Maricarmen fue desahuciada el pasado día 23. El viernes hubo manifestaciones contra lo ocurrido y en defensa del derecho a la vivienda en varias ciudades. En Madrid, esa movilización ha quedado asentada en la Puerta del Sol y resulta inevitable acordarse de lo ocurrido en 2011, cuando el 15-M.. Aquella acampada duró 26 días, hasta el 12 de junio. ¿Pasará lo mismo esta vez? En teoría, los nuevos indignados, con el Sindicato de Inquilinos al frente, dan un plazo, que es la aprobación por el Gobierno —este martes en Consejo de Ministros— de un decreto ley contra lo desahucios. En ese momento, levantarán el campamento. Pero si eso no ocurre, ¿quién debe desalojar Sol, quién toma la orden?. El 15-M, un campamento de 26 días. Los indignados ocuparon plazas de más de cincuenta ciudades el 15 de mayo de 2011. La primera manifestación, organizada por la plataforma Democracia Real Ya, concluyó en la madrugada del 16 de mayo cuando los asistentes que seguían allí fueron desalojados de la Puerta del Sol. La actuación la llevó a cabo la Policía Municipal de Madrid «de forma concertada con Policía Nacional y por tanto con Delegación del Gobierno», según explicó entonces Pedro Calvo, quien era delegado de Seguridad del Ayuntamiento.. Al día siguiente del desalojo de la acampada de Sol, se reprodujeron centenares de acampadas en las plazas de la mayoría de las ciudades españolas. En Madrid, los manifestantes se volvieron a concentrar, esta vez ya 10.000 personas. Ya no fueron desalojados. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, prefirió no hacerlo de nuevo alegando que podría agravarse el conflicto.. Finalmente, la acampada de Sol se hizo permanente, convirtiéndose en el símbolo del Movimiento 15-M. Sus integrantes decidieron quedarse como mínimo hasta las elecciones municipales del 22 de mayo de aquel 2011. En realidad, estuvieron 26 días, hasta el 12 de junio, cuando los últimos acampados decidieron levantar el campamento.. La Puerta del Sol en una foto del día en que se levantó el campamento del 15-M.V.P.A.. El campamento de la Puerta del Sol fue desmantelado ese día, tal y como acordaron los participantes en una asamblea general bajo la premisa de que el desmantelamiento no implicaba dar por acabadas sus reivindicaciones. «No nos vamos, nos expandimos», dijeron después de limpiar lo ensuciado durante aquellas casi cuatro semanas.. La acampada de 2026, ¿hasta cuándo?. Los nuevos indignados acamparon en la Puerta del Sol el pasado viernes. Dicen algunos de sus portavoces que estarán hasta el martes, hasta que el Gobierno apruebe un decreto ley antidesahucios. Y si no se aprueba o les parece insuficiente, ¿se quedarán? ¿Y hasta cuándo? Si no se retiran, ¿quién puede (¿debe?) actuar para desalojarlos?. El control del orden público, especialmente en lo relativo al derecho de manifestación, le corresponde a la Delegación del Gobierno, que depende del Ministerio del Interior. La ocupación del espacio público está regida por la ley de Seguridad Ciudadana y las ordenanzas municipales. Según estas, acampar de forma prolongada altera el uso común de la vía, la movilidad o el patrimonio.. La ley española dice que para manifestarse no es necesaria una autorización. Lo recoge el artículo 21 del capítulo de Derechos y libertades de la Constitución: «El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa». Y se añade: «En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes».. Lo que sí es obligatorio es comunicar la convocatoria a la Delegación del Gobierno. Debe hacerse con 10 días de antelación (o 24 horas en urgencias graves). La falta de aviso no invalida la protesta, aunque conlleva sanciones administrativas. Hay sanciones económicas, que varían entre las multas leves de 100€ a 600€ por infracción de ordenanzas u ocupación no permitida, hasta faltas graves de 601€ a 30.000€ por desobediencia al desalojo.. Pero una acampada como la de Sol en este momento no puede ser desalojada sin aviso previo. El artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana establece que la disolución debe ser la última opción y estar precedida formalmente por avisos y requerimientos a los participantes.. Puesto que disolver una protesta sólo puede hacerse por alteración grave del orden público con riesgo para personas o bienes, y previa advertencia explícita, la Policía Nacional sólo actúa si hay un problema de orden público. Mientras sea ocupación de la vía pública, la gestión de la situación le toca al Ayuntamiento, y para un desalojo debería actuar la Policía Local.. ¿Extensión de la manifestación o no?. Entonces, si se decidiera desalojar la Puerta del Sol, ¿a quién le correspondería? La respuesta depende cómo se entienda lo ocurrido, la conformación de la acampada.. Si se considera como una extensión de la manifestación que el viernes protestó por el desahucio de Maricarmen, habría que entender el campamento dentro del derecho a manifestación y, por ello, sería competencia de la Delegación del Gobierno. Si se considera que es una concentración independiente, aunque no autorizada, sería cuestión del Ayuntamiento.. Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, exigió al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ordene levantar la acampada. Almeida ha defendido que el derecho a protestar «debe convivir con el cumplimiento de las normas» y ha anunciado que el Ayuntamiento estudia emprender acciones legales «si la Delegación mantiene su negativa a intervenir».. Tanto el consistorio como la Comunidad de Madrid acusan al Gobierno de «lavarse las manos» y de «dejación de funciones» ante la acampada. El Ayuntamiento reprocha a Delegación «la absoluta negligencia y dejación de funciones en lo relativo a la acampada ilegal» y la Comunidad acusa al Ministerio del Interior de «lavarse las manos» durante el dispositivo.. El alcalde ha planteado incluso un supuesto para cuestionar el criterio de la Delegación: «Supongamos que estas tiendas de campaña están enfrente del Palacio de la Moncloa o enfrente de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz». En ese caso, ha preguntado, «¿alguien piensa que el delegado del Gobierno no hubiera intervenido inmediatamente?».. Para Almeida, el lugar donde se desarrolla la protesta no debería determinar la actuación de la Administración y ha asegurado que hubo «una orden expresa» para retirar a la Policía Municipal de Sol. Almeida ha calificado de «ridículo» que, tras esa retirada, dos furgones de la Policía Nacional permanecieran «exactamente cuatro minutos» estacionados frente a la Presidencia de la Comunidad. «Me pregunto qué hicieron en esos cuatro minutos y quién les dijo que se fueran», ha señalado.
La autoridad solo puede disolver una protesta por alteración grave del orden público con riesgo para personas o bienes, y previa advertencia explícita.
Maricarmen fue desahuciada el pasado día 23. El viernes hubo manifestaciones contra lo ocurrido y en defensa del derecho a la vivienda en varias ciudades. En Madrid, esa movilización ha quedado asentada en la Puerta del Sol y resulta inevitable acordarse de lo ocurrido en 2011, cuando el 15-M.. Aquella acampada duró 26 días, hasta el 12 de junio. ¿Pasará lo mismo esta vez? En teoría, los nuevos indignados, con el Sindicato de Inquilinos al frente, dan un plazo, que es la aprobación por el Gobierno —este martes en Consejo de Ministros— de un decreto ley contra lo desahucios. En ese momento, levantarán el campamento. Pero si eso no ocurre, ¿quién debe desalojar Sol, quién toma la orden?. El 15-M, un campamento de 26 días. Los indignados ocuparon plazas de más de cincuenta ciudades el 15 de mayo de 2011. La primera manifestación, organizada por la plataforma Democracia Real Ya, concluyó en la madrugada del 16 de mayo cuando los asistentes que seguían allí fueron desalojados de la Puerta del Sol. La actuación la llevó a cabo la Policía Municipal de Madrid «de forma concertada con Policía Nacional y por tanto con Delegación del Gobierno», según explicó entonces Pedro Calvo, quien era delegado de Seguridad del Ayuntamiento.. Al día siguiente del desalojo de la acampada de Sol, se reprodujeron centenares de acampadas en las plazas de la mayoría de las ciudades españolas. En Madrid, los manifestantes se volvieron a concentrar, esta vez ya 10.000 personas. Ya no fueron desalojados. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, prefirió no hacerlo de nuevo alegando que podría agravarse el conflicto.. Finalmente, la acampada de Sol se hizo permanente, convirtiéndose en el símbolo del Movimiento 15-M. Sus integrantes decidieron quedarse como mínimo hasta las elecciones municipales del 22 de mayo de aquel 2011. En realidad, estuvieron 26 días, hasta el 12 de junio, cuando los últimos acampados decidieron levantar el campamento.. El campamento de la Puerta del Sol fue desmantelado ese día, tal y como acordaron los participantes en una asamblea general bajo la premisa de que el desmantelamiento no implicaba dar por acabadas sus reivindicaciones. «No nos vamos, nos expandimos», dijeron después de limpiar lo ensuciado durante aquellas casi cuatro semanas.. La acampada de 2026, ¿hasta cuándo?. Los nuevos indignados acamparon en la Puerta del Sol el pasado viernes. Dicen algunos de sus portavoces que estarán hasta el martes, hasta que el Gobierno apruebe un decreto ley antidesahucios. Y si no se aprueba o les parece insuficiente, ¿se quedarán? ¿Y hasta cuándo? Si no se retiran, ¿quién puede (¿debe?) actuar para desalojarlos?. El control del orden público, especialmente en lo relativo al derecho de manifestación, le corresponde a la Delegación del Gobierno, que depende del Ministerio del Interior. La ocupación del espacio público está regida por la ley de Seguridad Ciudadana y las ordenanzas municipales. Según estas, acampar de forma prolongada altera el uso común de la vía, la movilidad o el patrimonio.. La ley española dice que para manifestarse no es necesaria una autorización. Lo recoge el artículo 21 del capítulo de Derechos y libertades de la Constitución: «El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa». Y se añade: «En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes».. Lo que sí es obligatorio es comunicar la convocatoria a la Delegación del Gobierno. Debe hacerse con 10 días de antelación (o 24 horas en urgencias graves). La falta de aviso no invalida la protesta, aunque conlleva sanciones administrativas. Hay sanciones económicas, que varían entre las multas leves de 100€ a 600€ por infracción de ordenanzas u ocupación no permitida, hasta faltas graves de 601€ a 30.000€ por desobediencia al desalojo.. Pero una acampada como la de Sol en este momento no puede ser desalojada sin aviso previo. El artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana establece que la disolución debe ser la última opción y estar precedida formalmente por avisos y requerimientos a los participantes.. Puesto que disolver una protesta sólo puede hacerse por alteración grave del orden público con riesgo para personas o bienes, y previa advertencia explícita, la Policía Nacional sólo actúa si hay un problema de orden público. Mientras sea ocupación de la vía pública, la gestión de la situación le toca al Ayuntamiento, y para un desalojo debería actuar la Policía Local.. ¿Extensión de la manifestación o no?. Entonces, si se decidiera desalojar la Puerta del Sol, ¿a quién le correspondería? La respuesta depende cómo se entienda lo ocurrido, la conformación de la acampada.. Si se considera como una extensión de la manifestación que el viernes protestó por el desahucio de Maricarmen, habría que entender el campamento dentro del derecho a manifestación y, por ello, sería competencia de la Delegación del Gobierno. Si se considera que es una concentración independiente, aunque no autorizada, sería cuestión del Ayuntamiento.. Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, exigió al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ordene levantar la acampada. Almeida ha defendido que el derecho a protestar «debe convivir con el cumplimiento de las normas» y ha anunciado que el Ayuntamiento estudia emprender acciones legales «si la Delegación mantiene su negativa a intervenir».. Tanto el consistorio como la Comunidad de Madrid acusan al Gobierno de «lavarse las manos» y de «dejación de funciones» ante la acampada. El Ayuntamiento reprocha a Delegación «la absoluta negligencia y dejación de funciones en lo relativo a la acampada ilegal» y la Comunidad acusa al Ministerio del Interior de «lavarse las manos» durante el dispositivo.. El alcalde ha planteado incluso un supuesto para cuestionar el criterio de la Delegación: «Supongamos que estas tiendas de campaña están enfrente del Palacio de la Moncloa o enfrente de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz». En ese caso, ha preguntado, «¿alguien piensa que el delegado del Gobierno no hubiera intervenido inmediatamente?».. Para Almeida, el lugar donde se desarrolla la protesta no debería determinar la actuación de la Administración y ha asegurado que hubo «una orden expresa» para retirar a la Policía Municipal de Sol. Almeida ha calificado de «ridículo» que, tras esa retirada, dos furgones de la Policía Nacional permanecieran «exactamente cuatro minutos» estacionados frente a la Presidencia de la Comunidad. «Me pregunto qué hicieron en esos cuatro minutos y quién les dijo que se fueran», ha señalado.
