Tres de las mayores asociaciones del transporte de viajeros por carretera, Anetra, Fenadismer y Direbus, celebran este viernes como un hito histórico la resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra los intereses de Renfe y su plan de constituir una empresa de autobuses con la que cubrir sus planes alternativos de transporte cuando hay obras o incidencias que motivan cortes en la circulación ferroviaria. El TACRC ha estimado los recursos de los tres colectivos, en algún caso de forma parcial, y pide la retroacción del concurso por el que Renfe busca un único socio que tendría mayoría en el capital, con un 51%, para crear la citada operadora de transporte por carretera.
La compañía pública tiene ahora dos meses de plazo para presentar recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Tras analizar las resoluciones, es previsible que Renfe promueva un nuevo concurso, sin renunciar a crear la sociedad, explican fuentes cercanas a la operadora.
Fenadismer y Anetra firman un comunicado conjunto en el que interpretan que el fallo en vía administrativa “frena en seco la pretensión de Renfe Viajeros”. Las dos federaciones denunciaron de la mano que el diseño del procedimiento expulsaba de facto al 99% de las empresas del sector, en el que son mayoría pequeñas y medianas operadoras. La imposición de notables criterios de solvencia a las compañías interesadas buscaba, a juicio de las asociaciones, “favorecer de forma exclusiva a un puñado de grandes corporaciones”. Direbus, por su parte, habla de un importante respaldo a sus principales reivindicaciones al obligarse a Renfe a modificar el expediente si quiere seguir adelante con una licitación “más equilibrada y competitiva”.
El TACRC, que ha levantado la suspensión sobre la licitación de Renfe, sostiene en su fallo que faltó justificación suficiente sobre la necesidad de crear una empresa de autobús por parte de Renfe frente a otras opciones de contratación de servicios a terceros. El tribunal también observa que esta licitación de alcance nacional y valorada en 923 millones no tuvo en cuenta la división en lotes, por ejemplo por territorios, lo que habría dado opción a un mayor número de compañías a entrar en sociedad con Renfe. En tercer lugar se han visto desproporcionados criterios de solvencia para participar en el concurso, como alcanzar una facturación mínima de 75 millones de euros anuales o disponer de una flota en propiedad de medio millar de autobuses (300 en caso de acudir en agrupación de empresas). El TACRC ha visto en estas exigencia una barrera de entrada insalvable o “restricción severa de la concurrencia” carente de motivación.
Otros asuntos en los que ha entrado el tribunal administrativo son el de la duración del contrato de alianza entre Renfe y el socio privado, de diez años prorrogables a 15, excediendo los ocho años de duración previstos en contratos a sectores especiales. También se ha puesto de manifiesto en el fallo que el proceso impulsado por la operadora ferroviaria pública no fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, además de carecer de suficiente desglose económico (costes directos, indirectos y salariales).
“Esta resolución es una victoria de la legalidad, de la libre competencia y de la supervivencia de las pymes y microempresas españolas. No podíamos consentir que un operador público estatal pretendiese regalar un mercado de casi 1.000 millones de euros a un oligopolio, marginando a quienes prestan día a día un servicio excelente y con máxima capilaridad en cada rincón de nuestra geografía”, han expresado Fenadismer y Anetra en un contundente comunicado conjunto. Tras lo que consideran una clara victoria, reclaman a Renfe que cualquier futuro proceso de contratación de servicios de transporte alternativo por carretera “respete escrupulosamente la estructura empresarial española”.
El presidente de Direbus, Alfonso Taborda, ha afirmado que “todos merecemos participar de las licitaciones públicas en igualdad de condiciones”. La asociación que agrupa a 700 pymes de la carretera dice estar dispuesta a colabora con Renfe “para desarrollar un modelo de contratación que garantice un servicio de calidad los viajeros, promoviendo una competencia efectiva entre los operadores”. Taborda afirma que sus empresas no están dispuestas a aceptar que “con el dinero de nuestros impuestos y los de los ciudadanos se intente nacionalizar el servicio del transporte de viajeros por carretera alternativo a los servicios de Renfe”.
La iniciativa de Renfe de contar con una empresa participada para el transporte en autobús, que cristalizó en concurso público el pasado mes de marzo, causó fuerte revuelo en el sector de la carretera. Direbus consideró en su recurso contra el pliego que solo 11 gigantes de un total de 2.600 empresas podían optar a convertirse en socio de la compañía ferroviaria y, con ello, acceder a los servicios de transporte alternativo cuando cortes en las vías. Directivos de Renfe llegaron a explicar el proyecto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en busca de allanar el camino al plan.
Renfe se reserva un 49% del capital de la operadora de autobús y deja en manos del socio privado el 51%. En función de estas participaciones, ambos deben cubrir la inversión para levantar una flota de 50 a 100 autobuses nuevos. A la ferroviaria le urge sacar adelante la iniciativa ante los problemas y el coste que supone contratar servicios de urgencia cuando debe llevar viajeros por carretera a través de planes alternativos de transporte (PAT). Las obras previstas por Adif en las redes ferroviarias, así como las incidencias ajenas u ocasionadas por la operadora, hace que Renfe tengas necesidades de hasta 400 autobuses en momentos pico.
Un 85% de los costes en planes alternativos de transporte se deben en estos momentos a eventualidades planificadas, mientras que el 15% restante es debido a imprevistos. La compañía tiene presupuestado un coste anual de 60 millones con la filial de autobuses, lo que representa un ahorro de 90 a 130 millones de euros en los próximos diez años frente al actual sistema de contratación. El recorte sería del 10% al 15% respecto al gasto que representan los PAT, de 68 millones en 2025. Para 2026 se espera un gasto próximo a los 43 millones y en 2027 hay presupuestados 68,5 millones de euros.
Desde Renfe se considera que el 40% del parque total de autobuses en España está en manos de compañías con más de 300 vehículos, lo que ofrecería un paraguas aceptable de aspirantes. Direbus replica que la flota media por empresa es de 17 autobuses, con lo que consideró inaceptables los requisitos de entrada en el concurso.
Los núcleos ferroviarios más expuestos a futuras obras son Cercanías de Madrid, Rodalies de Cataluña, las líneas de Media Distancia en Levante y Andalucía, y las de ancho métrico en Cantabria y Asturias.
Tres de las mayores asociaciones del transporte de viajeros por carretera, Anetra, Fenadismer y Direbus, celebran este viernes como un hito histórico la resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra los intereses de Renfe y su plan de constituir una empresa de autobuses con la que cubrir sus planes alternativos de transporte cuando hay obras o incidencias que motivan cortes en la circulación ferroviaria. El TACRC ha estimado los recursos de los tres colectivos, en algún caso de forma parcial, y pide la retroacción del concurso por el que Renfe busca un único socio que tendría mayoría en el capital, con un 51%, para crear la citada operadora de transporte por carretera.. Seguir leyendo
