El Gobierno de Pedro Sánchez prevé apoyarse de forma intensiva en la figura del decreto durante este año: el 73% de las normas que planea aprobar evitarán el trámite parlamentario. De esta forma, el Ejecutivo busca sortear un escenario político que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ve de «compleja pero razonable estabilidad parlamentaria», aunque claramente está marcado por la ausencia de una mayoría estable para sacar adelante leyes en el Congreso.. El Plan Anual Normativo recoge un total de 179 iniciativas. De ellas, apenas 48 —10 leyes orgánicas y 38 leyes ordinarias— requieren el respaldo de los grupos parlamentarios. Las 131 restantes se articularán mediante decretos, consolidando así una vía legislativa que reduce la exposición del Ejecutivo a una aritmética parlamentaria que se complica por momentos. Además, del total de normas previstas, el 31% son trasposiciones de normativa europea, lo que facilita el apoyo de los grupos.. En comparación con las normas aprobadas en 2025, el Ejecutivo dobla su previsión de usar la figura del decreto, puesto que el año pasado aprobó un total de 54 decretos, junto con 6 leyes orgánicas y 12 proyectos de ley. Aunque su intención era aprobar 199 normativas en el año 2025, solo ha sacado adelante 72. No obstante, el ministro de Presidencia ha valorado que el grado de cumplimiento como «muy alto», del 82%, obviando, eso sí , que casi la mitad de las normas están en tramitación, no aprobadas.. Este año, previo a las elecciones de 2027, el plan sigue siendo gobernar a golpe de decreto. Según ha detallado el ministro Bolaños, la primera ley que tiene en mente es la de Presupuestos Generales del Estado (PGE), insistiendo así en la pretensión de aprobar los de este año, aunque fuentes gubernamentales ya dejan caer que si las estas no vienen pronto, se centrarán en las de 2027. Lo cierto es que el Ejecutivo lleva tres años con los presupuestos prorrogados y, en lo que se refiere a los de 2026, ya lleva más de medio año de retraso para presentarlos de acuerdo al mandato constitucional.. Otra de las normas en las que el Gobierno pone el foco desde enero es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo, que ya esbozó en su día María Jesús Montero en su papel de vicepresidenta y ministra de Hacienda, nace de un pacto con ERC para facilitar la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa. A partir de la premisa de una financiación singular para Cataluña, el planteamiento se amplió a un esquema de aplicación general —un «café para todos»— que, en la práctica, sitúa a Cataluña y a Andalucía entre las principales beneficiadas. Esta última, además, afronta ahora una campaña electoral con Montero como candidata del PSOE. El Ejecutivo mantiene como objetivo cerrar el nuevo modelo a lo largo de este año, una operación que, no obstante, pasa por recabar el respaldo de Junts.. El Gobierno también tiene en cartera la aprobación de la ley anticorrupción, una iniciativa que su socio de coalición, Sumar, ha reactivado en los últimos días al calor del juicio por el denominado caso Mascarillas, que ha sentado este lunes al exministro José Luis Ábalos en el banquillo del Tribunal Supremo. Este proyecto legislativo se suma a la ley de publicidad institucional, que plantea limitar estos ingresos al 35% del total de facturación de los medios de comunicación. Esta norma fue anunciada por Pedro Sánchez en el contexto de la judicialización del caso que afecta a su entorno familiar, en referencia a las diligencias abiertas sobre Begoña Gómez, y forma parte del paquete de medidas con el que el Ejecutivo busca reforzar su agenda de regeneración democrática.. El ministro Bolaños también ha mencionado otras leyes previstas para este año, como la ley de créditos de consumo o la de modernización del sistema financiero. En materia de igualdad, la ley de violencia vicaria y la ley de trata. En cuanto a empleo, la ley de democracia en la empresa, la de prevención de riesgos laborales o la ley de consumo sostenible. También ha destacado el ministro la ley de Inteligencia Artificial, «ya muy avanzada» y, según ha dicho, pronto verá la luz en el Consejo de Ministros.. En materia de justicia, que es el departamento que dirige Bolaños, ha destacado la ley de asistencia jurídica gratuita o la ley de derecho al honor.. «Este plan demuestra que la legislatura suma y sigue. El Gobierno mantiene su hoja de ruta para garantizar el Estado del bienestar, ampliarlo y reforzar el crecimiento económico, al tiempo que busca consolidar una posición reconocible de España en el escenario internacional», ha defendido Bolaños. El ministro ha reiterado la idea de que la legislatura «suma y sigue», en un intento de contrarrestar las voces que auguran un desgaste prematuro antes de 2027. Esas dudas se apoyan, entre otros factores, en la compleja aritmética parlamentaria, que ha llevado a que en torno al 73% de las normas que quiere aprobar este año esquiven el Congreso.
El Gobierno incluye en su plan normativo para este año su intención de presentar unos Presupuestos, aunque fuentes de Moncloa ya hablan de la posibilidad de llevar directamente los de 2027.
El Gobierno de Pedro Sánchez prevé apoyarse de forma intensiva en la figura del decreto durante este año: el 73% de las normas que planea aprobar evitarán el trámite parlamentario. De esta forma, el Ejecutivo busca sortear un escenario político que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ve de «compleja pero razonable estabilidad parlamentaria», aunque claramente está marcado por la ausencia de una mayoría estable para sacar adelante leyes en el Congreso.. El Plan Anual Normativo recoge un total de 179 iniciativas. De ellas, apenas 48 —10 leyes orgánicas y 38 leyes ordinarias— requieren el respaldo de los grupos parlamentarios. Las 131 restantes se articularán mediante decretos, consolidando así una vía legislativa que reduce la exposición del Ejecutivo a una aritmética parlamentaria que se complica por momentos. Además, del total de normas previstas, el 31% son trasposiciones de normativa europea, lo que facilita el apoyo de los grupos.. En comparación con las normas aprobadas en 2025, el Ejecutivo dobla su previsión de usar la figura del decreto, puesto que el año pasado aprobó un total de 54 decretos, junto con 6 leyes orgánicas y 12 proyectos de ley. Aunque su intención era aprobar 199 normativas en el año 2025, solo ha sacado adelante 72. No obstante, el ministro de Presidencia ha valorado que el grado de cumplimiento como «muy alto», del 82%, obviando, eso sí , que casi la mitad de las normas están en tramitación, no aprobadas.. Este año, previo a las elecciones de 2027, el plan sigue siendo gobernar a golpe de decreto. Según ha detallado el ministro Bolaños, la primera ley que tiene en mente es la de Presupuestos Generales del Estado (PGE), insistiendo así en la pretensión de aprobar los de este año, aunque fuentes gubernamentales ya dejan caer que si las estas no vienen pronto, se centrarán en las de 2027. Lo cierto es que el Ejecutivo lleva tres años con los presupuestos prorrogados y, en lo que se refiere a los de 2026, ya lleva más de medio año de retraso para presentarlos de acuerdo al mandato constitucional.. Otra de las normas en las que el Gobierno pone el foco desde enero es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo, que ya esbozó en su día María Jesús Montero en su papel de vicepresidenta y ministra de Hacienda, nace de un pacto con ERC para facilitar la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa. A partir de la premisa de una financiación singular para Cataluña, el planteamiento se amplió a un esquema de aplicación general —un «café para todos»— que, en la práctica, sitúa a Cataluña y a Andalucía entre las principales beneficiadas. Esta última, además, afronta ahora una campaña electoral con Montero como candidata del PSOE. El Ejecutivo mantiene como objetivo cerrar el nuevo modelo a lo largo de este año, una operación que, no obstante, pasa por recabar el respaldo de Junts.. El Gobierno también tiene en cartera la aprobación de la ley anticorrupción, una iniciativa que su socio de coalición, Sumar, ha reactivado en los últimos días al calor del juicio por el denominado caso Mascarillas, que ha sentado este lunes al exministro José Luis Ábalos en el banquillo del Tribunal Supremo. Este proyecto legislativo se suma a la ley de publicidad institucional, que plantea limitar estos ingresos al 35% del total de facturación de los medios de comunicación. Esta norma fue anunciada por Pedro Sánchez en el contexto de la judicialización del caso que afecta a su entorno familiar, en referencia a las diligencias abiertas sobre Begoña Gómez, y forma parte del paquete de medidas con el que el Ejecutivo busca reforzar su agenda de regeneración democrática.. El ministro Bolaños también ha mencionado otras leyes previstas para este año, como la ley de créditos de consumo o la de modernización del sistema financiero. En materia de igualdad, la ley de violencia vicaria y la ley de trata. En cuanto a empleo, la ley de democracia en la empresa, la de prevención de riesgos laborales o la ley de consumo sostenible. También ha destacado el ministro la ley de Inteligencia Artificial, «ya muy avanzada» y, según ha dicho, pronto verá la luz en el Consejo de Ministros.. En materia de justicia, que es el departamento que dirige Bolaños, ha destacado la ley de asistencia jurídica gratuita o la ley de derecho al honor.. «Este plan demuestra que la legislatura suma y sigue. El Gobierno mantiene su hoja de ruta para garantizar el Estado del bienestar, ampliarlo y reforzar el crecimiento económico, al tiempo que busca consolidar una posición reconocible de España en el escenario internacional», ha defendido Bolaños. El ministro ha reiterado la idea de que la legislatura «suma y sigue», en un intento de contrarrestar las voces que auguran un desgaste prematuro antes de 2027. Esas dudas se apoyan, entre otros factores, en la compleja aritmética parlamentaria, que ha llevado a que en torno al 73% de las normas que quiere aprobar este año esquiven el Congreso.
