El sector de los carburantes desbanca a la construcción en la lista de morosos de Hacienda Pablo Sempere

La lista de grandes morosos de Hacienda, cuya duodécima edición fue publicada el viernes por la Agencia Tributaria, ha estado dominada tradicionalmente por personas jurídicas del mundo de la construcción. Era habitual ver en los primeros puestos a inmobiliarias, promotoras quebradas tras el estallido de la burbuja o constructoras arrastradas por el colapso financiero de 2008. Sin embargo, en la última versión, correspondiente al cierre de 2024, se percibe un cambio llamativo: el sector de los carburantes ha tomado el relevo al ladrillo.

Aunque en lo alto de la tabla de deudores todavía se ven a gigantes de épocas pasadas como Reyal Urbis, los primeros puestos están copados por compañías relacionadas con la distribución de hidrocarburos, con deudas millonarias que ponen sobre la mesa la problemática de las tramas de fraude fiscal a gran escala. Entre otras, están Metaway Combustibles (con una deuda de 195,7 millones de euros), Vertix Petroleum (194,7 millones) y Marillion SLU (156,8 millones). Muy por debajo, con 2,1 millones, se sitúa Villafuel, la empresa sobre la que gira la trama asociada al empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo.

El auge de los hidrocarburos en el listado no es casual. Responde tanto a la transformación normativa que ha tenido lugar en los últimos años como a la ofensiva inspectora que ha hecho aflorar uno de los mayores fraudes estructurales del sistema tributario español. A finales de 2023 se aprobaron una serie de restricciones regulatorias que afectaban directamente a la forma en que se distribuye el combustible en España, limitando la acción y el peso de los intermediarios en las cadenas de suministro. Eso hizo que, desde la entrada en vigor de la norma, en marzo de 2024, el mercado estuviese copado por mayoristas autorizados. Algunas tramas que operaban fraudulentamente supieron adaptarse y, pese a estar registradas formalmente como operadores, continúan defraudando mediante redes de empresas pantalla o suplantaciones. Es decir, ha cambiado la escala: las estafas se concentran en menos manos, pero con importes muy superiores.

El mecanismo del fraude es relativamente sencillo en su concepción, aunque sofisticado en su ejecución. Las tramas utilizan empresas ficticias, habitualmente gestionadas por testaferros o sociedades de corta vida, para adquirir carburante en el mercado europeo sin IVA, tal y como permite la normativa comunitaria en operaciones entre empresas. Una vez en España, el combustible se introduce en los depósitos fiscales, que son instalaciones autorizadas donde puede almacenarse combustible sin haber tributado aún. El problema aparece en el momento en que ese carburante sale del depósito y se comercializa dentro del país, ya con IVA. Las empresas vendedoras deberían entonces ingresar el impuesto correspondiente a Hacienda, pero en la práctica muchas de estas sociedades desaparecen, se declaran insolventes o están vacías desde su constitución, lo que hace imposible la recaudación del impuesto.

Estas prácticas defraudan cientos de millones de euros al año y han sido documentadas por la Agencia Tributaria en incontables ocasiones. Cálculos sectoriales sitúan el impacto en torno a los 1.200 millones por ejercicio. El fraude no solo evita el ingreso del IVA a Hacienda, sino también otras obligaciones como la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o la incorporación de biocarburantes en la mezcla. Es decir, además del agujero para el erario público, este tipo de estafa genera una competencia desleal feroz, ya que permite vender carburantes a precios anormalmente bajos.

El cambio legislativo aprobado a finales de 2023 ha supuesto un punto de inflexión. Las nuevas reglas de juego, desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), prohíben a los distribuidores minoristas comprar carburantes a otros distribuidores y solo avalan a los operadores al por mayor autorizados. El objetivo es liminar a los intermediarios opacos e intentar cerrar la brecha por la que se escapan cientos de millones de euros.

En la práctica, esto ha tenido dos efectos inmediatos. Por un lado, ha dificultado la operativa de las tramas fraudulentas, que ya no pueden camuflarse fácilmente entre capas de intermediarios. Por otro, ha concentrado la deuda tributaria en menos empresas, pero con importes mucho mayores. Lo que antes se repartía entre decenas de sociedades ficticias, ahora se agrupa en unas pocas estructuras que siguen consiguiendo evadir impuestos y que han aflorado con toda su magnitud en la lista de morosos.