La Comisión reprocha al Gobierno español que no haya cumplido una sentencia del TJUE de 2022
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Bruselas volverá a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la normativa comunitaria en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Esta se produce cuando se reclaman al Estado indemnizaciones por pérdidas o daños causados a los particulares porque el legislador haya infringido el derecho comunitario. En junio de 2022 el TJUE ya sentenció que las normas españolas hacían demasiado difícil para los particulares recibir una indemnización por los daños causados por el Estado al no cumplir las normas de derecho de la Unión, pero el Gobierno español no rectificó su legislación. Ahora, la Comisión ha anunciado este jueves que ha decidido volver a denunciar a España por esta cuestión.
Entre las consecuencias para España de que que el TJUE dictamine finalmente que no ha dado cumplimiento a su sentencia figuran posibles sanciones en forma de una suma a tanto alzado, una multa coercitiva diaria o ambas cosas. La sentencia que recoja estos posibles castigos económicos para España no será inmediata, sino que podría tardar del orden de un año o más en dictarse.
Este tipo de reclamaciones por responsabilidades patrimoniales suelen tener su origen en normas impugnadas, generalmente de carácter tributario. Pero si España flexibilizara el acceso a este tipo de indemnizaciones, en respuesta a una nueva sentencia condenatoria del TJUE, estas compensaciones podrían extenderse a otros ámbitos, como el del abuso de la temporalidad en el sector público, según fuentes jurídicas que llevan casos de interinos que llevan años encadenando contratos temporales en las administraciones españolas.
Desde la Comisión han explicado este jueves que recibieron las primeras quejas contra España por este conflicto en 2015 denunciando el Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por ser supuestamente contrarias al derecho comunitario. Bruselas abrió un procedimiento de infracción en junio 2017, “pero España no adoptó ninguna modificación de su legislación, ni siquiera tras el dictamen motivado de la Comisión de enero de 2018″, ha señalado el Ejecutivo europeo. Posteriormente, decidieron llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE en noviembre de 2019. En su sentencia de 28 de junio de 2022, el Tribunal confirmó la posición de la Comisión de que España había infringido el derecho de la Unión.
Acto seguido, el Gobierno comunitario ha recordado que los Estados miembros están legalmente obligados a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias del TJUE, “a la mayor brevedad”, según el comunicado publicado este jueves por la Comisión. Pero dado que España siguió sin adoptar dichas medidas correctoras en su legislación, Bruselas volvió a enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento en diciembre de 2025. “Tras nuevos intercambios con las autoridades españolas, la sentencia aún no se ha ejecutado y sigue pendiente ante el Parlamento español un proyecto de ley por el que se modifican las disposiciones legislativas impugnadas”, continúa el comunicado donde se anuncian las acciones legales contra España.
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Bruselas volverá a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la normativa comunitaria en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Esta se produce cuando se reclaman al Estado indemnizaciones por pérdidas o daños causados a los particulares porque el legislador haya infringido el derecho comunitario. En junio de 2022 el TJUE ya sentenció que las normas españolas hacían demasiado difícil para los particulares recibir una indemnización por los daños causados por el Estado al no cumplir las normas de derecho de la Unión, pero el Gobierno español no rectificó su legislación. Ahora, la Comisión ha anunciado este jueves que ha decidido volver a denunciar a España por esta cuestión.. Seguir leyendo
