El programa subvenciona el despliegue de tecnología de 5G real en áreas muy rurales sin señal de ningún operador
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado la orden de bases y la convocatoria del programa ‘5G Redes muy rurales‘. La iniciativa contempla una inversión pública de 17,9 millones de euros destinada a incentivar el despliegue de infraestructura móvil de última generación en zonas donde no existe señal 4G ni 5G de ningún operador comercial.
Del importe total de la convocatoria, 15,6 millones de euros proceden del programa Plurirregional España del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027, mientras que los 2,3 millones de euros restantes se consignan a través del presupuesto nacional. El plazo para la presentación de solicitudes por parte de las compañías de telecomunicaciones permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre de 2026. El programa se dirige específicamente a zonas blancas móviles, que abarcan diseminados, pequeñas aldeas, áreas agrícolas aisladas y tramos de carreteras secundarias donde los operadores privados no han realizado despliegues por falta de rentabilidad económica. El plan exige que el servicio se preste mediante tecnología 5G Stand Alone (5G SA) o 5G nativo, una arquitectura de red independiente que permite alcanzar velocidades de descarga superiores a 100 Mbps y latencias reducidas sin depender del núcleo 4G preexistente.Como novedad respecto a planes previos de conectividad, la convocatoria ha incorporado la participación directa de Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos públicos. Tras un proceso de consulta pública realizado en junio de 2026, el Ministerio ha recabado 96 propuestas de municipios ubicados en 25 provincias. Estas administraciones han ofrecido suelo público, infraestructuras existentes u otros incentivos operativos para facilitar las obras a las adjudicatarias. Los operadores disponen de este catálogo para integrarlo en sus proyectos, aunque no tienen la obligación de utilizar exclusivamente dichas ubicaciones. Adicionalmente, la normativa del programa establece una bolsa de reserva de emplazamientos. Esta herramienta permite a los adjudicatarios sustituir las ubicaciones proyectadas ante imprevistos técnicos o logísticos fuera de su control durante las obras. La bolsa queda también accesible para que otras administraciones públicas puedan financiar la conectividad de zonas elegibles que no hayan sido cubiertas en esta convocatoria.
Para evitar la duplicidad de infraestructuras y maximizar el impacto de la subvención, los beneficiarios estarán obligados legalmente a compartir la infraestructura instalada con el resto de los operadores. Esta medida impone un régimen de itinerancia o roaming nacional obligatorio en los puntos subvencionados, lo que permitirá a los clientes de cualquier compañía acceder a la red construida con fondos públicos. La infraestructura activa conectará con la red pública de fibra óptica a través de los enlaces financiados en programas paralelos de backhaul.
El periodo de ejecución de los trabajos se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029. Este plazo responde a la complejidad operativa que presentan los entornos remotos, los cuales carecen habitualmente de acometidas eléctricas o accesos viables para maquinaria pesada. En la evaluación de las ofertas presentadas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales valorará la eficiencia de costes, el tiempo de ejecución y la integración de soluciones energéticas sostenibles, como paneles fotovoltaicos.
Esta convocatoria supone un cambio en la fuente de financiación del despliegue de infraestructuras digitales en España, al agotarse los fondos extraordinarios del mecanismo Next Generation EU utilizados en planes anteriores. El Ministerio recurre ahora a los Fondos FEDER de la política de cohesión comunitaria para dar continuidad a las inversiones públicas en conectividad, que superan los 1.453 millones de euros ejecutados desde 2021.
Según los datos oficiales del Ministerio, la cobertura de 5G alcanza al 99% de la población española, tras un incremento de más de 40 puntos porcentuales en relación con 2021. En el ámbito estrictamente rural, el despliegue de esta tecnología ha pasado del 26% al 96% de la población en los últimos cinco años. La presente línea de ayudas busca completar el tramo restante en los territorios de difícil acceso.
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