El curso político ha llegado a su fin. La próxima vez que vuelvan los diputados al Congreso —como pronto la última semana de agosto— será para inaugurar el último de la legislatura, que se prevé frenético y corto después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cerrase la puerta a adelantar las elecciones al primer trimestre de 2027, especialmente después de que anunciase su intención de presentar los Presupuestos, algo que muchos partidos consideran una excusa para convocarlas.. Además, el Ejecutivo ha vivido un verano de sobresaltos. Al drama humano de los incendios forestales se ha sumado estados dos últimas semanas la crisis de Ceuta, que entre otras cosas ha servido de arena para un nuevo enfrentamiento entre Gobierno y oposición.. Todo ello, en un contexto de pérdida casi total de la confianza del Parlamento (en junio, por primera vez una mayoría instó a Sánchez de manera formal a convocar ya los comicios o a someterse a una cuestión de confianza) y con algunas de las grandes promesas del Gobierno en forma de leyes guardadas en un cajón, muchas desde hace años.. La ‘ley mordaza’. La derogación de la ‘ley mordaza’ del PP del año 2015 ha sido una de las principales banderas electorales de Pedro Sánchez, antes incluso de que llegase a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Nunca estuvo tan cerca de reformarse esta ley como en la pasada legislatura, pero la tumbaron en la Comisión de Interior ERC y Bildu argumentando que no recogían sus exigencias, entre otras la prohibición inmediata de las pelotas de goma como material antidisturbios o la de las devoluciones en caliente de inmigrantes que crucen las vallas de Ceuta y Melilla.. Estos son dos asuntos con los que el PSOE no ha transigido desde el principio. Solo en octubre de 2024, ya en esta legislatura, se comprometió con Bildu a retirar «gradualmente» las pelotas de goma de los antidisturbios y tanto los abertzales como ERC aceptaron que las devoluciones en caliente quedasen supeditadas a un cambio en la reforma de la ley de extranjería que no ha tenido lugar. Entones, la nueva proposición de ley superó los primeros trámites parlamentarios, pero desde finales de 2024 permanece bloqueada en la Comisión de Interior por la oposición de partidos como Podemos, que la considera poco ambiciosa.. La ley de familias. Lleva más de dos años en un cajón en el Congreso, aunque la ley ya se fraguó en 2023, cuando en el Gobierno estaba Unidas Podemos y el Ministerio de Derechos Sociales corría a cargo de Ione Belarra. Una vez aprobada en Consejo de Ministros, la norma decayó por la convocatoria anticipada de las elecciones del 23 de julio. La recuperó su sucesor, Pablo Bustinduy, que la envió de nuevo al Congreso tal y como estaba redactada con el objetivo de negociar los cambios a lo largo de la tramitación parlamentaria.. Sin embargo, la ley continúa en el periodo de enmiendas, que se ha ampliado un total de 86 veces. En la norma se contemplan medidas como la expansión de la deducción para madres trabajadoras; la equiparación de las familias monomarentales de dos hijos a las familias numerosas; el incremento de la cobertura del subsidio por nacimiento; o la garantía de plazas de Educación Infantil para familias monomarentales. Fuera de la norma, por la trasposición de una directiva europea, el Gobierno ha aprobado la ampliación de los permisos por nacimiento para progenitores a 17 semanas y el establecimiento de dos semanas de permisos retribuidos para cuidados. Asimismo, el permiso figura ahora en 32 semanas en el caso de las familias monomarentales y monoparentales.. La ley de secretos oficiales. La reforma de la ley de secretos oficiales, que data de los últimos años del franquismo, es una reclamación histórica en el Congreso, especialmente del PNV, que en más de una ocasión durante esta legislatura ha instado a Pedro Sánchez a impulsarla. Los nacionalistas vascos registraron al principio de la misma su propia proposición de ley, que fue tomada en consideración pero permanece bloqueada desde marzo de 2024.. En julio, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros su proyecto, que establecía 60 años como el periodo máximo que un documento podría ser secreto y multas de entre 30.000 euros y 2,5 millones, en los supuestos más graves, a quien difunda o reproduzca, por cualquier medio, información clasificada como «secreto» o «alto secreto». Sin embargo, el proyecto no ha superado el periodo de enmiendas aún, que se ha ampliado más de una treintena de veces.. La ley Bolaños. Paralizada en el periodo de enmiendas se encuentra también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la conocida como ley Bolaños, que el Gobierno comenzó a tramitar en octubre de 2025. Hasta en 25 ocasiones se ha ampliado el periodo de una norma que no ha sido bien recibida por algunos jueces y fiscales. Las dos grandes novedades de la reforma, que el Gobierno justifica para adaptar la Justicia española a la del resto de socios europeos, son la atribución de la instrucción penal a los fiscales y la limitación de la acusación popular. Ambas han sido criticadas por un amplio sector judicial, y la segunda incluso por socios del PSOE como Sumar.. Sobre este último asunto, que se puso encima de la mesa en plena oleada de causas de corrupción que afectaban al Gobierno, el ministro Félix Bolaños aseguró el año pasado que la acusación popular «en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse».. El blindaje del aborto. A finales de abril, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto superó el debate de totalidad tras rechazar la mayoría del Congreso las enmiendas de PP y Vox. Desde entonces, continúa su tramitación parlamentaria, aunque, llegado el hipotético momento, es muy difícil que salga adelante, pues necesitaría de una mayoría de tres quintos de la Cámara, es decir, 210 votos.. Con todo, se trata de una reforma que ha generado polémica incluso en el seno del propio Gobierno. El Ejecutivo pretende incluir un nuevo párrafo en el artículo 43 de la Carta Magna: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio». La elección del artículo, referente a la protección de la salud, no es baladí, pues de haberlo incluido en el 15, el de los derechos fundamentales, implicaría la disolución inmediata de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones.. Según señalan algunos juristas constitucionalistas, el método utilizado por el Ejecutivo puede resultar contraproducente. Temen que, lejos de «blindar el aborto», lo degrade, pues, al no situarlo entre los derechos fundamentales, puede estar deslizándose que no lo es cuando la realidad es que el Tribunal Constitucional ya lo ha reconocido como tal en su jurisprudencia.. El registro de medios y transparencia en la financiación. En julio de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Desde su remisión al Congreso, la norma no ha experimentado avances y acumula 36 ampliaciones del periodo para presentar enmiendas. La ley forma parte del Plan de Acción por la Democracia que nació apenas tres meses después de que Pedro Sánchez se tomase sus famosos cinco días de reflexión en 2024 tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.. Dicho plan constaba de 31 medidas para luchar contra «la desinformación y los bulos» y mejorar la transparencia de los medios, entre otros asuntos. Así, en el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación se exige una mayor transparencia a los grupos mediáticos tanto en la estructura de su propiedad como en la financiación pública que reciben. También se plantea la creación de un registro de medios de comunicación públicos sometido a la regulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).. La ley del cine. La ley del cine es otro de los proyectos que se inició en la legislatura anterior y todavía no se ha cerrado. Remitida al Congreso en septiembre de 2024, hasta junio de 2026 no se sometió al debate de totalidad, que acabó superando, si bien le queda por delante un largo trámite parlamentario. La norma pretende regular las ayudas al sector, la cuota de cine comunitario que deben exhibir las salas o el tiempo que los cines podrán exhibir una película en exclusiva antes de pasar a las plataformas.
El Gobierno acumula varios proyectos de ley con un destino incierto en el tortuoso trámite parlamentario.
El curso político ha llegado a su fin. La próxima vez que vuelvan los diputados al Congreso —como pronto la última semana de agosto— será para inaugurar el último de la legislatura, que se prevé frenético y corto después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cerrase la puerta a adelantar las elecciones al primer trimestre de 2027, especialmente después de que anunciase su intención de presentar los Presupuestos, algo que muchos partidos consideran una excusa para convocarlas.. Además, el Ejecutivo ha vivido un verano de sobresaltos. Al drama humano de los incendios forestales se ha sumado estados dos últimas semanas la crisis de Ceuta, que entre otras cosas ha servido de arena para un nuevo enfrentamiento entre Gobierno y oposición.. Todo ello, en un contexto de pérdida casi total de la confianza del Parlamento (en junio, por primera vez una mayoría instó a Sánchez de manera formal a convocar ya los comicios o a someterse a una cuestión de confianza) y con algunas de las grandes promesas del Gobierno en forma de leyes guardadas en un cajón, muchas desde hace años.. La ‘ley mordaza’. La derogación de la ‘ley mordaza’ del PP del año 2015 ha sido una de las principales banderas electorales de Pedro Sánchez, antes incluso de que llegase a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Nunca estuvo tan cerca de reformarse esta ley como en la pasada legislatura, pero la tumbaron en la Comisión de Interior ERC y Bildu argumentando que no recogían sus exigencias, entre otras la prohibición inmediata de las pelotas de goma como material antidisturbios o la de las devoluciones en caliente de inmigrantes que crucen las vallas de Ceuta y Melilla.. Estos son dos asuntos con los que el PSOE no ha transigido desde el principio. Solo en octubre de 2024, ya en esta legislatura, se comprometió con Bildu a retirar «gradualmente» las pelotas de goma de los antidisturbios y tanto los abertzales como ERC aceptaron que las devoluciones en caliente quedasen supeditadas a un cambio en la reforma de la ley de extranjería que no ha tenido lugar. Entones, la nueva proposición de ley superó los primeros trámites parlamentarios, pero desde finales de 2024 permanece bloqueada en la Comisión de Interior por la oposición de partidos como Podemos, que la considera poco ambiciosa.. La ley de familias. Lleva más de dos años en un cajón en el Congreso, aunque la ley ya se fraguó en 2023, cuando en el Gobierno estaba Unidas Podemos y el Ministerio de Derechos Sociales corría a cargo de Ione Belarra. Una vez aprobada en Consejo de Ministros, la norma decayó por la convocatoria anticipada de las elecciones del 23 de julio. La recuperó su sucesor, Pablo Bustinduy, que la envió de nuevo al Congreso tal y como estaba redactada con el objetivo de negociar los cambios a lo largo de la tramitación parlamentaria.. Sin embargo, la ley continúa en el periodo de enmiendas, que se ha ampliado un total de 86 veces. En la norma se contemplan medidas como la expansión de la deducción para madres trabajadoras; la equiparación de las familias monomarentales de dos hijos a las familias numerosas; el incremento de la cobertura del subsidio por nacimiento; o la garantía de plazas de Educación Infantil para familias monomarentales. Fuera de la norma, por la trasposición de una directiva europea, el Gobierno ha aprobado la ampliación de los permisos por nacimiento para progenitores a 17 semanas y el establecimiento de dos semanas de permisos retribuidos para cuidados. Asimismo, el permiso figura ahora en 32 semanas en el caso de las familias monomarentales y monoparentales.. La ley de secretos oficiales. La reforma de la ley de secretos oficiales, que data de los últimos años del franquismo, es una reclamación histórica en el Congreso, especialmente del PNV, que en más de una ocasión durante esta legislatura ha instado a Pedro Sánchez a impulsarla. Los nacionalistas vascos registraron al principio de la misma su propia proposición de ley, que fue tomada en consideración pero permanece bloqueada desde marzo de 2024.. En julio, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros su proyecto, que establecía 60 años como el periodo máximo que un documento podría ser secreto y multas de entre 30.000 euros y 2,5 millones, en los supuestos más graves, a quien difunda o reproduzca, por cualquier medio, información clasificada como «secreto» o «alto secreto». Sin embargo, el proyecto no ha superado el periodo de enmiendas aún, que se ha ampliado más de una treintena de veces.. La ley Bolaños. Paralizada en el periodo de enmiendas se encuentra también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la conocida como ley Bolaños, que el Gobierno comenzó a tramitar en octubre de 2025. Hasta en 25 ocasiones se ha ampliado el periodo de una norma que no ha sido bien recibida por algunos jueces y fiscales. Las dos grandes novedades de la reforma, que el Gobierno justifica para adaptar la Justicia española a la del resto de socios europeos, son la atribución de la instrucción penal a los fiscales y la limitación de la acusación popular. Ambas han sido criticadas por un amplio sector judicial, y la segunda incluso por socios del PSOE como Sumar.. Sobre este último asunto, que se puso encima de la mesa en plena oleada de causas de corrupción que afectaban al Gobierno, el ministro Félix Bolaños aseguró el año pasado que la acusación popular «en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse».. El blindaje del aborto. A finales de abril, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto superó el debate de totalidad tras rechazar la mayoría del Congreso las enmiendas de PP y Vox. Desde entonces, continúa su tramitación parlamentaria, aunque, llegado el hipotético momento, es muy difícil que salga adelante, pues necesitaría de una mayoría de tres quintos de la Cámara, es decir, 210 votos.. Con todo, se trata de una reforma que ha generado polémica incluso en el seno del propio Gobierno. El Ejecutivo pretende incluir un nuevo párrafo en el artículo 43 de la Carta Magna: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio». La elección del artículo, referente a la protección de la salud, no es baladí, pues de haberlo incluido en el 15, el de los derechos fundamentales, implicaría la disolución inmediata de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones.. Según señalan algunos juristas constitucionalistas, el método utilizado por el Ejecutivo puede resultar contraproducente. Temen que, lejos de «blindar el aborto», lo degrade, pues, al no situarlo entre los derechos fundamentales, puede estar deslizándose que no lo es cuando la realidad es que el Tribunal Constitucional ya lo ha reconocido como tal en su jurisprudencia.. El registro de medios y transparencia en la financiación. En julio de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Desde su remisión al Congreso, la norma no ha experimentado avances y acumula 36 ampliaciones del periodo para presentar enmiendas. La ley forma parte del Plan de Acción por la Democracia que nació apenas tres meses después de que Pedro Sánchez se tomase sus famosos cinco días de reflexión en 2024 tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.. Dicho plan constaba de 31 medidas para luchar contra «la desinformación y los bulos» y mejorar la transparencia de los medios, entre otros asuntos. Así, en el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación se exige una mayor transparencia a los grupos mediáticos tanto en la estructura de su propiedad como en la financiación pública que reciben. También se plantea la creación de un registro de medios de comunicación públicos sometido a la regulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).. La ley del cine. La ley del cine es otro de los proyectos que se inició en la legislatura anterior y todavía no se ha cerrado. Remitida al Congreso en septiembre de 2024, hasta junio de 2026 no se sometió al debate de totalidad, que acabó superando, si bien le queda por delante un largo trámite parlamentario. La norma pretende regular las ayudas al sector, la cuota de cine comunitario que deben exhibir las salas o el tiempo que los cines podrán exhibir una película en exclusiva antes de pasar a las plataformas.
