Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
El drama de la vivienda acumula causas: escasez de alojamientos, precios desorbitados y una legislación que ha tolerado muchos abusos
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El pasado febrero el Tribunal Supremo sorprendió con varias resoluciones con la siguiente advertencia: “El recurso forma parte de los miles de recursos que penden en esta Sala sobre la validez de la cláusula de IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios)”. Tras asegurar que ya existe una jurisprudencia consolidada, afirmó que “no tendría sentido que nos dedicáramos a reiterar en todos los recursos pendientes esta doctrina jurisprudencial (lo que podría llevar años de dedicación en exclusiva) cuando las partes pueden llegar a un acuerdo para la terminación del proceso, porque conocen de antemano cuál sería el sentido de la resolución de la sala. El tribunal podría entender que la falta de acuerdo de las partes, salvo que concurran circunstancias que lo justifiquen, constituye un abuso de proceso y lo tendría en cuenta al pronunciarse sobre las costas”. Confirma que las costas son una barrera para disuadir reclamaciones.
En base a estas y otras resoluciones del Supremo los abogados Maite Ortiz y José Maria Erauskin han elaborado una sólida argumentación que pone al desnudo varios abusos hipotecarios y plantea dudas sobre la doctrina del Supremo sobre el IRPH. Sus argumentos han sido asumidos por la magistrada Eva Cerón de San Sebastián, que el pasado 10 de julio planteó 13 preguntas sobre el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En el asunto de las hipotecas con IRPH, que afectan a un millón de hogares, el TJUE ha dictado ya seis resoluciones y está pendiente de otra presentada en marzo por el magistrado Rafael de la Fuente de Palma de Mallorca.
La cuestión de fondo es dilucidar las razones del mayor coste de estas hipotecas. Hay dos aspectos relevantes: aclarar si las hipotecas con IRPH son abusivas y si este índice es manipulable por parte de las entidades financieras.
La legislación europea considera abusivas las cláusulas no negociadas que en contra de la buena fe causan un desequilibrio importante al consumidor. A la vista de una sentencia del Supremo a la magistrada le “resulta difícil de entender que un desequilibrio de 68.504 euros en un préstamo por importe de 206.000 no sea importante cuando representa el 33,25% del capital concedido. Cita otro caso de desequilibrio de 68.440 euros, en un préstamo de 97.000 euros que supone un sobrepago del 187,06%.
Sobre la manipulación del IRPH, Cerón cita la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 29 de abril que ratifica la multa del Banco de España de cinco millones de euros a Ibercaja por enviar información inexacta en relación con el cálculo del IRPH. La posibilidad de manipular ha dejado de ser una mera especulación.
La fundamentación de Ortiz y Erauskin, asumida por la juez, se basa en la doctrina del TJUE. El Supremo ya ha sido corregido por la UE en (ejecuciones hipotecarias, swaps, cláusulas suelo, multidivisas, comisiones, legitimación de asociaciones, costas judiciales). La batalla del IRPH no es accidental. Hay 44.000 millones de euros en juego. Abusos, beneficios bancarios y desigualdades van de la mano.
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El pasado febrero el Tribunal Supremo sorprendió con varias resoluciones con la siguiente advertencia: “El recurso forma parte de los miles de recursos que penden en esta Sala sobre la validez de la cláusula de IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios)”. Tras asegurar que ya existe una jurisprudencia consolidada, afirmó que “no tendría sentido que nos dedicáramos a reiterar en todos los recursos pendientes esta doctrina jurisprudencial (lo que podría llevar años de dedicación en exclusiva) cuando las partes pueden llegar a un acuerdo para la terminación del proceso, porque conocen de antemano cuál sería el sentido de la resolución de la sala. El tribunal podría entender que la falta de acuerdo de las partes, salvo que concurran circunstancias que lo justifiquen, constituye un abuso de proceso y lo tendría en cuenta al pronunciarse sobre las costas”. Confirma que las costas son una barrera para disuadir reclamaciones.. Seguir leyendo
