de la crisis. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se mostró este martes dispuesta tanto a comparecer como a que lo haga la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para explicar las alertas emitidas por este organismo antes de la entrada masiva de migrantes. Una iniciativa que amenaza con volver a colocar bajo el foco qué sabía el Gobierno y cuándo lo sabía, justo cuando Moncloa trata de cambiar de pantalla y trasladar la discusión a la gestión actual y a las responsabilidades del PP.. El departamento de Robles mantiene, además, una defensa cerrada de la actuación del CNI y de los servicios de inteligencia, en contraste con los intentos de Moncloa por rebajar el alcance de los avisos previos. Sánchez llegó a minimizar el mensaje de WhatsApp en el que el CNI advertía de movimientos relacionados con Ceuta alegando que este tipo de comunicaciones «no son prueba». En el Ministerio de Defensa, por el contrario, reivindican el trabajo realizado, una diferencia de matiz que mantiene vivo el debate sobre qué información tenía el Gobierno antes de la crisis justo cuando Moncloa intenta desplazarlo hacia otro terreno.
Desde el Gobierno cargan contra Vivas y tratan de meter presión a las comunidades populares para no tener que acudir a la ley que les obligaría a acoger menores migrantes, mientras Robles se desmarca de esta estrategia y alarga la polémica por los avisos del CNI.
Moncloa intenta recuperar el control del relato sobre la crisis de Ceuta desplazando el foco de un debate que durante semanas ha girado en torno a las responsabilidades del Gobierno por el estallido de finales de julio y por su gestión durante agosto y lo que va de septiembre. La estrategia pasa ahora por llevar la discusión al terreno de la respuesta a la crisis y, sobre todo, de las responsabilidades compartidas con las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP. Los socialistas tratan así de pasar parte de la presión de su tejado al de Génova y contraponer la actuación del Ejecutivo, que aseguran que se está «dejando la piel» para resolver cuanto antes la situación, con la actitud del Gobierno de Ceuta y de las autonomías del PP, a las que reprochan que estén dificultando la reubicación de los menores migrantes.. Moncloa pretende, además, poner el acento en las medidas adoptadas para sacar de las calles a los adultos que permanecen en Ceuta y rebajar así la imagen de colapso que ha acompañado a la crisis durante las últimas semanas. Según defienden desde el Ejecutivo, y tal y como dijo el propio presidente del Gobierno, ya se están habilitando plazas en distintos recursos para trasladar allí a los migrantes mientras se tramitan sus expedientes y se determina su situación administrativa. A partir de ahí, el procedimiento deberá resolver si procede su retorno o si pueden permanecer en España, por ejemplo en aquellos casos en los que se reconozca su derecho a protección internacional.. Con este cambio de marco, el Gobierno busca que el debate deje de centrarse exclusivamente en qué ocurrió y quién falló al inicio de la crisis para pasar a quién está contribuyendo ahora a resolverla y quién, a juicio del PSOE, está poniendo obstáculos.. «Estamos trabajando de manera incansable para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, y eso pasa por la colaboración de todas las administraciones. En ese sentido, me duele como miembro del Gobierno ver cómo desde hace semanas [Juan José] Vivas ha dejado de hablar como presidente de Ceuta para solo escuchar en su boca argumentario del PP», cargó este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros. En Moncloa endurecen especialmente el reproche contra el presidente ceutí, al que acusan de haber dejado en un segundo plano la gestión de la emergencia para plegarse a la estrategia que marca Génova.. La tesis que trasladan es que Vivas tiene margen para facilitar una salida más rápida a la situación de los menores, pero que el PP ha optado por mantener abierto el frente político con el Gobierno simplemente por una cuestión de rédito electoral. Fuentes gubernamentales sostienen que, si existiera voluntad política por parte de Génova y de las comunidades gobernadas por los populares, la reubicación de los menores podría avanzar con mucha más rapidez y la situación de Ceuta se podría estabilizar incluso antes de final de año, que es el límite temporal que se ha fijado el Gobierno.. En todo caso, son conscientes de que no tienen la sartén por el mango en su estrategia de señalar al PP por la gestión de la crisis. Las comunidades gobernadas por los populares siguen rechazando la acogida voluntaria de menores y este procedimiento requiere su visto bueno, además del de Ceuta. De momento, solo Navarra y Castilla-La Mancha, ambas socialistas, han dado el paso. Ante ese bloqueo, el Gobierno asume ya que probablemente tendrá que recurrir al mecanismo previsto en la Ley de Extranjería, una vía mucho más lenta y que, según calculan fuentes del Ejecutivo, podría retrasar la reubicación de los menores dos meses más.. Es precisamente ahí donde el Gobierno está concentrando buena parte de su presión política sobre Vivas, al que acusan de anteponer la estrategia marcada por Génova a los intereses de Ceuta. Moncloa intenta así cambiar el marco de una crisis que durante agosto ha colocado al Gobierno a la defensiva. Después de semanas centradas en los avisos previos, la actuación de los servicios de inteligencia, la respuesta del Ejecutivo y las dudas sobre el papel de Marruecos, la estrategia pasa ahora por llevar el debate al terreno de la gestión presente. Si hasta ahora la pregunta era qué hizo el Ejecutivo antes y durante el estallido de la crisis, Moncloa quiere que empiece a ser también qué están haciendo el PP y sus gobiernos para contribuir a cerrarla.. El problema para Moncloa es que, mientras reclama un movimiento del PP que no llega, está tardando más en poner en marcha una solución. La situación de los menores continúa siendo urgente y el Ejecutivo no puede supeditar la puesta en marcha de los mecanismos previstos a que Génova cambie de posición o las comunidades populares acepten voluntariamente los traslados. Si esa vía no avanza, tendrá que activar las alternativas que contempla la legislación, aunque sean más lentas, porque el paso de las semanas juega también en contra de un Gobierno que lleva desde agosto prometiendo devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta.. A esa dificultad se suma que ni siquiera dentro del Ejecutivo parece haber una estrategia completamente coordinada para dar por cerrado el debate sobre el origen y la gestión inicial de la crisis. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se mostró este martes dispuesta tanto a comparecer como a que lo haga la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para explicar las alertas emitidas por este organismo antes de la entrada masiva de migrantes. Una iniciativa que amenaza con volver a colocar bajo el foco qué sabía el Gobierno y cuándo lo sabía, justo cuando Moncloa trata de cambiar de pantalla y trasladar la discusión a la gestión actual y a las responsabilidades del PP.. El departamento de Robles mantiene, además, una defensa cerrada de la actuación del CNI y de los servicios de inteligencia, en contraste con los intentos de Moncloa por rebajar el alcance de los avisos previos. Sánchez llegó a minimizar el mensaje de WhatsApp en el que el CNI advertía de movimientos relacionados con Ceuta alegando que este tipo de comunicaciones «no son prueba». En el Ministerio de Defensa, por el contrario, reivindican el trabajo realizado, una diferencia de matiz que mantiene vivo el debate sobre qué información tenía el Gobierno antes de la crisis justo cuando Moncloa intenta desplazarlo hacia otro terreno.
