Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le complica todavía un poco más la trascendental comparecencia ante el Congreso del miércoles que viene, convocada para dar explicaciones por el escándalo de Santos Cerdán. A esa cita, Sánchez llegará con la presión de sus socios parlamentarios, pero también con la de Sumar, que este miércoles salió muy descontento de la reunión que mantuvo con el PSOE para analizar el maltrecho estado de la legislatura y que exigió a los socialistas poner en marcha medidas como el endurecimiento del Código Penal para los delitos de corrupción, la prohibición durante 20 años de que las empresas «corruptoras» contraten con la administración pública o la obligación de que los partidos se hagan cargo del pago de las multas derivadas de delitos de corrupción de sus miembros.. Sumar lleva días elevando poco a poco el tono ante la respuesta del PSOE al estallido del caso Cerdán, que los de Yolanda Díaz consideran que ha sido, como poco, demasiado tibia. Pero las alarmas en el seno del ala minoritaria del Gobierno terminaron de saltar este miércoles en la reunión que mantuvieron con los socialistas, un encuentro del que la coalición que lidera Díaz salió con una conclusión poco alentadora: que el PSOE «no es consciente» de la «urgencia» con la que el Gobierno debe tomar medidas para evitar que el escándalo se lo lleve por delante.. En esa reunión, Sumar entregó a los socialistas una lista de exigencias para los próximos meses en materia de lucha contra la corrupción y también de carácter social, aunque el PSOE evitó comprometerse a poner en marcha ninguna de ellas. La medida estrella de los de Díaz es la puesta en marcha de una «Ley integral anticorrupción» que debería servir para «garantizar que los corruptos y corruptores asumirán los costes» de sus acciones, y donde estaría contenida la «prohibición durante 20 años» para las empresas «condenadas por corrupción» (o cuyos directivos lo hayan sido) «en los últimos diez años». Esta prohibición se ampliaría a todas las empresas vinculadas a la sociedad condenada: filiales, grupos, etc.. La segunda de las medidas en la que más insistieron el miércoles los diferentes portavoces de Sumar fue la que responde a la necesidad de «expropiar» a los corruptos los bienes defraudados, para lo cual sería necesario aprobar una ley al efecto. «Debe perseguirse de forma especial el rol que juegan las empresas corruptoras y sus dirigentes, ampliando responsabilidades en el seno de la estructura empresarial corrupta», considera la coalición de Yolanda Díaz en el documento que remitió al PSOE.. Además de la aprobación de estas dos nuevas leyes, Sumar plantea la necesidad de poner en marcha una reforma del Código Penal para endurecer los castigos a quienes aprovechen sus cargos para enriquecerse ilícitamente, así como a las empresas que participen en esas actividades corruptas. En concreto, se propone agravar las penas con las que se sanciona el delito de cohecho (el soborno) y también las que punen el fraude fiscal, así como «tipificar el delito de enriquecimiento ilícito injustificado de funcionarios públicos» y «extender la inhabilitación para ocupar cargos públicos a 30 años para los condenados por corrupción».. El paquete de medidas propuesto por Sumar incluye otras dos reformas legales claves. La primera de ellas pasa por, en primer lugar, que los partidos políticos se responsabilizaran del «pago de multas o costas judiciales derivadas de delitos de corrupción de sus miembros», lo que implicaría que asumieran «las consecuencias financieras por su deber in vigilando». En segundo lugar, Sumar plantea la necesidad de prohibir que el Gobierno pueda conceder indultos a condenados por delitos relacionados con la corrupción.. El segundo bloque del documento presentado este miércoles por parte de Sumar al PSOE es el de propuestas de carácter social, puesto que los de Díaz llevan semanas afirmando que la única manera que tiene el Gobierno de recuperar al electorado perdido es dar un viraje a la izquierda. En primer lugar, Sumar exige al PSOE no dedicar «ni un euro más al aumento del presupuesto militar» para no comprometer más fondos públicos, y utilizar ese dinero para más que duplicar la actual inversión en políticas de vivienda hasta alcanzar los 16.000 millones de euros anuales.. En esta área, el documento recoge medidas ya planteadas hace meses por los de Díaz, como la de prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas por parte de empresas o si no se va a residir al menos cinco años en dicho inmueble. Asimismo, Sumar exige al PSOE aprobar un decreto por el cual se prorroguen de forma obligatoria todos los contratos de alquiler vigentes durante al menos tres años para evitar una nueva subida generalizada de precios, así como «impulsar la tramitación y aprobación de una ley que establezca una duración indefinida de los contratos» de arrendamiento.. Además de la vivienda, los de Yolanda Díaz insisten en otra de sus propuestas estrella de la legislatura: la extensión de los permisos de cuidados. El documento exige que el Gobierno apruebe antes del parón veraniego que al menos cuatro de las ocho semanas del permiso que pueden disfrutar las familias con niños de hasta ocho años sean remuneradas, así como la largamente prometida ampliación de los permisos por nacimiento de las 16 semanas actuales a 20 semanas. Asimismo, Sumar propone ampliar la ayuda de 100 euros mensuales por hijo a cargo hasta que el niño cumpla los seis años (actualmente es hasta los tres).
Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le complica todavía un poco más la trascendental comparecencia ante el Congreso del miércoles que viene, convocada…
Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le complica todavía un poco más la trascendental comparecencia ante el Congreso del miércoles que viene, convocada para dar explicaciones por el escándalo de Santos Cerdán. A esa cita, Sánchez llegará con la presión de sus socios parlamentarios, pero también con la de Sumar, que este miércoles salió muy descontento de la reunión que mantuvo con el PSOE para analizar el maltrecho estado de la legislatura y que exigió a los socialistas poner en marcha medidas como el endurecimiento del Código Penal para los delitos de corrupción, la prohibición durante 20 años de que las empresas «corruptoras» contraten con la administración pública o la obligación de que los partidos se hagan cargo del pago de las multas derivadas de delitos de corrupción de sus miembros.. Sumar lleva días elevando poco a poco el tono ante la respuesta del PSOE al estallido del caso Cerdán, que los de Yolanda Díaz consideran que ha sido, como poco, demasiado tibia. Pero las alarmas en el seno del ala minoritaria del Gobierno terminaron de saltar este miércoles en la reunión que mantuvieron con los socialistas, un encuentro del que la coalición que lidera Díaz salió con una conclusión poco alentadora: que el PSOE «no es consciente» de la «urgencia» con la que el Gobierno debe tomar medidas para evitar que el escándalo se lo lleve por delante.. En esa reunión, Sumar entregó a los socialistas una lista de exigencias para los próximos meses en materia de lucha contra la corrupción y también de carácter social, aunque el PSOE evitó comprometerse a poner en marcha ninguna de ellas. La medida estrella de los de Díaz es la puesta en marcha de una «Ley integral anticorrupción» que debería servir para «garantizar que los corruptos y corruptores asumirán los costes» de sus acciones, y donde estaría contenida la «prohibición durante 20 años» para las empresas «condenadas por corrupción» (o cuyos directivos lo hayan sido) «en los últimos diez años». Esta prohibición se ampliaría a todas las empresas vinculadas a la sociedad condenada: filiales, grupos, etc.. La segunda de las medidas en la que más insistieron el miércoles los diferentes portavoces de Sumar fue la que responde a la necesidad de «expropiar» a los corruptos los bienes defraudados, para lo cual sería necesario aprobar una ley al efecto. «Debe perseguirse de forma especial el rol que juegan las empresas corruptoras y sus dirigentes, ampliando responsabilidades en el seno de la estructura empresarial corrupta», considera la coalición de Yolanda Díaz en el documento que remitió al PSOE.. Además de la aprobación de estas dos nuevas leyes, Sumar plantea la necesidad de poner en marcha una reforma del Código Penal para endurecer los castigos a quienes aprovechen sus cargos para enriquecerse ilícitamente, así como a las empresas que participen en esas actividades corruptas. En concreto, se propone agravar las penas con las que se sanciona el delito de cohecho (el soborno) y también las que punen el fraude fiscal, así como «tipificar el delito de enriquecimiento ilícito injustificado de funcionarios públicos» y «extender la inhabilitación para ocupar cargos públicos a 30 años para los condenados por corrupción».. El paquete de medidas propuesto por Sumar incluye otras dos reformas legales claves. La primera de ellas pasa por, en primer lugar, que los partidos políticos se responsabilizaran del «pago de multas o costas judiciales derivadas de delitos de corrupción de sus miembros», lo que implicaría que asumieran «las consecuencias financieras por su deber in vigilando». En segundo lugar, Sumar plantea la necesidad de prohibir que el Gobierno pueda conceder indultos a condenados por delitos relacionados con la corrupción.. Medidas sociales ya propuestas. El segundo bloque del documento presentado este miércoles por parte de Sumar al PSOE es el de propuestas de carácter social, puesto que los de Díaz llevan semanas afirmando que la única manera que tiene el Gobierno de recuperar al electorado perdido es dar un viraje a la izquierda. En primer lugar, Sumar exige al PSOE no dedicar «ni un euro más al aumento del presupuesto militar» para no comprometer más fondos públicos, y utilizar ese dinero para más que duplicar la actual inversión en políticas de vivienda hasta alcanzar los 16.000 millones de euros anuales.. En esta área, el documento recoge medidas ya planteadas hace meses por los de Díaz, como la de prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas por parte de empresas o si no se va a residir al menos cinco años en dicho inmueble. Asimismo, Sumar exige al PSOE aprobar un decreto por el cual se prorroguen de forma obligatoria todos los contratos de alquiler vigentes durante al menos tres años para evitar una nueva subida generalizada de precios, así como «impulsar la tramitación y aprobación de una ley que establezca una duración indefinida de los contratos» de arrendamiento.. Además de la vivienda, los de Yolanda Díaz insisten en otra de sus propuestas estrella de la legislatura: la extensión de los permisos de cuidados. El documento exige que el Gobierno apruebe antes del parón veraniego que al menos cuatro de las ocho semanas del permiso que pueden disfrutar las familias con niños de hasta ocho años sean remuneradas, así como la largamente prometida ampliación de los permisos por nacimiento de las 16 semanas actuales a 20 semanas. Asimismo, Sumar propone ampliar la ayuda de 100 euros mensuales por hijo a cargo hasta que el niño cumpla los seis años (actualmente es hasta los tres).
