La directora de una oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE) en un barrio de Madrid recuerda cómo hace algunos años los ciudadanos que iban a solicitar sus prestaciones por desempleo hacían largas colas desde la madrugada para conseguir ser atendidos. Esas colas han desaparecido, pero no porque la tecnología haya facilitado las cosas, sino porque ahora es materialmente imposible recibir esa atención para determinadas gestiones sin una cita previa, y conseguir una de esas citas se ha convertido en una misión imposible. Incluso muchos usuarios aseguran que solo lo han logrado “pagando”. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que el organismo funciona bien y que las prestaciones se reconocen en poco más de dos días de medio. Los usuarios coinciden, solo en parte, con este diagnóstico: “Una vez se traspasa la puerta (de una oficina del SEPE) el trato es bueno, lo difícil es llegar a traspasarla”, se queja una usuaria de una oficina madrileña.
Este no es un problema nuevo. Los representantes sindicales de los trabajadores del SEPE, que los más mayores conocerán como las oficinas del INEM, llevan muchos meses en pie de guerra. Su plantilla vive una confluencia de circunstancias que ha resultado ser un cóctel letal para la atención al ciudadano, y conseguir una cita para solicitar presencialmente la prestación por desempleo es prácticamente imposible en muchas ciudades españolas, especialmente en la zona de la costa mediterránea y las islas y grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Este cóctel lo forman una plantilla deficitaria que arrastra una pérdida de más de 3.000 trabajadores; una modernización tecnológica que está dando numerosos fallos en el día a día; y el incremento de la carga de trabajo por la ampliación de los subsidios desde noviembre pasado.
El sindicato CC OO acaba de denunciar que en la semana del pasado 7 de junio el 40% de las 715 oficinas de atención presencial con las que cuenta el SEPE en toda España no daban cita para gestionar las prestaciones o estaban cerradas. Y es que, según las cifras facilitadas por el sindicato de funcionarios CSIF hay siete oficinas en las que no hay ningún efectivo que pueda atender al público; 59 centros en los que solo hay un funcionario para esta tarea y 104 en los que solo trabajan dos. Los sindicatos han denunciado en reiteradas ocasiones que al menos el 55% de estas oficinas de atención directa al público están infradotadas de personal.
“Durante dos días y medio estuve llamando por teléfono para que me dieran una cita para solicitar la prestación. Me armé de paciencia y al final lo conseguí, pero esos días no hice prácticamente otra cosa que darle a la rellamada durante horas. Me apremiaba que tenía que pagar el alquiler ”, asegura Carla, de 37 años, que pese al esfuerzo, sale satisfecha de haber podido tramitar su prestación por desempleo.
No obstante, el empeño puesto por los usuarios podría no consistir solo en llamar compulsivamente durante horas hasta lograr una cita presencial, sino que, ese gesto, necesario para ser atendida presencialmente, podría haberle costado dinero, recuerda el coordinador de UGT en el SEPE, David Fernández. Salvo que la tarifa telefónica pactada con la operadora incluya la gratuidad del 060 (teléfono de información de la administración estatal), algo que no es habitual, cada llamada para solicitar cita en el SEPE oscila entre 18 y 47 céntimos, dependiendo de la compañía.
Peor suerte tuvieron un padre y un hijo originarios de Portugal que, al salir de una oficina madrileña explican que han ido a renovar la demanda de empleo, para lo que no han tenido ningún problema en conseguir la cita. Por el contrario, no han logrado, tras 13 días intentándolo, obtener una cita para solicitar la prestación de ambos. Esta diferencia se produce porque la gestión de las demandas y búsquedas de empleo se lleva a cabo por funcionarios autonómicos —que conviven en las oficinas con los estatales (que son quienes gestionan el derecho y pago de las prestaciones)— pero que no tienen los mismos problemas de falta de efectivos.
ALMA, una aplicación que se ‘cuelga’ a diario
El otro gran problema que denuncian los funcionarios es la implantación del nuevo sistema informático, denominado ALMA. Tanto los responsables sindicales como los trabajadores consultados coinciden: muchas de las tareas que con el anterior sistema costaba realizar entre cinco y diez minutos, ahora requieren entre 25 y 30. “Eso cuando no se cuelga el sistema, algo que ocurre a diario y varias veces”, añade una trabajadora que prefiere no identificarse. Los sindicatos piden responsabilidades a Deloitte, la empresa adjudicataria del contrato millonario con el que se compró ALMA.
A la vista de toda esta situación, surge la duda de si todos estos obstáculos están causando la pérdida de prestaciones por desempleo, ya que la ley establece un plazo para poder cobrar las ayudas de 15 días hábiles desde el último día de trabajo o final de las vacaciones. Si no se logra una cita dentro de estas fechas (aunque la atención sea para después de esos 15 días, ya que en ese caso deja de correr el plazo) se pierde el derecho a cobrar la prestación.
“No se está perdiendo ninguna prestación, pero eso es gracias a la buena disposición de los funcionarios, que son conscientes de que los ciudadanos llegan con verdadera necesidad de las ayudas; no he visto una implicación de los empleados públicos igual”, señala Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical de la sección de FSC-CC OO en el Ministerio de Trabajo. Pero, sobre todo, este sindicalista, también responsable de una oficina del SEPE, incide en que a los ciudadanos no se les pasan los plazos “porque buscan otras vías para conseguir las citas como familiares que les ayuden, gestorías e incluso otros canales (de pago)”.
Es el caso de L.G. una mujer ecuatoriana de 46 años que tras ser despedida de su trabajo, en el que llevaba cinco años, intentó durante varios días sacar una cita presencial para solicitar la prestación, pero no tuvo éxito. “Una amiga me dijo que fuera a un locutorio de mi barrio, que ahí pagaba y me sacaban la cita. Y así fue. Pagué 10 euros y en dos minutos tenía la cita para tres días después”, dice. El asombro es aún mayor por el hecho de que desde el locutorio consiguieran esa cita a las 19.03 de la tarde, “cuando en el SEPE te dicen una y otra vez que el único horario en el que se pueden coger las citas es entre las 8.00 y las 12.45 horas”.
Otra vía informal para conseguir cita presencial para gestionar las prestaciones y los subsidios son los grupos de apoyo que crean algunos inmigrantes residentes en el país. Así, por ejemplo, uno de estos chats de whatsapp de la comunidad latina ofrece este servicio al precio de 15 euros, según ha podido constatar este periódico.
“Está claro que algún tipo de mafia tiene que haber” para que se puedan coger citas fuera de hora y comerciar con ellas, asegura Fernández (UGT), quien también indica que estas sospechas, compartidas por todos los sindicatos, ya han sido trasladadas a los responsables ministeriales. “Nuestros superiores lo saben”, añade. El coordinador nacional del CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, denuncia que “tener que pagar por un servicio público gratuito es lamentable”.
Toda esta situación podría estar costándole dinero al Estado, ya que los problemas de plantilla no solo afectan a la gestión de las prestaciones, sino también a las unidades de cobros indebidos, que detectan los pagos de más que hace el SEPE y exige su reintegro, y también a los ERTE. En estos casos, si a la administración se le pasan los plazos en sus reclamaciones, los reintegros se quedan sin hacer.
Gándara (CC OO) llama también la atención sobre la pérdida de conocimiento que supone que se hayan jubilado unidades enteras que gestionan ERTE. “Nos encontramos con que no hay nadie que enseñe a los nuevos funcionarios y el estudio y aprobación de un ERTE no se aprende en los casos prácticos de las oposiciones”, señala este dirigente de CC OO.
“Nadie quiere trabajar aquí”
Al margen del problema tecnológico, todas las fuentes consultadas, apuntan a la carencia de plantilla en el SEPE como principal problema de este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. A pesar de que administrativamente está dimensionado con más de 12.000 efectivos para toda España, en la actualidad solo cuenta con apenas 7.433 trabajadores, después de haber perdido unos 3.500 empleados en diez años. Y cerca del 60% (alrededor de 4.500 de ellos) son los destinados a las oficinas de atención presencial, pero también realizan otras labores de gestión de las prestaciones.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, culpaba recientemente de este recorte al último Gobierno del PP, pero tampoco las últimas ofertas de empleo han compensado las bajas por jubilación. Aunque en Trabajo destacan que en 2024 se incorporaron 1.210 personas de nuevo ingreso procedentes de varias ofertas de empleo; y en 2025 se tiene previsto incorporar próximamente a 470 personas.
Estos problemas son también fruto de una combinación de factores. “Nadie quiere venir a trabajar al SEPE, y los que están se quieren ir; hay una fuga de gente a otros organismos”, indica Galdeano, el responsable nacional de esta central en el organismo. Este sindicalista lo atribuye a “lo poco atractivos que son los puestos, sobre todo salarialmente, y por la elevada carga de trabajo” en comparación con los de otros organismos similares como la Seguridad Social. “Una forma de atraer funcionarios sería establecer la atención al público por las tardes (que ahora no existe), con lo que se tendría el incentivo de los complementos de productividad por prolongar la jornada y las horas extra”, dice Galdeano. Algo que evidencia esta circunstancia, según indica este dirigente sindical, es el hecho de que en la última oferta de empleo en febrero, salieron 1.400 plazas y 600 se han quedado desiertas.
A esto se añade, según distintos trabajadores y responsables del SEPE, el aumento creciente de la carga de trabajo. Sobre todo desde noviembre, por las novedades legales de los subsidios que están, en ocasiones, duplicando las gestiones que hacen los funcionarios.
Además, la sobrecarga de tareas lleva a otra problemática: el reconocimiento y aprobación de las prestaciones está asignado a los funcionarios del grupo A-2 (Técnico de Oficina de Prestaciones) y, sin embargo, la mayoría de estas tareas las están realizando empleados de niveles inferiores (C1 y C2) y que cobran entre 6.000 y 8.000 euros menos al año y sin tener la competencia para ello.
Soluciones en marcha
A pesar de que la ministra Díaz ha defendido en los últimos días el funcionamiento del SEPE, que según sus palabras, “está a full”, los responsables ministeriales no son ajenos a la dificultad para conseguir citas. De hecho, l secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, adimitó ese mismo día que “mirarán” qué dificultades está habiendo. Aunque desde el Gobierno esgrimen que en mayo se atendió presencialmente al 94% de las 752.880 que lograron solicitarlo.
En cualquier caso, en Trabajo conocen los problemas del sistema ALMA, y atribuyen que se cuelgue constantemente al hecho de que no pudieron hacer la migración del sistema antiguo al nuevo de un día para otro y han convivido ambos durante un tiempo. Según añaden desde el departamento de Díaz, en un primer momento la implantación de ALMA se centró en garantizar el núcleo duro de la aplicación, pero ahora están haciendo un seguimiento “semana a semana” desde la experiencia del usuario, para detectar los problemas que tienen los funcionarios. A principios de julio los responsables del SEPE se reunirán con los sindicatos del organismo para abordar el resultado de este seguimiento.
La directora de una oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE) en un barrio de Madrid recuerda cómo hace algunos años los ciudadanos que iban a solicitar sus prestaciones por desempleo hacían largas colas desde la madrugada para conseguir ser atendidos. Esas colas han desaparecido, pero no porque la tecnología haya facilitado las cosas, sino porque ahora es materialmente imposible recibir esa atención para determinadas gestiones sin una cita previa, y conseguir una de esas citas se ha convertido en una misión imposible. Incluso muchos usuarios aseguran que solo lo han logrado “pagando”. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que el organismo funciona bien y que las prestaciones se reconocen en poco más de dos días de medio. Los usuarios coinciden, solo en parte, con este diagnóstico: “Una vez se traspasa la puerta (de una oficina del SEPE) el trato es bueno, lo difícil es llegar a traspasarla”, se queja una usuaria de una oficina madrileña. Aunque existe la posibilidad de tramitar la prestación por internet, sigue siendo un trámite ante el que muchos trabajadores se sienten inseguros y optan por acudir presencialmente.. Seguir leyendo
